En defensa de nuestra intimidad y libertad

En el último suspiro de la legislatura, el Parlamento ha aprobado una multitud de leyes francamente inabarcable, con escaso o nulo consenso y con un debate parlamentario bastante deficitario. Una de esas leyes reformadas es la Ley de Enjuiciamiento Criminal, cuyas normas son bastante más relevantes para los ciudadanos de lo que se puede suponer. En último término, se trata de la principal ley que desarrolla los límites de nuestra intimidad y libertad en general, porque marca con claridad las líneas rojas que el Estado no puede cruzar de ningún modo para inmiscuirse en nuestras vidas.

La reforma tiene aspectos muy positivos, como la generalización de la segunda instancia en los procesos penales, la regulación –por fin– de las diligencias de investigación que entrañan tecnología –intervenciones telemáticas–, la toma de muestras de ADN al reo asistido de abogado o la mejora de los derechos del detenido, al que, por presión de la normativa europea, se le concede, entre otros derechos, una entrevista con su abogado antes –y no sólo después– de prestar declaración ante la policía, así como un más amplio acceso a las actuaciones de la investigación para poder defenderse debidamente. Todo ello hacía mucho tiempo que era necesario, y lo extraño era que el legislador español no hubiera reaccionado en todos estos años.

Sin embargo, también se han introducido demasiadas normas inquietantes, que conviene que no pasen desapercibidas. A partir del 7 de diciembre de 2015, el ciudadano debe saber que el juez de instrucción puede autorizar que se le detenga de manera incomunicada si existe “necesidad urgente de una actuación inmediata para evitar comprometer de modo grave el proceso penal” (art. 509.1.a), redactado que abre una posibilidad que resulta demasiado ambigua. También puede el juez de instrucción ordenar que se le intervengan todas sus comunicaciones, en espacio público o privado –inclusive su casa–, por la imputación de cualquier delito de pena superior a tres años, lo que abre un abanico de muchísimas figuras delictivas, no todas ellas tan graves como puede pensar el lector (588 bis a588 quater e). También puede ordenar el juez que se le coloquen de cualquier modo –no se concreta cómo– dispositivos para su seguimiento y localización, y esto por cualquier delito (588 quinquies b588 quinquies c). Asimismo podrá el juez autorizar la intervención de los datos que posea en cualquiera de sus ordenadores o memorias (588 sexies a 588 sexies c).

Y cuidado con ser sospechoso de la enorme variedad de delitos contra la Constitución, o bien de cualquier delito –literalmente cualquiera– cometido a través de instrumentos informáticos o de cualquier otra tecnología telemática, porque le pueden instalar un “troyano” para rastrearle su ordenador (art. 588 septies a588 septies c). Por cierto, la policía podrá grabarle, sin autorización judicial, en cualquier espacio público (588 quinquies a).

Muchas veces evocamos la realidad reflejada en novelas como 1984, o en películas como La vida de los otros, y pensamos que jamás viviremos en regímenes donde sus autoridades puedan rastrearnos en cualquier lugar de nuestras casas. Pero resulta que esto va a ser una realidad en España, no tan frecuente como se dice en otros países –Reino Unido, con muchísimas matizaciones–, y que desde luego no es el caso ni en Francia ni tampoco en Alemania en los términos que lo ha planteado el legislador español. El miedo al terrorismo, sobre todo, ha inducido a algunos políticos a emprender reformas restrictivas de la libertad de los ciudadanos de las que un día se van a acabar arrepintiendo, porque las sufrirán ellos mismos en manos de Gobiernos que no dependan de los actuales legisladores. Los políticos impulsores de la reforma han creído que simplemente con que un juez de instrucción emita una autorización para la restricción de nuestra intimidad, e instruirle para que lo haga sólo con carácter excepcional, ya podemos estar tranquilos de que será legítima.

Pero no es así. Un juez no puede autorizar, tampoco excepcionalmente, la reducción a la nada de nuestro derecho a la intimidad, igual que tampoco podría autorizar nuestra tortura física o psíquica. En todos los derechos fundamentales –y la intimidad no es una excepción– tiene que haber un espacio inalienable en el que el Estado no pueda entrar, porque ese es justamente nuestro espacio de libertad absolutamente irrenunciable y del que, en democracia, no puede disponer ningún poder público, por legítimo que sea o se crea. Hay que recordar que los derechos fundamentales son una defensa infranqueable que tenemos los ciudadanos frente al inmenso poder del Estado. De hecho, la única que tenemos. Si los derechos fundamentales sólo existen cuando lo deciden los poderes del Estado, dejan de existir los derechos fundamentales. El Estado no lo es todo ni puede llegar a todas partes. El Estado, en pocas palabras, no puede obligarnos a renunciar a nuestra libertad con la excusa de protegernos.

Es sorprendente que las protestas contra la reforma se hayan centrado, sobre todo, en la limitación de los plazos máximos de la instrucción que, con ser francamente discutible, no es más grave que lo que acabo de describir. Se puede decir que esas medidas ya las permitía la jurisprudencia antes de existir esta nueva ley, y es cierto, pero eso hacía que la situación fuera jurídicamente espantosa, pero al menos no tenía el refrendo explícito del legislador. Ahora la ley ha sancionado una inaceptable privación excesiva de nuestras libertades más esenciales.

Confiemos en que en el futuro el ciudadano se dé cuenta de que todo lo referido le afecta muy directamente, y que no sólo se aplica a los “malos”, sino a él también si es víctima de una errónea, o incluso falsa, imputación. Así quizás reaccionará el legislador y se dará cuenta de lo que, probablemente de buena fe, ha hecho con esta reforma, y dará marcha atrás en la misma. Es nuestra forma de entender la sociedad y nuestra libertad lo que está en juego, pero también las de las generaciones futuras.

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