El verdadero ‘momento hamiltoniano’ de la UE depende de sus impuestos

El pasado 21 de julio, los jefes de Estado y de Gobierno de la UE acordaron el Plan de Recuperación para reactivar la economía europea, diezmada por la Covid-19. El plan comprometía 750.000 millones de euros, movilizados mediante la emisión de bonos europeos. Los editoriales describieron el acuerdo como un «momento hamiltoniano», en referencia al primer secretario del Tesoro estadounidense, Alexander Hamilton, quien unificó la deuda de los estados. Sin embargo, el verdadero hito de Hamilton fue complementar la asunción de la deuda con la introducción de impuestos capaces de sostenerla.

Pese a no mutualizar la deuda de sus miembros, la UE se enfrenta hoy a la misma necesidad de movilizar recursos propios. Construir un sistema fiscal autónomo es uno de los mayores retos comunitarios, y superarlo es condición necesaria para desbloquear el Plan de Recuperación. Además, los impuestos europeos dotarían a la UE de mayor independencia, credibilidad crediticia y eficiencia económica, y mejoraría su percepción institucional. La reticencia de los parlamentos nacionales, que han de refrendar el acuerdo europeo, puede ser el gran obstáculo para los tributos europeos. Éste será uno de los grandes frentes de la política europea en los próximos meses.

Por qué necesitamos impuestos europeos

Hamilton sabía que deuda e impuestos eran dos caras de la misma moneda, siendo los segundos la cara más fea. La unificación de la deuda pasó de proyecto a realidad después de unos meses de debate parlamentario y, según la leyenda, una negociación a puerta cerrada entre Thomas Jefferson, James Madison y Hamilton. Los impuestos le costaron a éste mucho más tiempo y quebraderos de cabeza. Para evitar la evasión fiscal de los contrabandistas, tuvo que establecer la Guardia Costera de los Estados Unidos. Cuando introdujo el impuesto al güisqui, los productores de Pennsylvania y Virginia se levantaron en armas y Washington tuvo que movilizar al Ejército por primera vez desde la Guerra de Independencia para sofocar la rebelión.

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La UE no se arriesga a una insurrección, pero el establecimiento de impuestos comunitarios puede ser un proceso tenso y polarizador, campo de batalla entre aquellos que consideran la UE como una confederación de estados soberanos y quienes creen en su destino federal. Cabe preguntarse si merece la pena dedicarle mucho capital político. Tanto por motivos tácticos como estratégicos, creemos que sí.

A corto plazo, la emisión de deuda europea para el plan de recuperación depende de la aprobación de la Own Resource Directive, que empodera a la UE para recaudar algunos impuestos propios. El motivo es claro: antes de poder emitir deuda a nivel europeo, la Unión quiere asegurarse de tener recursos suficientes para reembolsar dicha deuda, sin tener que comprometer el presupuesto de sus programas insignia como el programa de intercambio de estudiantes Erasmus, la Política Agrícola Común o la investigación a nivel europeo; y sin tener que aumentar la presión fiscal sobre las transferencias de los estados miembros al presupuesto de la Unión. En pocas palabras, sin impuestos comunitarios, los 750.000 millones comprometidos en el Plan de Recuperación se convertirían en papel mojado. El colapso económico resultante podría eclipsar la Gran Recesión post-2008.

A largo plazo, los impuestos comunitarios reforzaría la UE en al menos cuatro frentes. Primero, aumentarían la independencia y autonomía de instituciones de la Unión, que no tendrían que amoldar su agenda para maximizar las transferencias de los estados. Segundo, garantizarían su credibilidad crediticia. Pese al éxito de las subastas de bonos europeos para el programa Sure contra el desempleo, la crisis de deuda de 2010 debiera despejar cualquier viso de complacencia. Tercero, una fiscalidad europea aportaría predictibilidad presupuestaria, permitiendo proyectos más ambiciosos. Por último, la percepción de la UE podría mejorar: en vez de consumir recursos nacionales, la UE levantaría sus propios recursos de forma más equitativa y eficiente de lo que los estados pueden conseguir por separado. De tal manera, se dejarían de considerar las cuentas europeas en términos de transferencias netas entre estados miembros y la Unión, y se reforzaría la visión de valor añadido de las inversiones europeas.

Por qué tiene sentido

Los recursos propios que están siendo discutidos a nivel europeo son impuestos relacionados con el medio ambiente, las grandes empresas digitales y las entidades financieras, contra las cuales sería más difícil posicionarse a nivel nacional. Europa tendría una posición negociadora mucho más fuerte si contase con el peso de sus 450 millones de habitantes y sus más de 18 trillones de euros de Producto Interior Bruto. Además, si estos impuestos se implementasen a nivel nacional, se correría el riesgo de crear grandes distorsiones entre países de la Unión, cada uno compitiendo por una fiscalidad menos taxativa. En contraste, la coordinación europea reforzaría la justicia fiscal, distribuyendo equitativamente el peso de las contribuciones entre los diferentes actores económicos.

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A principios de noviembre, el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión llegaron a un acuerdo interinstitucional en el cual aprobaron una hoja de ruta clara sobre la puesta en marcha de nuevos recursos propios que ayuden a reembolsar el Plan de Recuperación. El primero de ellos, ya acordado y que se introducirá en enero de 2021, es un impuesto basado en residuos plásticos no reciclados. Respecto al resto, la Comisión se ha comprometido a presentar propuestas sobre un mecanismo de ajuste de carbono en frontera (por ejemplo, un impuesto sobre el contenido de carbono a las importaciones que refleje el coste que asumen los productores europeos en el marco del Régimen de comercio de derechos de emisión de la UE); y sobre una tasa digital para junio de 2021, con vistas a su introducción en enero de 2023 como muy tarde. La Comisión también revisará el Régimen de Comercio de Derechos de Emisión de la UE a principios de 2021, incluyendo su posible extensión al transporte marítimo, y propondrá que sea considerado como un recurso propio a partir de 2023. Respecto a nuevos recursos propios adicionales, podrían incluir un impuesto sobre las transacciones financieras y una contribución financiera vinculada al sector empresarial, o un nuevo tributo de base corporativa común.

La fiscalidad comunitaria sigue en el aire

A pesar del acuerdo interinstitucional de principios de noviembre, todavía queda camino por recorrer. El Consejo tiene que aprobar la ‘Own Resource Directive’ por unanimidad, y los parlamentos nacionales deberán ratificarlo después. Éstos son prerrequisitos legales para que la Unión pueda empezar a emitir deuda para el nuevo Fondo de Recuperación. La reciente amenaza de veto de Hungría y Polonia por su vinculación con el Estado de derecho muestra que el camino no va a ser sencillo. Es posible que ambos países vayan de farol, ya que serían grandes beneficiarios de las ayudas europeas. Pero basta con que uno de los Veintisiete se niegue a ratificar el acuerdo para que queden bloqueadas la generación de recursos propios y la emisión de deuda europea. Asegurar el apoyo de los frugales nórdicos y de los populistas de Europa del este debe ser uno de los grandes objetivos del europeísmo en los próximos meses.

La fiscalidad comunitaria no es el asunto más glamuroso de la agenda pública europea, pero sí uno de los más importantes. El juez del Tribunal Supremo Oliver Wendell Holmes escribió que “los impuestos son el precio de la civilización”. Los comunitarios son el precio de una UE capaz de responder a los retos de nuestro siglo. Parafraseando al próximo ex presidente estadounidense: “That’s a GREAT deal!”.

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