El veto presupuestario es una prerrogativa, no un privilegio

Que la cuestión presupuestaria es un terreno donde el protagonismo del Ejecutivo es notorio es una realidad difícilmente negable. Al Gobierno le corresponde, en exclusiva, la presentación de los Presupuestos Generales del Estado (art.134.1 CE) dado que al ser “el vehículo de dirección y orientación de la política económica” forman parte de la función de Gobierno que aquél tiene atribuida. No obstante, tras aprobarse los Presupuestos por las Cortes Generales, el Ejecutivo retiene importantes facultades en relación con los mismos dado que puede presentar proyectos de ley o vetar proposiciones de ley que impliquen, en ambos casos, un aumento de los gastos o disminución de los ingresos presupuestarios (art.134.5 y 6 CE).

[Recibe diariamente los análisis de más actualidad en tu correo electrónico o en tu teléfono a través de nuestro canal de Telegram]

Ocupándonos ahora de esta última posibilidad, que ha dado en llamarse veto presupuestario, lo que la Constitución pretende con él es evitar que el Parlamento, a través de la aprobación de diferentes leyes, desvirtúe los Presupuestos previamente aprobados por las propias Cámaras (art.134.2 CE). Si aquéllas han dicho que sí, aprobándolos, no pueden desconfigurarlos a posteriori, al menos sin la conformidad del Gobierno. Asimismo, otorgando dicha facultad al Ejecutivo, la Constitución pretende, en último término, salvaguardar la función de gobierno de éste, que podría verse obstaculizada si los Presupuestos, que son la base para desarrollar su programa, se ven desvirtuados por la actividad parlamentaria.

Ahora bien, dado que el veto presupuestario limita de forma muy notable la actividad legislativa de las Cámaras y el derecho fundamental de participación política (art.23 CE), su uso debe estar rodeado de garantías. De lo contrario, aquél podría devenir en una herramienta increíblemente útil para secuestrar a las Cortes. La práctica parlamentaria española, hasta la XII Legislatura, no había recurrido con demasiada asiduidad a este mecanismo. Sin embargo, en dicha Legislatura el Ejecutivo llegó a paralizar más de 60 proposiciones de ley, fenómeno sin precedentes en el panorama español.

Pues bien, dicho Ejecutivo fue advertido por el Tribunal Constitucional sobre el uso extralimitado que venía haciendo de esta prerrogativa ya en cuatro ocasiones, en 2 conflictos entre órganos constitucionales (SSTC 34/2018, de 12 de abril; 44/2018, de 26 de abril) y en 2 recursos de amparo (SSTC 94/2018, de 17 de septiembre; 139/2018, de 17 de diciembre). Esta semana, sin embargo, el Tribunal Constitucional (TC) ha vuelto a la carga (por quinta vez) para anular el veto gubernamental interpuesto por el anterior Ejecutivo frente a la proposición de ley que pretendía modificar la reforma laboral, presentada por el grupo parlamentario de Unidos Podemos. No ha dicho, sin embargo, nada distinto a lo que ya venía diciendo desde el año anterior, simplemente ha aplicado su doctrina a un nuevo caso, reafirmando la necesidad de interpretar restrictivamente esta potestad en manos del Ejecutivo.

En primer lugar, el Tribunal recuerda que el veto presupuestario sólo puede oponerse a aquellas proposiciones de ley que supongan un aumento de los gastos o una disminución de los ingresos del ejercicio presupuestario en curso, de manera que no cabe interponerlo en base a consecuencias económicas futuras. Este extremo resulta fundamental en la sentencia, dado que la proposición de ley vetada contenía una cláusula anti-veto, es decir, una cláusula que difería al siguiente ejercicio presupuestario la entrada en vigor de aquellas disposiciones con implicaciones económicas. El Tribunal, por tanto, entiende que se ha hecho una aplicación extensiva de la facultad de veto contraria al texto constitucional.

En segundo lugar, el TC recuerda que la incidencia de la proposición de ley en el presupuesto debe ser directa e inmediata, de forma que el Gobierno tiene que explicar qué partidas presupuestarias y de qué forma resultan comprometidas por la iniciativa en cuestión. Frente a esta exigencia, el Ejecutivo en este caso solamente adujo que, de prosperar la proposición de ley, se produciría un aumento de 100.000 perceptores de la prestación por desempleo lo que supondría un gasto adicional de 1.500 millones de €. El Tribunal le reprocha, no obstante, que no ofrece razonamiento ni cálculo alguno a través del cuál haya llegado a tales cifras, de forma que no es posible acreditar que existe una relación directa entre las medidas que contiene la proposición de ley y las partidas presupuestarias específicas que se verían afectadas. En definitiva, la previsión de potenciales o hipotéticos efectos económicos no es suficiente para entender que el presupuesto vigente se ve afectado.

En tercer lugar, el TC ha venido exigiendo que el acuerdo de la Mesa por el que decide aceptar el veto presupuestario interpuesto por el Gobierno esté motivado. Al limitarse el Acuerdo de la Mesa, en este supuesto, a señalar que el Gobierno ha ofrecido una fundamentación suficiente y razonable sobre el uso del veto, sin responder a los distintos argumentos esgrimidos por el grupo parlamentario proponente acerca de que la falta de afectación presupuestaria, ha ofrecido una justificación abstracta y formalista que no cumple con la función de control que aquélla tiene atribuida.

En virtud de estos argumentos, el Tribunal declara inconstitucional los Acuerdos de la Mesa del Congreso que admitieron dicho veto. Se entiende, por tanto, que el Ejecutivo se ha extralimitado en el uso de dicha potestad, vulnerando el derecho al ejercicio del cargo público parlamentario de los proponentes de la iniciativa (art.23.2 CE) y el derecho de los ciudadanos a participar en los asuntos públicos a través de representantes (art.23.1 CE).

¿Qué consecuencias tiene esto? Por un lado. la retroacción de actuaciones para que la Mesa dicte un Acuerdo que cumpla con las exigencias constitucionales del veto y que, por consiguiente, admita a trámite la proposición de ley para que pueda ser tomada en consideración. No obstante, dado que las Cámaras se disolverán el próximo 5 de marzo, la iniciativa no podrá completar su tramitación. Por otro lado, el pronunciamiento del Tribunal, al igual que los previos, debería servir como lección para los distintos Ejecutivos acerca de lo que puede y no puede hacerse en ejercicio de la facultad de veto. En definitiva, se trata de que el veto siga funcionando como una prerrogativa al servicio del Presupuesto y no como un privilegio, al servicio del Gobierno y de su mayoría parlamentaria, al que recurrir cuando no existan demasiadas garantías de que la proposición de ley sea rechazada por las Cámaras o cuando siquiera resulte conveniente o cómodo discutir acerca de su rechazo.

Autoría

Dejar un comentario

X

Uso de cookies

Esta página utiliza cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y mostrarle información relacionada con sus preferencias mediante el análisis de sus hábitos de navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso.. Puede cambiar la configuración u obtener más información aquí.