El irresuelto problema del fraude fiscal en España

El fenómeno del fraude fiscal (en su acepción amplia de incumplimiento de las obligaciones tributarias) es uno de los problemas más importantes que aquejan a nuestro país. De un lado, porque el Estado deja de recaudar ingentes cantidades de dinero necesarias para llevar a cabo las tareas que tiene encomendadas. De otro, porque conlleva un incremento de la carga tributaria de los contribuyentes que sí cumplen con sus obligaciones, puesto que, como lúcidamente apuntó el Tribunal Constitucional, «lo que unos no paguen debiendo pagar, lo tendrán que pagar otros con más espíritu cívico o con menos posibilidades de defraudar» (sentencia 110/1984).

Diversos estudios empíricos señalan que la economía sumergida representa en España en torno al 20% del PIB (Arrazola et al., 2011), lo que podría suponer una merma de recaudación anual de aproximadamente 56.000 millones de euros. La erradicación completa del fraude fiscal no parece alcanzable, aunque si las cifras de nuestro país se equipararan a las de la media de la UE, el resultado sería un aumento recaudatorio de al menos 25.000 millones de euros al año (2,5% del PIB).

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En efecto, la lucha contra el fraude fiscal es una tarea posible que consigue allegar importantes recursos. Buena prueba de ello son los resultados de las actuaciones de prevención y lucha contra este fenómeno que en 2015, según datos del Ministerio de Hacienda que se acaban de publicar, supusieron unos ingresos liquidados –que no necesariamente ingresados– de 15.664 millones de euros. Ahora bien, en esta cantidad, de acuerdo con la información oficial, se incluyen 2.700 millones provenientes de actuaciones singulares “de difícil repetición”, con lo que, realizado este ajuste, el resultado es de unos 12.960 millones, ligeramente superior a la cifra de 2014 (12.318 millones de euros).

En el marco de las actuales negociaciones políticas, diversos partidos han realizado propuestas relativas a este problema. Así, por citar sólo dos ejemplos, Podemos –en su documento Un país para la gente. Bases políticas para un Gobierno estable y con garantías de 15 de febrero de este año– propone un aumento de los ingresos públicos gracias a esta vía que cuantifica en 12.000 millones de euros anuales. Ciudadanos, por su parte, ha sostenido, en el programa económico para las últimas elecciones generales, que las medidas propuestas podrían suponer la obtención de «hasta 20.000 millones de euros».

Estas estimaciones realizadas por los partidos políticos merecen una doble consideración. Por un lado, se puede entender que son propuestas realizables, en tanto que suponen aproximar a nuestro país, como se dijo anteriormente, a la media de la Unión Europea en términos de economía sumergida. Ahora bien, al mismo tiempo se ha de constatar que se trata de cifras ciertamente relevantes, ya que implican multiplicar por dos los ingresos que actualmente se obtienen como resultado de las actuaciones de comprobación e inspección que realiza la Agencia Tributaria. Esto es, si se quieren duplicar los resultados actuales no basta con una mejora de detalle del sistema actual, sino que es necesario un auténtico cambio en profundidad de los medios personales y materiales, de los procedimientos utilizados y, aunque a veces esto se olvide, de la conciencia social respecto del fraude fiscal.

En esta última legislatura se han puesto en marcha medidas contradictorias en relación con la lucha contra el fraude. Así, se aprobó una regularización extraordinaria de activos no declarados (la llamada ‘amnistía fiscal’), que consiguió unos magros resultados (1.200 millones sobre los 2.500 millones inicialmente previstos) y que, sin embargo, puede haber generado la sensación en la sociedad de que no se persigue realmente a los defraudadores. En sentido contrario, también se han aprobado modificaciones legales, como la obligación de declarar los bienes en el extranjero o la ampliación de los plazos de inspección, que pueden tener un efecto positivo en la prevención de la defraudación.

Existen muy diversas propuestas encaminadas a hacer más efectivo el cumplimiento del deber de contribuir que impone la Constitución. Algunas pueden ser directamente decididas por las autoridades nacionales (como el aumento del número de inspectores); otras, sin embargo, escapan del control directo del Estado (v.gr. la retirada de los billetes de 500 euros que está sopesando el BCE). Precisamente, en la actualidad parece existir una mayor concienciación tanto en la UE como en la OCDE respecto de la importancia que tiene la lucha contra el fraude fiscal. Quizás este impulso internacional consiga que nuestros gobernantes, por fin, adopten medidas realmente eficaces en esta materia.

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