Emergencia climática y Pacto de Estado

Son muchas las entidades y organizaciones y somos muchos los ciudadanos que venimos reclamando desde hace tiempo la declaración del “Estado de Emergencia Climática”. En España, en el último Pleno del Congreso de la fallida legislatura se aprobó una moción que “insta” al Gobierno a llevar a cabo ese pronunciamiento. Con el consenso de casi todas las fuerzas políticas se reconocía así la necesidad de dar ese importante paso que debe tener como primer objetivo trasladar al conjunto de la ciudadanía la gravedad de la crisis climática a la que nos enfrentamos. Lamentablemente esa moción decaía días después al disolverse las cámaras y convocarse elecciones para el 10 de noviembre.

Esa “declaración de emergencia climática” deber ser, en efecto, primero un aldabonazo en la conciencia de nuestra sociedad que empieza a despertar, gracias a las movilizaciones de los jóvenes, de un letargo suicida en el que teníamos cerrados los ojos a una realidad que está aquí pero que se aborda demasiadas veces como un problema de futuro. Esa toma de conciencia es muy importante, sí, pero no es solo eso. La declaración del “Estado de Emergencia Climática”, que ya han aprobado otros países y algunas entidades locales en nuestro país, tiene que abrir con toda celeridad —respondiendo a esa reconocida urgencia— un proceso que necesariamente tendrá muchos frentes en el ámbito legislativo y con implicaciones en casi todas nuestras actividades desde los procesos industriales al más cotidiano de nuestros gestos, lo que incluye la movilidad o nuestro modelo alimentario.

[Con la colaboración de Red Eléctrica de España]

Es obvio que ese, vamos a llamarlo así, “reconocimiento oficial de la realidad” (realidad que no hemos querido ver hasta ahora) permitiría, avalaría, facilitaría, sembraría el terreno para llevar a cabo muchas iniciativas imprescindibles para abordar la crisis climática a la que nos enfrentamos. Una de esas iniciativas que se vería muy favorecida por esa declaración, es el Pacto de Estado de la Energía. Quizás el término “pacto de estado” ya está demasiado gastado de tanto reclamarlo en este como en otros terrenos, como puede ser el de la educación o la sanidad; hablemos de acuerdo, consenso, trabajo conjunto o como queramos llamarlo.

El caso es que este Pacto de Estado es clave porque, sin duda, la respuesta más clara que existe frente a la crisis climática es el cambio de nuestro modelo energético. La combustión de petróleo, gas y carbón es la primera de las causas del calentamiento global. Es un diagnóstico inequívoco. Frente a ese modelo tenemos la alternativa de un modelo basado en el ahorro, la eficiencia y las renovables. Un nuevo modelo que es posible tecnológicamente, es viable financieramente, es beneficioso socialmente y es necesario estratégicamente.

Pero esa transición energética, que la velocidad del cambio climático nos va a obligar a acelerar sí o sí, necesita unas reglas del juego con vocación de permanencia, y esa continuidad requiere una hoja de ruta que no cambie cada legislatura.

La pasada primavera la Fundación Renovables presentó el documento “Escenarios, políticas y directrices para la transición energética” en el que, además de describir el panorama que acabo de resumir, examinaba y enjuiciaba los diferentes textos legislativos y propuestas políticas existentes con relación al cambio climático y la transición energética tanto a nivel nacional y autonómico como internacional. Concluía este análisis que tanto la normativa de la Unión Europea y los objetivos de reducción de emisiones a 2030 y 2050 como las propuestas más relevantes de países de nuestro entorno, abren una extraordinaria ventana de oportunidad y de diálogo para transformar el modelo energético y la configuración de la futura Ley de Cambio Climático y Transición Energética.

El problema es que hasta hoy el “patio político” no estaba para pactos y no porque las diferencias en este ámbito sean más insalvables que en otros terrenos. Más bien al contrario. Apartado de responsabilidades en el PP Álvaro Nadal, para quien todo lo que fuera ahorro, eficiencia, renovables o autoconsumo era como mencionar las diez plagas de Egipto, hoy cabría pensar que no es imposible un acuerdo en el ámbito de la energía. La convalidación del Real Decreto Ley 15/2019 de medidas urgentes para la transición energética fue aprobado en el Congreso solo con dos votos en contra. Si un decreto ley puede suscitar el acuerdo que supone al menos la abstención de las principales fuerzas de la oposición (160 abstenciones) creo que una negociación bien planteada podría dar como fruto un acuerdo suficiente para definir la hoja de ruta que necesitamos.

El guión de la negociación de ese Pacto de Estado de la Energía existe, con documentos como las propuestas de la Fundación Renovables, y una declaración formal del “Estado de Emergencia Climática” sería el mejor lubricante para hacerlo posible. Debe ser una de las primeras tareas de esa nueva legislatura que no podemos permitirnos volver a desaprovechar.

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