El impacto de las sanciones económicas de EE.UU. sobre Venezuela

Venezuela se encuentra actualmente en la crisis económica y humanitaria más profunda de su historia. En poco tiempo, desde 2014, el país ha experimentado una contracción económica prolongada mayor a la de Zimbabue en los años 2000 y más hiperinflación, un vertiginoso aumento en el hambre y la enfermedad, elevadas tasas de mortalidad y la emigración de casi dos millones de venezolanos desde 2015 (y 3,5 millones desde 1999). Entre este caos económico, el presidente Nicolás Maduro reprimió a manifestantes, intentó disolver las funciones de la Asamblea Nacional y perpetuó el fraude electoral para asegurar su reelección.

Para combatir estos abusos (y otros) percibidos, Estados Unidos ha impuesto sanciones contra ciudadanos venezolanos. Sin embargo, con la exacerbación de la crisis humanitaria y el autoritarismo de Maduro en 2017, el presidente Donald Trump comenzó a imponer sanciones financieras al país. Significativamente, en agosto de ese año, firmó una orden ejecutiva que restringía el acceso del Gobierno venezolano a los mercados de deuda y capital estadounidenses. Asimismo, en marzo de 2018 emitió otra orden por la que prohibía las transacciones que involucraban la emisión de moneda digital, y en mayo otra que prohibía las relacionadas con la compra de deuda venezolana. Por último, el 28 de enero de 2019, Trump anunció sanciones a la empresa estatal Petróleos de Venezuela (PdVSA), la principal fuente de divisas del Estado.

Según el Gobierno estadounidense, el objetivo de esta última ronda de sanciones era presionar sobre el Gobierno de Maduro para que convocara elecciones libres. Sin embargo, como destacan varios analistas, también pueden ejercer un efecto nocivo sobre la ciudadanía venezolana.

En 26 de abril de 2019, los economistas Mark Weisbrot y Jeffrey Sachs publicaron un estudio a través del think tank de Weisbrot sobre el potencial efecto de las sanciones en la crisis humanitaria en Venezuela. Entre otras afirmaciones, los autores usan Colombia como un caso de comparación (un contrafactual) para sostener que «las sanciones redujeron la ingesta calórica de la población, aumentaron las enfermedades y la mortalidad… y desplazaron a millones de venezolanos, que huyeron del país como producto del empeoramiento de la depresión económica y la hiperinflación». Para cuantificar el efecto, los autores concluyen que las sanciones «han infligido daños muy serios a la vida y salud humanas, incluyendo 40.000 muertes entre 2017 y 2018«. Esta explosiva cifra fue tomada por varias fuentes periodísticas internacionales como prueba de que la crisis humanitaria en Venezuela se debe más a la supuesta guerra económica y las acciones de los EE.UU. que a las políticas económicas del Gobierno venezolano.

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La única evidencia que ellos utilizan para afirmar que las sanciones redujeron la producción petrolera venezolana es una comparación con la colombiana, marcando como coyuntura clave las sanciones financieras de agosto de 2017. En su interpretación, la caída después de la aplicación de las sanciones se debe completamente a esa intervención. Después, notan que hubo un incremento del 31% en la mortalidad general entre 2017 y 2018 en Venezuela, lo cual implica un aumento de más de 40.000 muertes; un aumento que atribuyen completamente a las sanciones.

Como era previsible, el informe y sus polémicas conclusiones generaron una mini-avalancha de críticas, sobre todo de parte de los economistas venezolanos.

Esta serie de refutaciones incluye un artículo en la revista ‘Americas Quaterly’ elaborado por Ricardo Hausmann y Frank Muci, uno en el periódico digital venezolano ‘Prodavinci’, por José Ramón Morales Arilla y un informe publicado por ‘The Brookings Institution’ de Dany Bahar, Sebastian Bustos, Jose R. Morales y Miguel Ángel Santos. Los tres trabajos coincidan en que el informe Weisbrot y Sachs sufre de serias debilidades metodológicas que socavan sus conclusiones.

El trabajo de Hausmann y Muci, publicado el 2 de mayo, fue el primero que evaluó las pretensiones de Weisbrot y Sachs. Ellos sostienen que Colombia no es un buen contrafactual, debido a: trayectorias diferentes de producción, diferencias institucionales entre los dos países, otras decisiones tomadas por Maduro después de las sanciones (como nombrar al general activo Manuel Quevedo como presidente de PdVSA) y diferencias en el tipo de crudo que producen los dos países. Ellos destacan otros problemas (sobre todo, la falta de consideración para explicaciones alternativas) y concluyen que las políticas del Gobierno de Maduro y la mala gestión explican la mayor parte del colapso de Venezuela. Como comprobación, comparan la producción petrolera de este país con la de otros países de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (Opep).

Este estudio también generó reacciones. En Twitter, el economista Francisco Rodríguez reconoció varios de los defectos de Weisbrot y Sachs, pero también señaló algunas faltas en el trabajo de Hausmann y Muci. El análisis de Rodríguez critica principalmente los datos de producción petrolera que éstos usaron, por terminar antes de la adopción de las sanciones.  

Por su parte, el trabajo de Morales Arulla también levanta dudas fundamentales sobre si Weisbrot y Sachs capturan algún efecto causal. Él nota que las sanciones no se asignaron aleatoriamente, sino como consecuencia de la ya devastadora y creciente crisis económica y humanitaria del país. De esta manera, era perfectamente posible que las condiciones fuesen a empeorar independientemente de las sanciones.  Como Hausmann y Muci, el autor también concluye que Colombia no es un buen contrafactual para la producción petrolera venezolana, debido a que las trayectorias en los dos países se debían a factores diferentes y a que producen diferentes tipos de petróleo.

Por último, Bahar, Bustos, Morales y Santos también hallan que la metodología de Weisbrot y Sachs no es apta para estimar el efecto causal de las sanciones y, por lo tanto, que sus conclusiones no son válidas. Igual que los otros, señalan que, en ausencia de un caso contrafactual apropiado, las tendencias económicas en Venezuela desde que se impusieron las sanciones no se pueden separar de las tendencias negativas que las precedieron; es decir, de las políticas gubernamentales de Chávez y Maduro. También destacan la ausencia de explicaciones alternativas y variables de control en el estudio, un paso elemental en cualquier ejercicio empírico riguroso.

Entonces, ¿cuáles han sido las repercusiones humanas de las sanciones económicas de los EE.UU. contra Venezuela? Según los estudios, parece que aún no se sabe. Lo que queda claro es que se requiere una investigación más rigurosa que el estudio de Weisbrot y Sachs.

Sorprendentemente, el mismo Sachs reconoce la debilidad de su estimación. En una entrevista con ‘Democracy Now!’, la periodista Amy Goodman le preguntó cómo había llegado a la cifra de 40.000 muertes. Él dijo lo siguiente: «Permítame ser claro: nadie lo sabe. Fue un cálculo muy básico y simple, basado en estimaciones de universidades de Venezuela, que indicaron que la mortalidad había aumentado en cierta proporción después de la imposición de las sanciones. No quiero que nadie piense que estos números son precisos».

Para acercarse mejor a una respuesta, algunos analistas han sugerido un diseño de ‘diferencia de diferencias’ (difference-in-difference) pero, como señala Morales Arilla, no es lo más adecuado. Este método requiere de múltiples unidades tratadas (países sancionados) y controladas (países no sancionados) para estimar un efecto promedio del tratamiento (las sanciones). Sin embargo, en este caso hay una sola unidad tratada, que es Venezuela. De la misma forma, una comparación con otro país (un verdadero contrafactual) sería más difícil de realizar, ya que las líneas de tendencia de la producción petrolera de Venezuela son muy sui generis.

Un mejor diseño de investigación pudiera ser un análisis de intervención que examina el impacto del tratamiento (sanciones) en la producción de petróleo mientras se controla por otras variables. El análisis de intervención comprende la aplicación de procedimientos de modelo para incorporar los efectos de fuerzas exógenas o intervenciones en las series del tiempo. De esta manera, se podrían estimar tendencias de diversos indicadores sociales antes y después de las sanciones. Si el colapso en los indicadores permanece constante, se descarta la intervención (las sanciones) como causa. Por otro lado, si se acelera el colapso de los indicadores mientras se controla por otras causas, habrá más evidencia que las sanciones son su causa.

Comprender los efectos de las sanciones de Estados Unidos a Venezuela no es una cuestión ideológica y no debe ser tratada como tal. Weisbrot y Sachs fueron irresponsables en varios aspectos de su trabajo, sobre todo en presentar la cifra de 40.000 muertes como si fuese un número exacto. Es posible que las sanciones hayan causado daños a los venezolanos, pero el estudio de Weisbrot y Sachs no es la prueba.

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