El sistema electoral y la competición en la ‘España vacía’

A estas alturas de la campaña, parece claro que una de las claves de las próximas elecciones generales del 28 de abril va a estar en la España vacía, o vaciada. Se trata de provincias con un carácter predominantemente rural, que presentan una menor densidad demográfica y que, como vienen denunciando con especial insistencia algunos colectivos, están afectadas por procesos de despoblación que, de no revertirse, pueden conducir al colapso definitivo de su actividad económica, social y cultural. Un asunto realmente grave para el país.

No dudamos de las nobles intenciones de nuestra clase política durante la campaña respecto a esta España hasta ahora olvidada. Pero lo cierto es que, en los últimos días, los partidos están haciendo un especial esfuerzo por captar el voto de los ciudadanos de estas provincias, por tratarse de aquellas en las que unas pocas papeletas pueden marcar la diferencia entre el éxito y el fracaso electoral. Es en las circunscripciones de tamaño moderado, y especialmente en las 28 en las que se disputan cinco o menos escaños, donde los votos son comparativamente más valiosos (debido a la representación mínima inicial de dos diputados por provincia con independencia de la población); así como donde la obtención de unos pocos sufragios puede suponer la ganancia del último escaño en juego.

Se trata, además, de las circunscripciones donde los partidos deben reunir mayor porcentaje de votos para superar el umbral efectivo, esto es, el porcentaje de sufragios suficiente como para poder hacerse al menos con un escaño: cuantos menos diputados en disputa, es necesario más porcentaje de votos. Algo que se puede comprobar en la tabla adjunta, en la que aparecen los diferentes umbrales de representación según los distintos tamaños de circunscripción en las elecciones generales de 2015, es decir, el porcentaje de votos promedio con que los partidos se hicieron con el último asiento. Optamos por estas elecciones por haber sido las más fragmentadas de las 13 celebradas hasta la fecha y, por tanto, las que en este aspecto pueden resultar más parecidas a los comicios del 28 de abril.

Todas estas características, sumadas a una fragmentación de la oferta política sin precedentes (cinco fuerzas políticas de ámbito estatal cuyas expectativas superan, en todos los casos, el 10% de los votos), convierten en encarnizada la competición por los escaños de la España vaciada.

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Hablemos ahora de los partidos. En el flanco izquierdo encontramos dos fuerzas electorales relevantes, PSOE y Unidas Podemos (UP), si bien con un claro predominio del partido que ha ocupado el Gobierno en los últimos 10 meses. Las buenas expectativas de los socialistas, a los que todas las encuestas sitúan en primera posición destacada, favorecen la posibilidad de que se produzca el ‘efecto bandwagon’ (algunos indecisos votarían a la alternativa política favorita según los sondeos, subiéndose así al carro ganador). Además, esas buenas expectativas del PSOE no hacen sino subrayar la posición de subordinación de UP, clarificando así cuál de las opciones políticas puede ejercer un mayor magnetismo ante un eventual voto útil o estratégico entre el electorado de izquierdas más sofisticado.

Por otra parte, nunca antes el escenario político había estado tan fraccionado en el flanco derecho, con tres fuerzas políticas (PP, Ciudadanos y Vox) que, con sus matices conservadores, liberales y reaccionarios, compiten con ímpetu por atraer bolsas de votantes parcialmente coincidentes. Así, la competición electoral se habría desplazado desde el centro del espectro político y las ciudades hacia la derecha y las circunscripciones medianas y pequeñas. Por ello, jamás había sido tan determinante el grado de coordinación –o descoordinación– en torno a opciones electoralmente viables que alcance el electorado que se ubica desde el centro hasta la extrema derecha.

La fragmentación se ha convertido en un verdadero quebradero de cabeza para estas formaciones, y el elector sofisticado de derechas se encuentra en apuros a la hora de decidir a quién votar de manera útil. Es más, parte de la movilización del voto a Vox, al igual que sucedió con el voto a Ciudadanos y Podemos en 2015, puede explicarse a partir del sentimiento de indignación y hartazgo hacia los partidos tradicionales (en este caso, el PP) de ciertos sectores del electorado, lo que podría tener un efecto neutralizador de las llamadas al voto útil de los populares, así como anular su reclamo como valor seguro.

Ahora bien, ¿qué efectos podría desplegar el que hasta ahora habíamos denominado subsistema electoral mayoritario en este panorama de elevada atomización partidista? Aventurar una respuesta a esa pregunta es un ejercicio temerario. La macro-encuesta pre-electoral del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), para la que se realizaron más de 16.000 entrevistas, se realizó entre el 1 y el 18 de marzo, es decir, a más de un mes de las elecciones. Esa horquilla temporal, en un contexto de gran volatilidad electoral, representa un auténtico desafío a la hora de pronosticar resultados. Además, por esa misma encuesta sabemos que había un 41% de indecisos. A toda esa incertidumbre debe agregarse una dificultad adicional, la de predecir el número de escaños a nivel de circunscripción.

Con todo, es precisamente el elevado número de entrevistas en cada provincia lo que nos mueve a realizar un análisis de cómo podría interactuar el sistema electoral con los principales partidos en las 26 circunscripciones de entre dos y cinco escaños (gráfico 1). Para ello, qué mejor que analizar la situación en las dos Castillas (ver aquí cómo se repartieron estos escaños en 2016).

En Castilla y León, el PSOE lograría representación en todas las circunscripciones, venciendo en Burgos, León y Valladolid. La otra cara de la moneda la representa UP, que no obtendría ni un solo escaño en ninguna de las nueve provincias.

En el bloque de la derecha, el PP mantendría su representación en todos los distritos, sería vencedor en Salamanca con dos escaños y se disputaría el último con Ciudadanos en dos provincias. Los resultados de la formación naranja son la gran incógnita en esta comunidad, pues sólo tendría asegurados tres escaños y disputaría otros tres con el PP (Ávila y Burgos) y Vox (Palencia). Este último partido conseguiría penetrar parcialmente, consiguiendo escaños en León, Salamanca y Valladolid, y disputando otro en Palencia.

Por lo que respecta a Castilla-La Mancha, el PSOE sería la fuerza política con más escaños en la mayoría de provincias. UP, de nuevo, se quedaría sin representación, perdiendo incluso el obtenido en Toledo en las dos últimas citas electorales. El PP tendría unos resultados más discretos que en Castilla y León, pues se haría sólo con cuatro diputados en toda la Comunidad, perdiendo su representación en Guadalajara en favor de Vox. La formación de derecha radical, en cambio, lograría escaños en todas las provincias manchegas excepto en Albacete. Ciudadanos, por último, tendría unos resultados irregulares, al no obtener representación ni en Cuenca ni en Guadalajara.

En suma, en las dos Castillas parece que el gran beneficiario de la fragmentación pudiera ser el PSOE, al beneficiarse del premio que concede nuestro sistema electoral a la primera fuerza política en un gran número de provincias. La víctima sería UP, a quien la madurez le sorprende con un rostro cada vez más urbano, y vería cómo sus votos no se materializarían en escaños. Al otro lado del espectro, el PP sería testigo del declive en su tradicional granero electoral castellano-leonés. Aunque unos pocos votos podrían cambiar su situación, Ciudadanos aguantaría el tipo en estas dos comunidades, con unos resultados que incluso le permitirían mejorar su representación respecto a 2015. Vox, por último, lograría ser un competidor notable en las circunscripciones ‘a priori’ más hostiles para una fuerza emergente, a pesar de contar con una magra estructura organizativa.

En el resto de provincias de tamaño pequeño, el PSOE parecería rentabilizar su posición de ‘primer partido’ (logrando victorias en votos y escaños que no cosechaba desde los años 80 en provincias como Navarra o Castellón, o incluso inéditas, como en La Rioja). El PP, aun perdiendo escaños, lograría retener diputados en la inmensa mayoría de esas provincias, mientras que Ciudadanos y Vox exhibirían músculo electoral.

Por su parte, UP caería estrepitosamente en la ‘España vaciada’, obteniendo diputados sólo en tres de esas provincias. Como curiosidad, el último reducto del bipartidismo parecerían ser las provincias orientales de Galicia (Lugo y Ourense), únicas circunscripciones pequeñas donde ni Podemos, ni Ciudadanos ni tampoco Vox conseguirían representación.

Gráfico 1. Reparto de escaños entre partidos en las circunscripciones de dos a cinco escaños. a

Fuente: elaboración propia con base en la pre-electoral del CIS 2019. Na En aquellas circunscripciones en las que el CIS duda a qué partido otorgar un escaño hemos optado por una opción conservadora, dándoselo a la formación más institucionalizada en el sistema de partidos.

La paradoja que encerrarían estos resultados es que uno de los atributos que solíamos imputar al sistema electoral del Congreso, el sesgo conservador, y que había catapultado electoralmente a la UCD, primero, y al PP, después, se habría esfumado, convirtiéndose ahora el PSOE en el principal beneficiario del fraccionamiento de la derecha en la España interior.

Asimismo, nuestro sistema electoral habría dejado de generar unas condiciones favorables para la formación de gobiernos, ya fuese con el sustento de mayorías absolutas manufacturadas o con minorías suficientes gracias a apoyos parlamentarios externos. Se están produciendo mayores niveles de fragmentación y polarización que el sistema no logra contener.

Con ello, el sistema electoral que nació en 1977 estaría dejando de satisfacer uno de los propósitos con los que fue concebido: prevenir los desastrosos rendimientos del sistema electoral de la Segunda República, un auténtico anti-modelo. Recordemos que a las reglas electorales republicanas se las responsabiliza de haber favorecido la formación de un sistema de partidos atomizado y polarizado, que dio lugar a una competición electoral centrífuga, basada en la confrontación radical entre dos grandes bloques y que, en definitiva, contribuyó a la inestabilidad del sistema político.

Si se confirman los pronósticos, el sistema electoral del Congreso revelaría de nuevo sus cualidades potencialmente camaleónicas, proyectando tonalidades electorales inéditas como reacción a la propia evolución de la competición entre los partidos. Y desmentiría a todos aquellos que, durante décadas, han acusado a nuestras reglas electorales de impedir trasladar al Parlamento los cambios que se producían en la sociedad española. Nuestro veterano sistema electoral, con sus luces y sus sombras, ha permitido que atravesemos distintos sistemas de partidos: desde un pluralismo moderado en los albores de la democracia, pasando por un sistema de partido predominante a lo largo de los 80, más de dos décadas de bipartidismo imperfecto y, más recientemente, está dando lugar a otro formato multi-partidista, que en estas elecciones podría adoptar la forma de un ‘bipolarismo fragmentado’. El sistema de partidos está lejos de alcanzar una situación de equilibrio, pero lo que parece incuestionable es que en la España vacía se librará la batalla por unos escaños que nunca habían sido tan codiciados.

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