El fracaso de la consulta indígena en Chile

El Gobierno de Chile inició el 22 de mayo de 2019 un proceso de consulta que pretende modificar la Ley Indígena, entre otros aspectos, en lo relativo a  propiedad, división, tenencia, permuta, transmisión y transferencia de la tierra indígena. La iniciativa busca dar cumplimiento al Convenio 169 de la OIT (1989) sobre Pueblos Indígenas y Tribales en países independientes y a lo dispuesto en el Decreto Supremo 66 del Ministerio de Desarrollo Social. Sin embargo, la abierta y decidida oposición del movimiento indígena ya la ha vuelto inviable. Este rechazo proviene de diversas organizaciones indígenas, de fuerzas políticas opositoras al gobierno  y de actores relevantes dentro de la propia coalición gobernante, que han pedido al gobierno retirar la consulta. Para estos sectores la consulta fracasó porque simplemente no pudo hacerse y no pude hacerse por la forma en que el gobierno enfrenta la temática indígena. Este rechazo responde a una multiplicidad de factores.

La historia

Hace 30 años, en el ocaso de la dictadura, se firmó el Acuerdo de Nueva Imperial (1989), que fue el resultado de un proceso de negociación entre los Pueblos Indígenas y la naciente coalición que aglutinaba a los partidos políticos que se oponían a la dictadura militar y que gobernarían a partir del año 1990. El Acuerdo tenía dos puntos a destacar. En primer lugar, establecía el compromiso de lograr el reconocimiento constitucional de los Pueblos Indígenas. En segundo lugar, se asumió el compromiso de crear  una nueva institucionalidad  para enfrentar el tema indígena.

Una vez iniciada la transición a la democracia y aunque no formó parte del acuerdo, la coalición gobernante se comprometió a ratificar el Convenio 169 de la OIT (1989), instrumento internacional vinculante, que contenía los mas modernos estándares para la protección y fomento de los derechos de los Pueblos Indígenas. Lamentablemente la ratificación encontró el rechazo de las fuerzas conservadoras en el Congreso, lo que solo se pudo vencer después de veinte años de discusión y negociación parlamentaria. El Reconocimiento Constitucional, sigue siendo la promesa de todas las campañas presidenciales.

Se cumplió con la aprobación de la Ley Indígena en 1993 y con ella se creó la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, institución que permitió innegables avances en diversas materias referidas a restitución territorial, políticas públicas focalizadas e institucionalidad indígena. Por otra parte, discusión parlamentaria mutiló parte importante de los contenidos que debía incluir la ley, pero a pesar de la tijera legislativa se consiguió mantener el artículo 13, que establece una férrea protección a las tierras indígenas. La consulta que presenta ahora el gobierno pretende modificar la ley indígena, flexibilizando o debilitando la protección de las tierras.

La desconfianza de los pueblos indígenas es de larga data, viene cimentándose desde que Chile es independiente y está basada en el no respeto de los tratados (Parlamentos) celebrados entre los mapuche y las autoridades de la naciente república, el despojo del territorio, las campañas militares genocidas de fines del siglo XIX, la represión y asesinato de lideres indígenas, algunos de los cuales han quedado impunes o con sanciones irrisorias. A los líderes indígenas se les han aplicado leyes de excepción como la Ley Antiterrorista y de Seguridad Interior del Estado, carentes de garantías, que permitieron largas prisiones preventivas y que casi siempre terminaron con la absolución de los imputados. Cabe recordar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado de Chile por la aplicación indebida de la legislación antiterrorista en el denominado “Caso Loncos”. La desconfianza nace y se va alimentando cuando una de las partes no cumple sus compromisos parcial o totalmente, también cuando se retardan y cuando por acción u omisión el Estado desarrolla acciones militares genocidas, de ninguneo político, e intentos de destrucción de la cultura. La situación actual no es una casualidad y sus causas se encuentran clavadas en la historia de los últimos 150 años.

La realidad y las expectativas

Luego de trabajar y acordar  una agenda mucho más amplia con parte de las organizaciones indígenas y de la oposición, tomando como base procesos iniciados durante el gobierno anterior, el Gobierno de Sebastián Piñera presentó a los Pueblos Indígenas solo una parte menor de las medidas acordadas y que se refieren a la (des)protección que la ley hace de las tierras indígenas, que es además -vaya coincidencia- la que más parece interesarle a los dueños del capital, que permite entre otras cosas dar en arriendo terrenos indígenas a no indígenas por 25 años, debilitando en los hechos, el sistema de protección sobre la propiedad de la tierra.

¿Qué faltó en la consulta? En primer término, presentar al Congreso un proyecto Reconocimiento Constitucional, para lo cual bastaba recoger parte del proceso iniciado por el Gobierno anterior, que pretendía dotar a Chile de una nueva Constitución. En segundo lugar, está pendiente la aprobación del proyecto de ley sobre el Ministerio de Pueblos Indígenas y la ley que crea el Consejo Nacional y los Consejos de Pueblos Indígenas. Ambas iniciativas sortearon con éxito el proceso de consulta durante el Gobierno de Bachelet y deberían ser votadas y aprobadas en el Congreso Nacional. El Gobierno debe darle urgencia a su discusión. Estas leyes dotarían al Estado de una institucionalidad más moderna, de mayor relevancia política y de más recursos. Por otra parte, harían más fluida la participación de los Pueblos Indígenas en las decisiones o iniciativas gubernamentales cuando se dicten políticas públicas o leyes que les afecten. Por último y como respuesta a una demanda mas reciente de los Pueblos Indígenas que exigían escaños reservados, el Gobierno se había abierto a la idea de crear una ley de cuotas para las listas parlamentarias, que solo asegura la participación pero no garantiza la representación indígena en el Congreso.

El gobierno generó expectativas de avance y cambios de fondo que el proceso de consulta simplemente diluyó y terminó frustrando. La militarización del territorio mapuche se ha profundizado. En los gobiernos anteriores la militarización provenía de decisiones de los Tribunales de Justicia y del Ministerio Público, sin embargo, el gobierno actual tomó la decisión política de militarizar el territorio y creó un cuerpo denominado Comando Jungla. Se trata de un grupo especializado de policías, con entrenamiento militar en el extranjero, que fue instalado con un amplio despliegue propagandístico en el centro del territorio mapuche por decisión presidencial. El Comando Jungla fue responsable del asesinato de Camilo Catrillanca, un joven mapuche, alcanzado por un disparo de la policía chilena, efectuado con un arma de guerra, por la espalda y sin mediar motivo aparente. Aunque el gobierno tomó serias medidas frente a este hecho criminal y destituyó a importantes autoridades políticas y policiales, el daño es irreparable y queda la sensación de que aún hay  responsabilidades políticas sin asumir.

Para completar el cuadro, se investiga al Subsecretario del Interior (viceministro) y al jefe de gabinete del Ministro de Desarrollo Social, por la compra irregular de tierras indígenas en exclusivos sectores de veraneo en el sur de Chile. Se trata de funcionarios claves en el proceso de consulta que pretende flexibilizar el proceso de transferencia de la tierra indígena. El día que se escribe esta columna, el Ministro Moreno ha dejado la cartera de Desarrollo Social

El Rechazo es ¿a la consulta?

El rechazo a la consulta es más profundo que la negativa a sentarse a conversar sobre una modificación legal, es el rechazo a las medidas que ha tomado el Gobierno (o que ha dejado de tomar) para enfrentar la temática indígena. El rechazo de la consulta además ha sido un elemento de unificación del movimiento indígena para oponerse a políticas estatales que mantienen vestigios colonialistas, que son creadas y desarrolladas por tecnócratas desde un escritorio en la capital, que aunque puedan tener buenas intenciones, desconocen la cosmovisión indígena, su historia y no recogen la mirada de quienes serán afectados por ellas. Es el rechazo a esa mirada paternalista el que esta vez se ha encontrado con un muro infranqueable.

La salida del Ministro Moreno es vista como una claudicación del Gobierno. De esta manera se protege políticamente a una figura del oficialismo con aspiraciones presidenciales, pero se abandona una agenda en la que muchos habían puesto sus esperanzas.

¿Que hacemos?

Para avanzar en un plan sostenible, el Gobierno, debería retirar la propuesta y reformular el proceso. Si se va a presentar un plan debidamente consensuado, el estándar de la consulta debe ser superado y llevado al nivel siguiente, esto es, el consentimiento, al que se refiere la Declaración de Naciones Unidas sobre los derechos de los Pueblos Indígenas que Chile suscribió en 2007.

Además y para enfrentar la desconfianza que podría impedir una iniciativa como esta, parece buena idea acudir a un tercero imparcial. En el sistema de Naciones Unidas encontramos al Mecanismo de Expertos de los Derechos de los Pueblos Indígenas, organismo subsidiario del Consejo de Derechos Humanos compuesto por siete expertos indígenas de todas las regiones socioculturales del mundo. Su principal función es brindar asesoría temática al Consejo de Derechos Humanos, y tiene además, de acuerdo a sus nuevas atribuciones, el mandato de “prestar a los Estados Miembros y/o a los Pueblos Indígenas que lo soliciten asistencia para determinar si es necesario asesoramiento técnico sobre la elaboración de leyes y políticas nacionales relativas a los derechos de los Pueblos Indígenas…” (Resolución A/HRC/RES/33/25).

El proceso partió mal, pero podría abrirse una oportunidad. Podría ser esta  la ocasión para reformular la propuesta, retomando el acuerdo inicial, llevándolo al umbral del consentimiento en la parte no consultada y en la parte en que ya se hizo consulta, a una pronta aprobación del Congreso. Un gesto de humildad y soluciones de fondo, es lo que esperan los pueblos indígenas. La responsabilidad no es solo del Gobierno de turno, sino que también de la oposición y por cierto, de manera protagónica, la solución debe provenir de los Pueblos indígenas.

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