El sur global, una bomba de tiempo a la que no estamos respondiendo

En los últimos días, Donald Trump ha decidido congelar la contribución estadounidense a la Organización Mundial de la Salud (OMS) mientras que el Fondo Monetario Internacional (FMI) ha aprobado el alivio de la deuda para 25 países por seis meses. La primera medida (como siempre, tomada en función de cálculos de política interna) amenaza con dificultar la cooperación internacional en un momento clave; la segunda demuestra una falta de visión preocupante respecto a la amenaza que la pandemia representa para el sur global.

Como otros han explicado en los últimos días, la amenaza es enorme y evidentes las dificultades para hacerle frente. En los países del norte, la respuesta a la pandemia se ha apoyado en dos pilares: por un lado, se ha impuesto el confinamiento obligatorio para aplanar la curva de afectados y, por otro, se han implementado ambiciosos planes de rescate. Aunque los detalles varían, tanto Estados Unidos como la mayor parte de países europeos han aumentado la inversión en la Sanidad pública, puesto en marcha planes de protección de empleo y salarios, y buscado formas de evitar la bancarrota de empresas de todos los tamaños. De acuerdo con estimaciones de la Conferencia de Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (Unctad, en sus siglas en inglés), estos esfuerzos aportarán 1,4 billones de dólares al ingreso mundial este año.

Desde Argentina a India, un número creciente de países del sur global han tratado de seguir esa misma estrategia; poniendo, eso sí, más acento en el confinamiento que en el apoyo económico. Por desgracia, aunque todavía no sea del todo evidente, esta estrategia es probablemente insostenible. En países donde más de la mitad de la población tiene empleos informales y vive de un día para otro, ¿cómo se puede poner en práctica un confinamiento efectivo? En economías donde la provisión de alimentos de millones de personas tiene lugar a través de mercados informales, ¿cómo se asegura la alimentación?

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En este contexto, es imperativa la expansión significativa de los programas de transferencia. De hecho, la renta básica universal (discutida en varias contribuciones de Agenda Pública) tiene especial sentido en países altamente informales donde proteger ingresos es más importante que hacerlo con los empleos. En muchos países, las transferencias no son sólo la mejor política económica, sino también la mejor política de salud. Lamentablemente, dicha expansión se enfrenta a obstáculos políticos y económicos muy significativos.

Políticamente, las grandes empresas formales (que no son, sin embargo, las principales generadoras de empleo) están teniendo una enorme influencia sobre las políticas de emergencia. Piénsese, por ejemplo, en el caso costarricense (para nada una excepción), donde los esfuerzos iniciales se centraron en posponer el pago del Impuesto del Valor Agregado (IVA) y del impuesto sobre la renta de las empresas, y en el abaratamiento de los costes laborales mediante la reducción de los pagos a la Seguridad Social. En otros países, como México, el acento en la estabilidad macroeconómica se ha mantenido por mucho más tiempo del deseable, sin atender a su impacto sobre la política de salud.

La principal restricción es, en todo caso, económica. Buena parte de los países del sur se encontraban ya en dificultades antes de la pandemia y se enfrenta ahora a una combinación de shocks todavía peor que la que sufrieron durante la ‘década perdida’ de los 80, cuando los países latinoamericanos sufrieron 10 años de empobrecimiento sostenido.

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En primer lugar, tienen que hacer frente a una reducción muy significativa de sus ingresos externos. Sólo en el primer cuarto de 2020, los precios de las materias primas disminuyeron en un 37%, liderados por el hundimiento del petróleo. Las dificultades para generar divisas se observan también en muchos otros sectores. Pensemos, por ejemplo, en el turismo: no es sólo que el número de turistas en países como México, República Dominicana o Marruecos haya caído a casi cero en los últimos dos meses, sino que, además, la probabilidad de que se recuperen en 2021 son muy limitadas. Y qué decir de las remesas de emigrantes, afectadas tanto por la crisis económica en Estados Unidos y Europa como por la caída de los flujos migratorios; que, de nuevo, durará probablemente varios años.

Las devaluaciones de las monedas en muchos países constituyen un segundo gran problema. Muchas han perdido hasta un cuarto de su valor en relación con el dólar en los dos últimos meses, con efectos muy negativos para la gestión macroeconómica. Por un lado, las devaluaciones han generado un crecimiento sostenido en el valor local de la deuda externa. Por otro, crearán presiones inflacionistas (puesto que el precio de los productos importados crece de forma continuada) que pueden dificultar la adopción de las muy necesarias políticas monetarias expansivas por miedo a una subida excesiva de los precios.

La devaluación de la moneda es sólo uno de los factores que ha llevado al incremento en la deuda externa. La huida de los inversores a activos seguros como los bonos estadounidenses (a pesar de que ese país sea uno de los epicentros de la crisis sanitaria) hace que la prima de riesgo haya aumentado de forma significativa en todos los países del sur. De hecho, en 20 países emergentes el diferencial de tipos de interés entre la deuda nacional y los bonos del Tesoro estadounidense es ahora superior a los 10 puntos. Además, los mercados de capitales se han quedado parados, con lo que lograr préstamos para financiar la deuda es más difícil justamente en el momento en que es más importante.

¿Cómo pueden entonces los países del sur global financiar los déficits públicos? ¿Cómo lograr la imprescindible expansión de las redes de protección social? Las opciones son muy limitadas. Una sería aumentar los impuestos a la riqueza (alternativa particularmente atractiva en países muy desiguales), pero ello exige un capital político del que muchos gobiernos carecen. En algunos países con suficiente credibilidad macroeconómica, como Chile, quizás sea posible financiar los déficits imprimiendo moneda, pero en muchos otros esta opción es imposible. Sin duda, la opción más lógica sería un aumento significativo en la capacidad de financiación del Fondo Monetario Internacional (como exigía recientemente una serie de ex presidentes y ex ministros latinoamericanos), pero ¿será ello posible sin el apoyo de una Administración tan nacionalista e insolidaria como la dirigida por Donald Trump?

Ojalá esté pecando de pesimista y la pandemia no se expanda a la misma velocidad en el sur global que como lo ha hecho en Italia, España, el Reino Unido o los Estados Unidos. Si lo hace, nos podríamos encontrar con un desastre de dimensiones todavía mayores que el actual. Algunos países podrían experimentar simultáneamente una crisis sanitaria y una depresión económica de proporciones históricas que acabarían colapsando no sólo al sistema sanitario, sino a todo el aparato estatal y a los contratos sociales más básicos.

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