En ruta hacia la transición democrática en Venezuela

«¿Cómo terminan las dictaduras?» Es una pregunta que los venezolanos nos hemos hecho periódicamente en los últimos cinco años. Cuando me han pedido un escenario de desenlace, he respondido haciendo referencia a las conclusiones que se derivan de la investigación de Barbara Geddes: los regímenes de partido hegemónico duran un promedio de 25 años, no se fraccionan fácilmente y sólo se abren a la transición democrática en condiciones de severas crisis económicas combinadas con movilización social, protestas populares y presión internacional. El chavismo cumplió 20 años en el poder, Venezuela sufre la crisis económica más severa de su historia, la movilización social vuelve a hacerse presente (mayor que en los ciclos precedentes de 2017, 2016, 2014, 2013, 2011, 2007 y 2003) y, finalmente, la mayor parte de los países de América y Europa han expresado formalmente su apoyo a una transición de retorno a la democracia.

El pasado 23 de enero, el liderazgo político venezolano convocó a una serie de cabildos abiertos con los cuales se iniciaba una campaña de movilización nacional con tres objetivos estratégicos: 1) Que cesara la usurpación del Ejecutivo nacional por parte de Nicolás Maduro y su Gabinete; 2) el establecimiento de un Gobierno de transición en el cual, de acuerdo con la Constitución, el presidente de la Asamblea Nacional se encargaría de la Presidencia de la República; y 3) convocatoria de elecciones presidenciales en el lapso de un año, tiempo que permitiría la designación de los rectores del Consejo Nacional Electoral de acuerdo con la ley, la apertura del Registro Electoral, el diseño del sistema de votación, la vuelta a la legalidad de los partidos políticos que fueron ilegalizados, el regreso de los dirigentes políticos en el exilio y la liberación de todos los presos políticos. Cabe destacar que estos tres objetivos estratégicos mantienen una línea de continuidad con el mandato de la Consulta Popular, realizada el 16 de julio de 2017, de restablecer la vigencia efectiva de la Constitución conforme a su artículo 333.

A la movilización convocada por el liderazgo político se han sumado centenares de organizaciones sociales y organizaciones de defensa de derechos humanos venezolanas. Los activistas sociales y los activistas políticos de base han sido agentes cruciales para las masivas movilizaciones que se han registrado en más de 70 ciudades y pueblos del país en el mes reciente.

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La represión contra la sociedad civil venezolana que, según los datos del estudio global Varieties of Democracy comenzó a aumentar a partir de 1999 y tuvo un incremento significativo a partir de 2013, también se ha dirigido a este ciclo de movilización social y política. La ola represiva a partir del 21 de enero se resume en los siguientes números: 35 personas asesinadas por arma de fuego tras protestas vecinales populares, ocho ajusticiados en barrios populares luego de terminar las protestas, más de 900 personas arrestadas (entre ellas, 77 adolescentes) y cuatro desaparecidos. El número de presos políticos en las cárceles venezolanas supera las 300 personas.

No obstante, se observa un cambio cualitativo en el patrón de represión de las movilizaciones. En los anteriores, la represión se daba contra las marchas masivas y las concentraciones. Actuaban combinadamente la Guardia Nacional Bolivariana, la Policía Nacional Bolivariana, policía política Sebin y grupos paramilitares conocidos como colectivos. Esos operativos conjuntos ocurrían oficialmente ante el llamado presidencial a ejecutar el Plan Zamora, mecanismo de control militar interno que ha estado en funcionamiento desde 2014. Las víctimas caían por heridas de bala, perdigones o impacto de bombas lacrimógenas durante las manifestaciones.

En cambio, durante las primeras tres semanas de movilización de 2019 no se han activado acciones conjuntas del Plan Zamora. La policía política Sebin y la Guardia Nacional han tenido poca presencia. La represión se ha desplegado fuera del contexto de las manifestaciones, atacando directamente viviendas en barrios populares. Casi todas las víctimas son atribuidas a la Fuerza de Acciones Especiales (Faes) de la Policía Nacional Bolivariana, que actúa sola o en compañía de ‘colectivos’, en acciones similares a la actuación rutinaria de la operación de Liberación del Pueblo, que ejecuta razzias en los sectores populares desde 2015.

No hay evidencias concluyentes, pero sí indicios de dificultades para desplegar el Plan Zamora, por resistencia de funcionarios de la Guardia Nacional y de la Policía. El pasado 21 de enero se registró un intento de insubordinación de tropa profesional en un cuartel de la Guardia Nacional, ubicado en la zona popular de Cotiza, en Caracas. La opacidad en el sector militar hace difícil precisar la cifra, pero se estima que hay entre 150 y 200 militares presos en Venezuela por insubordinación o por conspiración.

El 2 de febrero, efectivos de la Policía Nacional Bolivariana que debían acordonar una concentración en la ciudad de Barquisimeto se abrazaron con manifestantes para luego proceder a retirarse. No se conocen detalles de los motivos (tampoco si fueron sancionados con posterioridad), pero el incidente apoya la percepción de que efectivos de seguridad del Estado venezolano están negándose a cumplir órdenes de represión de manifestaciones.

Observamos en el ciclo de movilización de 2019 aprendizajes con respecto a las experiencias de los ciclos de 2014 (cuando el liderazgo político no logró articularse con el movimiento estudiantil que estableció los campamentos de protesta) y de 2017 (cuando la falta de un plan de movilización táctica llevó a que el movimiento fuera aplastado por la represión). El Frente Amplio Venezuela Libre ha permitido una mayor articulación entre los partidos políticos y las organizaciones sociales. Así, se ha dado un poco más de importancia a la acción directa no-violenta (por ejemplo, el reparto de la Ley de Amnistía) y el fomento de la disidencia en las fuerzas de seguridad, dos variables clave en el éxito de las campañas de resistencia civil para cambio de regímenes.

Propiciar deserciones en las fuerzas de seguridad es uno de los principales objetivos tácticos del plan de trabajo del Frente Amplio Venezuela Libre. Desde inicios del mes de enero, se ha estado trabajando en: a) elevar los costes políticos y morales de la lealtad a Maduro; y b) disminuir los costes personales de desertar.

En ese sentido, desde la Asamblea Nacional se ha hecho énfasis en la Ley de Amnistía. El artículo 3 dice: “Se concederán todas las garantías constitucionales en favor de todos aquellos funcionarios civiles y militares que, actuando con base en los artículos 333 y 350 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, colaboren en la restitución de la democracia y el orden constitucional en Venezuela, conculcado por el régimen de facto encabezado por quien hoy se encuentra usurpando la Presidencia de la República”.

Se entiende que este artículo ofrece un puente para que los efectivos de las Fuerzas Armadas Bolivarianas depongan su apoyo al Gobierno encabezado por Nicolás Maduro, sin temor a ser juzgados posteriormente por los delitos que personalmente cometieron durante los 20 años del ‘chavismo’. Este texto de la Ley de Amnistía abre un debate sobre los mecanismos de Justicia transicional que se establecerían, puesto que las organizaciones de defensa de derechos humamos recalcan que se deben excluir de la amnistía a quienes hayan cometido crímenes de lesa humanidad.

En todo caso, sectores de la sociedad civil han promocionado entre los militares de la Ley de Amnistía, entendiendo la importancia de que éstos abandonen al Gobierno de facto para que se pueda avanzar en la transición de regreso a la democracia. El 28 de enero se realizó una jornada de movilización nacional en la cual ciudadanos se acercaban a los cuarteles a entregar el texto de la ley. No se reportaron detenidos ni agredidos en la jornada, que se desarrolló pacíficamente. Algunos funcionarios militares recibieron el texto de la ley (que consta de una exposición de motivos y seis artículos) y lo leyeron en presencia de los ciudadanos; en otros casos, los jefes de comandos se negaron a recibir el documento.

La articulación de la sociedad civil con las estrategias de acción política y el proceso incipiente de formación en resistencia civil han permitido minimizar la presencia de flancos radicales de protesta, como los que se vieron en ciclos anteriores: las ya tradicionales guarimbas (piquetes de cierres de vía) y La Resistencia juvenil de 2017. En su lugar, ha habido acciones programadas para la participación de los ciudadanos en protestas pacíficas e incluso festivas. En paralelo, en las marchas y concentraciones se han escuchado consignas renovadas, que señalan un nuevo momento de conciencia política:

Oiga la Guardia

Oiga el SEBIN

Esto se cae como

El muro de Berlín

No hablen de

Soberanía

Si aquí están Cuba

Rusia, China y Turquía

No somos Putin

Ni somos Trump

Somos el pueblo unido

Contra el opresor

Esas voces, esas consignas, son las que animan desde las calles a avanzar en la hoja de ruta trazada en el Estatuto de la Transición para la recuperación de la democracia en Venezuela.

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