Sector público: la doble Administración

A la hora de analizar la estructura de sector público dependiente de las comunidades autónomas, cabe tener en cuenta que su composición es, en cierta medida, resultado de la reducción que ha experimentado a nivel nacional como consecuencia de la crisis económica. En el caso concreto del personal dependiente de la totalidad de las autonomías y las dos ciudades autónomas, el recorte ha sido de un 6,5% desde enero del 2010 a enero del 2016 (de 1.348,492 a 1.294,765 funcionarios).

En cuanto a los entes públicos dependientes de las autonomías, han disminuido en un 23,28% desde el 2012 hasta el 2016, de acuerdo con el inventario realizado por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Se han eliminado 537 entidades públicas y 189 se encuentran próximas a su extinción, siendo 1.972 el total a fecha de 1 de julio del 2016. Resulta llamativa la gran diferencia entre la reducción de personal y de entes públicos. El mayor recorte según la tipología de organismo, del 31,03%, se da en los entes públicos, mientras que los organismos que más han crecido son las entidades públicas empresariales y las agencias. Estas últimas de han incrementado en un 116,67%. En  números absolutos, Cataluña es la comunidad autónoma que más entes tiene (397) y La Rioja la que menos (24). El volumen de entes públicos tiene cierta correlación tanto con la población como con la extensión territorial.

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Maestros y sanitarios.- De acuerdo con el Registro Central de Personal de julio del 2016, el personal dependiente de las autonomías constituye el 51,46% del total del personal empleado público. Por sectores, la docencia no universitaria emplea a un 40,88%, las instituciones sanitarias un 37,69%, consejerías y sus organismos autónomos un 16,46%, la Administración de Justicia un 2,99% y las Fuerzas de Seguridad un 1,99%. En este sentido, es importante  tener en cuenta que no todas las autonomías tienen personal propio dedicado a los dos últimos colectivos.

El reparto es dispar. Por ejemplo, en Aragón, Asturias y Cantabria se dedica una mayor proporción de recursos humanos a las instituciones sanitarias del Servicio Nacional de Salud que a la docencia no universitaria. Destaca especialmente el País Vasco, que dedica un 11,19% del personal a su servicio a las Fuerzas de Seguridad, incluso superando la proporción de personal situado en las consejerías y sus organismos autónomos, en los cuales se halla un 10,55% del personal.

El caso extremeño- Es la comunidad autónoma con mayor proporción de personal empleado en las consejerías y sus organismos autónomos, siendo la Comunidad Valenciana la que menos. El gran volumen de empleo público en Extremadura se debe, sobre todo, al personal ocupado en la Administración burocrática.

En la docencia no universitaria, destacan la Comunidad Valenciana, con un 48,41%, como la comunidad que mayor proporción de personal dedica a este ámbito, y la Comunidad de Madrid, con un 33,92%, como la que menos. En el ámbito sanitario, la Madrid se sitúa a la cabeza, con un 45,65%, siendo Cataluña en la que encontramos una menor proporción (23,82%). La variación en Administración de Justicia es mínima, siendo el porcentaje máximo dedicado un 4,70% (Comunidad de Madrid) y el mínimo un 2,21% (Navarra). En Fuerzas de Seguridad, el contraste es evidente entre el País Vasco (11,9% de su funcionariado) y Canarias (0,14%).

El peso de los funcionarios.- El total del empleo público dependiente de las autonomías supone una proporción del 5,81% de la totalidad de la población activa española, siendo Extremadura (9,23%), el Principado de Asturias (7,66%) y Navarra (7,59%) las que tienen una mayor proporción. A la cola, Baleares (4,27%), Cataluña (4,40%) y la Comunidad de Madrid (4,68%).

Finalmente, cabe aportar un dato de gran relevancia para entender la situación del empleo público en las comunidades autónomas: el número de personas empleadas públicas por cada 1.000 habitantes. Extremadura, con 43, y Asturias, Cantabria y Castilla y León, con 35, se sitúan a la cabeza. Las peor situadas son Cataluña, la Comunidad Valenciana y la Comunidad de Madrid, que cuentan respectivamente  con 22, 24 y 24.

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