El problema constitucional de la falsedad

La realidad tecnológica ha incorporado un binomio de conceptos políticos, estrechamente vinculados entre sí, que hoy resultan determinantes a la hora de pensarnos como sociedad democrática. El primero de estos dos ya manidos neologismos es el de ‘fake news’, y haría alusión a las falsedades que, de forma intencional, se difunden a través de la red, con la pericia suficiente para que muchos tengan dificultad a la hora de distinguir lo cierto de lo verdadero. El segundo concepto, sería el de ‘post-truth’, o posverdad, y definiría uno de los eventuales resultados de esta confusión: la situación en la que, siguiendo el diccionario de Oxford, “los hechos objetivos influyen menos en la formación de la opinión pública que los llamamientos a la emoción y a la creencia personal”; de tal forma, añadimos nosotros, que se crea un contexto donde la verdad deja de ser un valor en la discusión pública.

Hay quienes consideramos que esta realidad es problemática, y lo hacemos partiendo de la base de que un sistema democrático descansa en ciertos postulados deliberativos que apuntan a una mínima racionalidad discursiva en los procesos de formación de la opinión pública. Dicha racionalidad es más difícil de alcanzar en aquel contexto donde son deformadas ciertas premisas fácticas sobre cuestiones clave del debate público.

En cualquier caso, son también muchos los que niegan esta problemática; y, de entre ellos, un buen número lo hace apelando al interrogante escéptico por excelencia, cifrado ya a la perfección en los evangelios, con aquella pregunta de Pilato a Jesús: «¿Qué es la verdad?».

Como es obvio, lo que subyace tras estas posturas es una valiosa apelación a la naturaleza pluralista de la democracia liberal, donde ninguna instancia podría arrogarse la autoridad para certificar lo cierto. Los presupuestos liberales del constitucionalismo nos exigirían descartar la posibilidad de la verdad de Estado. John Stuart Mill explica esto de una forma insuperable al alertarnos de que cuando silenciamos por falsa una opinión, no estaríamos sino “afirmando nuestra propia infalibilidad” y, con ello, la plena legitimidad del sujeto censor –el Estado– para poder desaprobar cualquier otro discurso.

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Desde luego, estos principios básicos del liberalismo son difíciles de cuestionar. Ahora bien, también pueden transformarse en eslóganes vacuos si se consideran de forma maximalista y autocomplaciente, sin atender a los necesarios matices que presenta el mismo concepto de verdad imposible.

El primero de ellos tiene que ver con lo siguiente: Paco Umbral no escribió el Quijote; Francisco de Goya no trabajó a sueldo de un emperador romano; la unidad básica de la vida no dejará nunca de ser la célula. La refutación de cualquiera de estas tres afirmaciones es inequívocamente una falsedad. Desde luego, una mentira lícita, en términos estrictamente jurídicos; pero también, entenderíamos todos, una mentira inasumible en primera persona por el Estado.

En definitiva, la pregunta evangélica de ¿qué es la verdad? puede tener en muchas ocasiones una respuesta inmediata: la verdad es esto. Todo ello siempre y cuando no queramos renunciar al sustrato racionalista e ilustrado sobre el que también descansa nuestra forma liberal de organizarnos.

Por otro lado, la afirmación de que un Estado liberal no puede sancionar la mentira también se transforma en una falacia si no la hacemos con las debidas precauciones. Desde luego, una sociedad abierta supone, por usar el término exitosamente acuñado por Alain Badiou, el fin de la verdad de Estado, y ello en la medida en que desde el poder no se va a poder imponer una noción personal de lo bueno y lo justo, ni tampoco un proyecto para nuestra propia vida. Es decir, el Estado no puede imponer, ya sea de forma concreta o abstracta, ninguna verdad política o religiosa.

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Ahora bien, no hay sociedad abierta que no tipifique la injuria, la calumnia, el falso testimonio, la publicidad engañosa, la estafa… En definitiva, en nuestras sociedades hemos asumido que la libertad de mentir o de engañar puede ceder allí donde nuestra falsedad provoque un determinado daño.

En este punto del razonamiento hay dos preguntas que se imponen. La primera es si la difusión masiva de falsedades a través de la red, hecha con la pericia suficiente para que muchos tengan dificultad a la hora de distinguir lo incierto de lo verdadero, puede considerarse dañina. Nos estamos refiriendo a supuestos donde dicha falsedad verse sobre cuestiones básicas de nuestra comunidad política y genere, además, un estado de polarización violenta entre la ciudadanía. Mi opinión a este respecto es que sí. Y parto del hecho de que un sistema democrático descansa sobre unos postulados mínimos de credibilidad. Una credibilidad, por cierto, que no sólo se erosiona cuando se vilipendia lo ajeno a través de falsedades, sino también cuando se construye la imagen del propio prestigio democrático –especialmente si es desde el poder– a través de la mentira, lo que la doctrina norteamericana ha acuñado con el ilustrativo término de astroturfing: el césped (el prestigio) artificial, ficticio, sin raíces. Por usar la acertada expresión del profesor Eloy García, la democracia padece gravemente cuando se transforma en simulada, es decir, en un mero espacio de gestión de intereses propios tan ajenos a lo real como a lo común.

En cualquier caso, el grado del daño será evaluable en función de qué porcentaje de la ciudadanía haya asumido como ciertos hechos que no lo son y de las propias consecuencias prácticas que pueda tener la extensión de esa mentira. Como dijo de forma insuperable el gran Abraham Lincoln: “Puedes engañar a algunas personas todo el tiempo, y puedes engañar a todas las personas algunas veces, pero no puedes engañar a todas las personas todo el tiempo”.

De todas las formas, asumiendo esta necesidad de huir del dramatismo y el pesimismo antropológico, sí cabe tomar en consideración la especial vulnerabilidad de un contexto que es primordial en democracia, el contexto electoral. Y es que aquí, en buena medida, es nuestro sentimiento político y no nuestra racionalidad aquello que quiere seducirse, explotando nuestra natural predisposición a la disonancia cognitiva, es decir, a reafirmar nuestros prejuicios al margen de los hechos que pueden contradecirlos.

Pero nos falta otra pregunta, y es la de si el precio a pagar por evitar este tipo de daño al que acabamos de hacer alusión no es en sí más costoso –en definitiva, más dañino– que el propio perjuicio que queremos evitar. Y es que no cabe ninguna duda de que ese principio liberal que nos insta a no tutelar la ortodoxia y a enfrentar públicamente la mentira con su contrario, descansa sobre unos criterios de utilidad que no han perdido su vigencia. La amenaza de la censura tiene terribles costes sociales, en tanto desincentiva la emergencia de opiniones incómodas y arriesgadas, que pueden sacar a la comunidad de ciertas certezas y lugares comunes infundados, ya que la mayoría de las cosas no están tan claras como que Paco Umbral no escribió el Quijote.

A esta razón se une otra aún más relevante. Cuando, como terapia frente al bulo, se planea encomendar al Estado, dígase a las fuentes oficiales, la tarea de erigirse en fuente única de información sobre cuestiones especialmente controvertidas, tal y como rezaba la desafortunada y célebre pregunta del pasado Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), se está, por un lado, presuponiendo algo tan erróneo como que el Estado no sabe mentir, y, en segundo lugar, que los efectos sociales de esa mentira serían más veniales. Ambas cosas son rotundamente falsas. La necesidad de que todo discurso estatal pueda ser objeto de contraste por parte de la sociedad civil es, en este sentido, una necesidad absoluta en democracia. Ese umbral de humildad epistémica del Estado no es negociable.

Una terapia radical, por restrictiva, frente al daño de la posverdad podría ser, por lo tanto, más letal que la propia enfermedad. Ahora bien, esto no significa que la mentira política no sea hoy, en nuestro contexto tecnológico, un problema constitucional de primer orden. No estoy de acuerdo con quienes relativizan su importancia apelando al hecho incontrovertible de que la mentira política siempre ha existido. Desde luego, las fake news son manifestación de algo tan clásico como el engaño, pero son inéditas en tanto producto tecnológico y circunstancia cultural. Creo que no puede negarse que los nuevos canales de comunicación afectan también irremediablemente tanto a la propia cultura de la libertad de expresión como a la comprensión jurídica de los procesos de formación de la opinión pública. No es cuestión de refutar a Stuart Mill, pero sí de tomar en consideración que su comprensión del sistema de libertad de expresión no sería idéntica de haberse esbozado en un mundo de redes sociales, bots y big data.

Rendir culto a la libertad no es, en este sentido, incompatible con prestar atención al hecho de que la síntesis ordenada de las sociedades liberales es hoy más compleja, y de que no sólo los fundamentos deliberativos sobre los que la democracia se construye corren el riesgo de verse seriamente erosionados por una realidad tecnológica que no somos capaces de controlar, sino también la propia convivencia. Y es que, si bien las redes sociales son esferas públicas básicas de ese vasto foro democrático que es internet, también se hacen patentes dentro de las mismas dinámicas en las que los ciudadanos, lejos de relativizar y cuestionar críticamente sus ideas, se enclaustran en guetos ideológicos, extremando sus posiciones. Dentro de estas ‘cámaras de eco’, donde tendencialmente seguimos a quienes comparten juicio –y prejuicio– con nosotros, la vulnerabilidad frente a la información falsa es también superior y su efecto más mucho más nocivo en términos de convivencia democrática; especialmente cuando, como consecuencia de ello, se extrema el desprecio hacia el adversario social o político.

Es traumático, pero también intelectualmente liberador, asumir que hay ciertos problemas que no tienen solución. Como se ha planteado, el problema constitucional de la mentira sólo parecería tener, a simple vista, soluciones peores que la enfermedad. Nos encontramos, por lo tanto, en un momento disruptivo por definición. Es decir, un momento en el que ya apreciamos lo difícil que es que las cosas sigan por el camino que hemos considerado normal.

En cualquier caso, el hecho de que un problema no tenga solución no significa que tenga que ser letal. Y para impedir dicha letalidad, sí creo que hay estrategias que, sin poner en tensión los presupuestos liberales de nuestra sociedad, podrían evitar la degeneración de nuestros sistemas democráticos, su deriva hacia la simulación. A este respecto, entiendo que podría dibujarse un triángulo de medidas que sí pueden servir para evitar la hemorragia de la confusión. Una de ellas sería la mejor delimitación jurídica de cuáles son los patrones tecnológicos del engaño masivo. En nada ofende a la libertad de expresión e información, sino al contrario, el que se desenmascaren ante la ciudadanía las estrategias automatizadas, basadas en la simulación de identidad o el anonimato, que tienen como objetivo la pura intoxicación informativa. Aquí es fundamental que la propia arquitectura de las redes sociales se perfeccione para impedir –o en su caso, poner en evidencia– las maniobras tecnológicas de desinformación que puedan llevarse a cabo.

En segundo lugar, se impone la profundización en la obligación de transparencia de todas las instituciones públicas, sin perder nunca de vista que esa transparencia, en tanto que vinculada al derecho a recibir información, es un presupuesto del control que la sociedad hace y no un mecanismo de control social. Es igualmente determinante que en aquellos ámbitos de la Administración donde hoy, como consecuencia del conocimiento técnico, pueda extremarse la racionalidad de las medidas, dicha transparencia también se extreme, precisamente para que exista un control del sometimiento a dichos esquemas de racionalidad.

Pero la base de este triángulo tiene que ver con ese ideal de virtud social en el que Lincoln ponía su fe. Una sociedad que resiste al engaño. Para que esto sea así es necesario, por supuesto, profundizar en el cultivo del espíritu crítico y la racionalidad analítica desde el propio sistema educativo. Pero también, en mi opinión, es importante la supervivencia –si no la restitución– de la prensa como institución central del Estado democrático; promoverla como instituto indispensable para la garantía del derecho a recibir una información plural es una tarea de los poderes públicos.

Ahora bien, creo que es momento también de repensar los actuales mecanismos de subvención pública, y de publicidad institucional, en favor de ayudas que no mermen la propia independencia de los medios de comunicación. Probablemente esto pase por idear un sistema en el que sea el ciudadano quien, mediante un sistema de bonos o vouchers informativos, financiado por el Estado, decida libremente a qué medios quiere dar su confianza para recibir información. Pero ésta es otra historia, que diría Irma la dulce.

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