El triángulo de pobreza, migración y corrupción en el Triángulo Norte de Centroamérica

El llamado Triángulo Norte de Centroamérica ha destacado por ofrecer al mundo imágenes del drama ocasionado por la pobreza, la migración y la corrupción. Guatemala, Honduras y El Salvador comparten más que fronteras e historia. En 2018, caravanas conformadas por miles de personas partían caminando con destino a México y, posteriormente, a EE.UU. porque las economías nacionales ofrecen escasas oportunidades de empleo y una violencia incontrolable.

La economía de estos países ha dependido de las remesas que envían quienes han logrado establecerse en Estados Unidos. Se calcula que aproximadamente 800.000 hondureños, un millón de guatemaltecos y más de un 1,6 millones de salvadoreños residen en ese país. Lo anterior permite afirmar que la migración ha sido funcional para sus sistemas económicos y políticos. Son estados y economías débiles, cuyo comercio interno se reactiva con ese dinero en circulación.  

En marzo de este año, los tres afrontaron la llegada de la pandemia. Cuatro meses después, los reportes oficiales dan cuenta de más de 10.300 contagios en El Salvador, 28.000 en Honduras y 30.000 en Guatemala, para unos países cuya población oscila entre los seis, 10 y 16 millones de habitantes, respectivamente. Aunque las cifras absolutas puedan percibirse como poco significativas si se compara con los vecinos, el drama no es menor debido a la debilidad institucional y a la red de servicios públicos con las que se cuentan.

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Hay dos aspectos políticos que influyen en el manejo de la crisis sanitaria: primero, la capacidad de respuesta de los gobiernos y, además, los casos de corrupción. Cuando hablamos de calidad de la democracia, el grupo de indicadores en los que peor se situan los tres países son aquellos relacionados con el funcionamiento gubernamental. Por ello, es necesario evaluar su capacidad de respuesta. En 2019, en el Índice de Democracia de The Economist, los hondureños daban a su Gobierno una nota de 4,29 en este rubro, mientras que las de Guatemala y El Salvador se situaban en el 4,64, afectando significativamente al apoyo ciudadano al sistema democrático y al respaldo a las instituciones. Si la constante ha sido la incapacidad de implementar políticas públicas que respondan a las demandas y necesidades de la población, entonces, ¿cuál ha sido la efectividad de las puestas en marcha para combatir la crisis sanitaria de la Covid-19? 

Inicialmente, se aprobaron disposiciones para una fase de contención. Se decretó el cierre de fronteras en una región que cuenta con libre circulación de personas según el Tratado de Libre Movilidad CA-4, firmado desde 2006, que incluye también a Nicaragua. 

Pero el mayor reto sería la cobertura hospitalaria y el desempleo. Ambos son problemas de carácter estructural, vinculados a la ya mencionada debilidad estatal. Para afrontar la insuficiencia de camas y salas de cuidados intensivos, se planteó la instalación de hospitales temporales de atención a pacientes con Covid-19. En Guatemala, se comenzó con un hospital inaugurado al sur de la capital pero que jamás había empezado a funcionar y luego se anunció la adaptación de instalaciones reconvertidas en cinco hospitales temporales. En junio sentró en funcionamiento la primera fase del Hospital Covid de El Salvador. Llamó la atención porque, según el mandatario de ese país, tendría capacidad para 400 camas, aunque días después se dio a conocer la falta de equipamiento y personal médico contratado. El Gobierno hondureño aprobó la adquisición de siete hospitales móviles, mientras desde junio hay un déficit de camas para la atención de pacientes graves.

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De los tres presidentes del Triángulo Norte centroamericano, el que más años lleva en el poder es Juan Orlando Hernández. En su segundo mandato y tras seis años al frente del Gobierno, ha sido vinculado indirectamente con el narcotráfico, ya que el año pasado su hermano fue hallado culpable en Estados Unidos; pero también directamente, por dos personas que declararon ser testigos del pago de sobornos para su campaña política. El desgaste es mayor si se compara con la popularidad del presidente salvadoreño, quien asumió la Presidencia en septiembre de 2019 luego de haber ganado las elecciones sin necesidad de segunda vuelta. Quien menos tiempo lleva en el cargo es el mandatario guatemalteco, Alejandro Giammattei, al frente del Gobierno desde enero del presente año. 

¿Por qué hablamos de corrupción?

Como ya es tradición en la política de estos países, se han producido denuncias de corrupción y se ha criticado la ineficiencia administrativa para atender la crisis sanitaria. Como casos emblemáticos, en Honduras se autorizó la compra de siete hospitales móviles a una empresa turca por más de 47 millones de dólares, pero que tras varios meses de la adquisición no han sido instalados; en Guatemala, el Gobierno no puede alegar falta de recursos pues se aprobó una serie de préstamos y se han recibido donativos, pero el rasgo esencial es la falta de ejecución: el personal médico contratado en los hospitales temporales no ha cobrado durante tres y hasta cuatro meses; y aunque la figura del presidente salvadoreño goza de un amplio respaldo popular, se ha puesto en duda el manejo de los fondos por adquisiciones sobrevaloradas de insumos médicos a familiares del ministro de Salud, miembros del Gabinete y un diputado oficialista. Simultáneamente, se denuncia la falta de personal médico y de equipos. 

Discursos y liderazgos 

La crisis ha permitido plantear nuevamente la debilidad institucional y el rol del liderazgo político en la región. Antes de la pandemia, Nayib Bukele (El Salvador) desafió a la Asamblea legislativa y a los partidos políticos tradicionales. No se consumó un auto-golpe de Estado, pero la tensión se ha mantenido durante la crisis. El presidente salvadoreño no desaprovecha la oportunidad para posicionarse mediáticamente, ya sea con la inauguración del hospital Covid-19, rebajando o negando el pago de salarios a diputados e incluso enfrentándose al Poder Judicial por declarar inconstitucionales varios decretos ejecutivos relativos a la Ley de Restricción Temporal de Derechos Constitucionales para Atender la Pandemia Covid-19.

En sociedades sumamente conservadoras y religiosas, los discursos de los tres presidentes evocan a Dios y a la religión, convocando ayunos, haciendo oración en cadenas nacionales para comunicar disposiciones y reportes de contagios. El mensaje religioso prevalece sobre el técnico. Juan Orlando Hernández llamó «malnacidos» a quienes se aprovechan de la crisis y se ha referido a la pandemia como una guerra en medios de comunicación afines.

Frente a las demandas de atención y eficiencia para el sector público, los gobiernos del Triángulo Norte de Centroamérica están demostrando su incapacidad a la hora de implementar políticas. Esto continuará repercutiendo negativamente en el apoyo a la democracia, porque quien confía en ciertos liderazgos, ante situaciones extraordinarias se excusa mediante discursos.

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