El deterioro de un caso de éxito en la gestión de la pandemia

Durante los primeros meses de la expansión de la Covid-19 en el continente, Paraguay aparecía como un caso de éxito en la gestión de medidas para evitar su propagación. El Gobierno había mostrado una de las respuestas más rápidas y firmes en la adopción de medidas de contención del contagio, habiendo suspendido todo evento de concurrencia masiva ya desde el 10 de marzo y declarando el estado de emergencia sanitaria en el país desde el 16 de marzo. La velocidad en la implementación de las medidas preventivas dio como resultado un ritmo de propagación del virus mucho menor al observado en la mayoría de los países de la región, en tanto América Latina se convertía en el nuevo epicentro de la pandemia.

A diferencia de otros casos considerados tempranamente exitosos (Uruguay y Costa Rica, de manera particular), Paraguay no cuenta con las capacidades estatales requeridas para atender efectivamente a las necesidades sanitarias de la población. La llegada de la pandemia encontró al sistema de salud paraguayo en una situación particularmente delicada: a la limitada infraestructura y escasez de recursos heredados de una implementación históricamente deficiente de la política de salud en este país, se sumó el desgaste generado por la epidemia del dengue en los meses anteriores. Tanto las autoridades del Ministerio de Salud como la población en general eran conscientes de estas debilidades, por lo que una cuarentena estricta aparecía como la vía de acción necesaria para priorizar la prevención del contagio en esa coyuntura.

Al mismo tiempo, la organización de ollas populares como iniciativa de la sociedad civil en gran parte del territorio paraguayo funcionó como red de contención para las comunidades en situación de vulnerabilidad, ya que aliviaron la creciente precariedad económica de la población y se estructuraron como sistema informal de protección social. Su funcionamiento proporcionó al Gobierno margen de maniobra para mantener el paro de las actividades económicas durante las primeras semanas de cuarentena, al tiempo que se comprometió ante la ciudadanía a aumentar su capacidad para responder a la situación de emergencia sanitaria.

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En ese contexto, el sacrificio económico que implicó la cuarentena fue asumido por los ciudadanos, respetando en gran medida el distanciamiento social frente al compromiso asumido por el Gobierno de adoptar medidas paliativas sanitarias y económicas. La Administración de Mario Abdo ejecutó un préstamo de 1.600 millones de dólares mediante una Ley de Emergencia que contó con amplio apoyo legislativo, montante que sería destinado a fortalecer el sistema de salud y a asistir a la población afectada por el cese de la actividad económica durante la cuarentena.

Con objeto de proteger la capacidad de consumo de los ciudadanos en el marco de la Ley de Emergencia, el Gobierno implementó los programas de transferencias monetarias coyunturales Ñangareko y Pytyvõ, amplió el programa Tekoporã ya existente, dispuso la entrega de créditos del Banco Nacional de Fomento (BNF) y apoyó la flexibilización del pago por servicios públicos y financieros. Estas señales tempranas de una gestión coherente, con una estrategia clara de comunicación gubernamental, tuvieron un correlato de bajos niveles de contagio durante los primeros meses.

Las medidas implementadas también otorgaron al Gobierno altos niveles de aprobación de su gestión: el 96% de la población consideraba que la cuarentena era una medida acertada, el 83,7% indicaba que el Ejecutivo había actuado a tiempo para frenar la propagación del virus, el 60,9% consideraba que la gestión del presidente de la República en este contexto había sido buena y el 85,8% opinaba lo mismo del ministro de Salud, Julio Mazzoleni. Estos niveles de aprobación representaron un cambio importante con relación a la percepción del Gobierno de Mario Abdo en el año anterior, cuando el 69,3% de la población rechazaba su gestión.

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Sin embargo, la confianza de la población en el Gobierno paraguayo mermó a medida que salieron a la luz denuncias de irregularidades en la gestión pública, que debilitaron la labor que se venía realizándose desde el Ministerio de Salud. El caso temprano que desencadenó la pérdida de confianza tuvo que ver con la compra, por vía de urgencia, de insumos sanitarios que no cumplían con las especificaciones técnicas determinadas por el Ministerio y que, finalmente tuvieron que ser devueltas. La Comisión Especial de Supervisión de Compras Covid-19 (Cesc), creada por el Poder Ejecutivo, también identificó irregularidades en muchos otros procesos de licitación que fueron consecuentemente cancelados. Estos procesos viciados de compras públicas en el contexto de la pandemia ocurrían al tiempo que trabajadores de la salud denunciaban la falta de equipos, la escasez de insumos de bio-seguridad necesarios para operar, así como la ausencia de gratificaciones por su exposición al riesgo. Al cierre de este análisis, los recursos sanitarios siguen siendo insuficientes para una creciente demanda de atención por problemas respiratorios, escasean los tests de Covid-19 y se ha limitado el acceso a medicamentos y tratamientos para pacientes con otros problemas de salud.

Por otra parte, la desconfianza de la ciudadanía se ha incrementado ante la falta de respuesta en otras áreas. Las transferencias monetarias de emergencia han resultado insuficientes para paliar los efectos de la fuerte desaceleración, a la vez que se han registrado casos de mala implementación de estos programas. Las consecuencias económicas de la pandemia han aumentado al tiempo que un creciente número de sectores productivos se declaraba en esta situación de emergencia. El Estado no ha apoyado decididamente a las ollas populares a pesar de su función paliativa del impacto socioeconómico de la cuarentena. La educación pública ha adoptado la modalidad virtual sin garantizar que los hogares tengan acceso a los recursos tecnológicos necesarios y el Ministerio de Educación ha llegado a condicionar la distribución de kits alimenticios a la entrega de tareas escolares, acrecentando la presión sobre las familias de recursos escasos.

Ante las crecientes necesidades de la población y los persistentes casos de corrupción gubernamental en la gestión de la emergencia sanitaria, expresiones de descontento popular se han hecho presentes en el país. Las protestas tempranas impulsadas por ciudadanos auto-convocados y representantes del gremio de la restauración se han saldado con la imputación de sus organizadores, acusados de quebrantar la cuarentena sanitaria. A pesar de ello, las protestas se han intensificado y han convocado a sectores ciudadanos diversos, particularmente en el marco del segundo aniversario de la toma de posesión de Mario Abdo. En este contexto, la demanda de gratuidad de la educación pública universitaria ha ganado fuerza y las movilizaciones estudiantiles han tenido una presencia regular en diversas ciudades del país.

No obstante, la expresión más intensa del descontento popular tuvo lugar en Ciudad del Este, en la frontera con Brasil, cuando el Gobierno decidió que el Departamento de Alto Paraná retrocediera a una cuarentena más estricta debido al creciente número de contagios y defunciones en esa zona.

De igual manera, el descontento ciudadano refleja la imposición desigual de sanciones por el incumplimiento de la cuarentena. Las transgresiones de la misma por parte de la población en general fueron respondidas con violencia policial e imputaciones que conllevan costosos procesos judiciales, mientras no se perciben consecuencias punitivas para figuras vinculadas al partido de gobierno. Entre los ejemplos de permisividad hacia violaciones de las normas sanitarias sobresalen dos eventos relacionados a Horacio Cartes, anterior presidente de la República del Paraguay e influyente figura dentro del partido de gobierno (Asociación Nacional Republicana): su reunión en Asunción con el ex presidente argentino Mauricio Macri sin que éste cumpliera con las medidas de aislamiento obligatorio para quienes ingresan en el país y la boda de su hija vulnerando el protocolo sanitario.

En este nuevo escenario de quiebre del vínculo de confianza entre la ciudadanía y el Gobierno, han gando espacio las voces ‘negacionistas’ de la amenaza que representa el virus, afines al contenido discursivo de Jair Bolsonaro en Brasil. Este colectivo se opone al protocolo de aislamiento, al tiempo que relativiza la letalidad del virus y el peligro que representa para la población en comparación con otras enfermedades. Asimismo, sus representantes cuestionan la efectividad de los test, difunden contenido sin fundamento científico acerca de tratamientos paliativos y afirman que la existencia del virus es una herramienta estatal para el sometimiento de la población.

El último mes ha sido crítico para la propagación del virus en Paraguay, evidenciándose el deterioro en la gestión de la pandemia: mientras julio había finalizado con 5.338 casos de contagio y 49 defunciones, a 31 de agosto se registró un total de 17.662 infectados y 326 fallecimientos vinculados al virus. La velocidad de contagio es ahora una de las mayores del mundo. El Gobierno ha identificado como única fuente del problema la cuota de responsabilidad de la población por asumir comportamientos de riesgo, mientras el vínculo de confianza establecido al inicio de la pandemia dista de recomponerse.

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