El (des)gobierno del Poder Judicial

“Todo poder sin control enloquece” (Alain, El ciudadano contra los poderes, Tecnos, 2017)

“El Ejecutivo adopta una actitud de refinada hipocresía: por un lado, renuncia a su tradicional competencia sobre nombramientos, aparentando una inocencia total al trasladar tales facultades a un órgano del Poder Judicial; y por otro, coloca allí a personas de su absoluta confianza para, a través de ellas, realizar las designaciones como siempre venía haciéndolas. Aunque ahora se realicen de forma indirecta” (Alejandro Nieto, El desgobierno judicial, Trotta, 2004, p. 158)

Se aproxima la fecha de renovación del Consejo del Poder Judicial (CGPJ), institución inicialmente diseñada para gobernar (algunos aspectos de) ese poder del Estado Constitucional. Un órgano constitucional de diseño desgraciado y de vida nada ejemplar, prácticamente en ninguno de sus mandatos; aunque algunos de ellos han sido sonados, y el último no pasará a la Historia precisamente por sus aciertos.

El nuevo modelo pergeñado en 2013 ha terminado por ser, al igual que el anterior, un rotundo fracaso. Y transitada la experiencia, se vuelve a la casilla de salida. Pero además es una institución estúpida, pues carece de memoria, al renovarse por completo cada cinco años. Y quienes llegan de nuevo (auténticos amateurs de la gestión judicial) rápidamente se ponen manos a la obra para deshacer lo poco o mucho que hayan hecho sus predecesores. El gobierno del Poder Judicial es una auténtica hoja en blanco, que arbitrariamente se rellena con ocurrencias sin fin de 20 vocales, una Presidencia y una Vicepresidencia. Un órgano ejecutivo de gobierno configurado como asamblea, olvidando la sabia máxima de Napoleón: “Deliberar es cosa de muchos; ejecutar, de uno solo”. En fin, no aprendemos nada.

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No interesa ahora relatar cuál es el esperpéntico proceso de presentación de candidaturas para la renovación de los 12 vocales de extracción judicial, como tampoco incidir en el chalaneo político que comporta, asimismo, renovar los ocho vocales que pertenecen al pack de juristas de reconocida competencia. Es simplemente perder el tiempo. El órgano de gobierno del Poder Judicial en España es una institución colonizada por los partidos políticos. Son éstos los que deciden quiénes toman asiento en tal órgano y quiénes no. Y, con el plácet de los partidos y las propuestas de las asociaciones judiciales (próximas o parientes de tales partidos, pues las otras no computan), se repartirán las 20 poltronas, salvo que dejen alguna migaja para otras sensibilidades, lo que no suele ser el caso. No le den más vueltas al problema porque no las tiene. Al menos una fuerza política ha tenido en este caso la dignidad institucional de no entrar en este grosero y cutre reparto de cromos; aunque con ello cave la fosa de su irrelevancia política en el (des)gobierno de ese Poder Judicial, cuya imagen se cae a pedazos.

Renovado el CGPJ, el nuevo continuará cínicamente (como si nada hubiera pasado) su lógica cainita y seguirá colocando imperturbablemente en el Tribunal Supremo o en puestos judiciales gubernativos a los amigos políticos, sean del poder o sean de la oposición, al menos de la que entre en el juego del reparto. La casta judicial se construye con los mismos mimbres que la casta política, aunque algunos renieguen de tal concepto.

Convendría que nuestros representantes políticos leyeran el documento número LXXVI, escrito por Hamilton, de la imprescindible obra El Federalista. Allí se describen magistralmente cuáles son los sistemas de elección de cargos públicos y cuáles sus ventajas e inconvenientes. Hamilton cuestiona frontalmente que los nombramientos se hagan por una asamblea (en nuestro caso, por unas Cortes Generales bicamerales), pues en tal circunstancia “debemos estar preparados para ver en plena acción todas las simpatías y antipatías, los antagonismos y preferencias, las aficiones y animadversiones, tanto particulares como de partido, que experimentan los distintos componentes de la asamblea” (en nuestro caso, de los partidos políticos).

La cruda descripción puede trasladarse igualmente a la designación de los magistrados del Tribunal Supremo o presidencias de los órganos gubernativos de los tribunales de Justicia que lleva a cabo periódicamente el Consejo. En semejantes circunstancias la elección “representará, por supuesto, el resultado de una victoria ganada por un partido sobre otro o de una transacción entre ambos” (en nuestro caso, entre varios partidos o miembros del Consejo). El reparto de sillones lo explicita Hamilton de forma impecable: “Dadnos para este puesto al hombre que queremos y tendréis al que deseáis para ese otro”. La secuela de este sistema de elección es obvia: “Lo más frecuente será que los méritos de los elegidos pasen inadvertidos”.

La solución que propone el autor enlaza estrechamente con un sistema de separación de poderes basado en el principio ‘madisoniano’ del ‘checks and balances’ (equilibrio entre poderes; esto es, poderes que se controlan recíprocamente): una propuesta presidencial que debe recibir el plácet del Senado tras el exigente hearing preceptivo. El sistema ha funcionado cabalmente (si bien con reformas) durante más de 200 años, aunque haya mostrado alguna grieta en determinadas circunstancias históricas, y más particularmente en momentos recientes (caso Kavanaugh), al despreciar la Presidencia de la República el sentido institucional más básico a la hora de proponer candidatos. Frenar al poder nunca es fácil, pero menos aún cuando ni siquiera se intenta.

El modelo español de elección de los miembros del CGPJ está en las antípodas de las tesis propuestas por Hamilton o del sistema de checks and balances. Fruto, sin duda, de un país que, como en otro lugar advertí, carece de frenos efectivos aplicables al ejercicio del poder (Los frenos del poder. Separación de poderes y control de las instituciones, Marcial Pons/IVAP, 2016), en España el principio de separación de poderes como mecanismo de control institucional es absolutamente incomprendido por nuestra clase política y, en verdad, nunca se ha llevado realmente a la práctica (lisa y llanamente, porque no interesa a quienes ejercen en cada momento el poder ni tampoco a los partidos políticos). Disponemos, sin embargo, de (innumerables) instituciones de control (sean estatales o autonómicas) que sencillamente lo son sólo desde el punto de vista formal, pues están capturadas por los propios partidos con la finalidad siempre oculta de que no cumplan realmente con su función o lo hagan de modo complaciente (sin generar rasguño alguno al poder). Y no es tanto un problema de diseño constitucional (que también), sino principalmente del letal arraigo de una cultura político-institucional en la que el clientelismo (y el amiguismo) político son la carta de presentación.

Tales patologías, siento decirlo, no se arreglan con una reforma constitucional, por mucho que algunos se empeñen. Y ese pésimo funcionamiento de nuestras instituciones, también de las judiciales, tiene elevados costes económicos, como recientemente han puesto de relieve los profesores Francisco Alcalá Agulló y Francisco Jiménez Sánchez (Los costes económicos del déficit de calidad institucional y la corrupción en España, BBVA, Informes, 2018).

Así las cosas, que no cunda la sorpresa cuando desde el exterior no se comprenda el modo de hacer de la Justicia española ni el particular sistema que tiene ésta de cubrir sus niveles de responsabilidad judicial u orgánica más elevados. El Consejo de Europa, a través de reiterados informes que ha elaborado Greco (Grupo de Estados contra la Corrupción), ya viene advirtiendo de que la independencia e imparcialidad del Poder Judicial se pueden ver en entredicho por la manera de elección de los miembros del órgano de gobierno, que a su vez son quiénes elegirán a la cúpula judicial. Más claro no se puede ser. Pero esas advertencias, una y otra vez, caen en saco roto. Lamentable.  

Cualquier analista o académico procedente de una democracia avanzada que recale en España y observe cómo se eligen a los magistrados del Tribunal Supremo se echará las manos a la cabeza. Las votaciones y apoyos para la designación de tales magistrados dependen de repartos o acuerdos espurios (sin luz ni taquígrafos en plena era de la transparencia, que todos invocan y nadie practica) entre las distintas tendencias o sensibilidades ideológicas presentes en un Consejo que antes ha sido pactado con los mismos mimbres. Pero si este observador externo se adentrara algo más en el sistema de elección (tarea que nadie emprende), el escándalo sería clamoroso. Se cambian ‘cromos’ y hay (algo menos conocido) un trasiego de filias y fobias que pueden inclinar la balanza aleatoriamente a uno u otro candidato. Las recomendaciones fluyen por doquier (se trata de llegar a quien pulsa el botón), el favor se convierte en moneda de intercambio, cuando no es la amistad la que inclina la balanza. Los odios, a veces personales, pasan factura. Los teléfonos queman. No tanto los correos, que dejan más huella.

En esos críticos momentos el Consejo es una olla de presiones e intercambios, un auténtico mercadillo, impropio a todas luces de una alta institución de un  Estado que se pretende democrático. Ir a marmolear se decía hace algunos años cuando se acudía al Consejo a buscar apoyos de los diferentes vocales. El mérito se disfraza como se puede, cuando no se evapora o se transforma en algo accesorio o accidental. Y cuando está en juego la provisión de plazas de la Sala Segunda o de responsabilidades gubernativas críticas, la lucha de poder es todavía más encarnizada: la pasión incontrolada y la sangre fluyen con mayor pulsión. Y no estoy exagerando nada que no sepan quienes, una y otra vez, hayan participado en este juego político alejado de cualquier regla de limpieza electiva, pues no de otra cosa se trata.

En casa del herrero, cuchillo de palo. Luego nos extrañamos o sorprendemos que una Sala del Tribunal Supremo se parta en dos en las votaciones o que pasen los vergonzosos hechos que han sucedido recientemente. Buena parte de las explicaciones últimas a tal modo de proceder están en el patológico sistema de elección de vocales del CGPJ o de nombramiento de autoridades gubernativas judiciales y de magistrados del Tribunal Supremo. A tales altas magistraturas, salvo honrosas excepciones, sólo llegan quienes tienen apoyos o avales de los partidos políticos. El resto de jueces y magistrados, a picar piedra y a esperar algo que probablemente nunca llegará. Quien medra políticamente llega, quien sólo trabaja profesionalmente a esperar la pedrea, si es que existe.

Entre el mundo judicial y el de la política también hay carreras cruzadas (Dahlstrom-Lapuente, Organizando el Leviatán, Deusto, 2018). Y, si no, que se lo pregunten a los actuales titulares de los ministerios de Interior y Justicia, que a estas horas del partido (como antaño hicieron sus predecesores en sus respectivos cargos) ya habrán intervenido discretamente lo que sea menester o estarán dando el plácet a los últimos ajustes de la combinación del nuevo Consejo del Poder Judicial, como se decía cuando se cuadraban los nombramientos ministeriales en el sistema político de la Restauración. Seguimos igual, más de 100 años después. Pero lo más triste de todo es que, llegue quien llegue al poder (retórica aparte que tanto gusta a los gobiernos, también al actual), sigue el mismo y deplorable juego. Decepcionante.

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