Energía nuclear, una hipoteca para las próximas generaciones

Estos días se habla mucho de nucleares. ¿El motivo? El Gobierno ha presentado un plan a Bruselas que establece el cierre de las nucleares entre 2025 y 2035 y las eléctricas dueñas de las centrales han llegado a un acuerdo para solicitar la última ampliación de sus viejos siete reactores. Se habla mucho del Gobierno, de las eléctricas, pero no se hace tanto de las personas que sufren sus efectos, especialmente los más vulnerables.

[En colaboración con Red Eléctrica de España]

Este asunto nuclear puede abordarse desde distintas perspectivas: el derecho a la participación pública en las decisiones de ampliación de los reactores nucleares; las implicaciones respecto al precio de la luz derivadas de un sistema de mercado anticuado y pensado para un modelo que ya no existe; la falta de soluciones definitivas para el grave problema de los residuos nucleares; las lagunas legales; la falta de responsabilidad civil y un largo etcétera. Incluido también el más grave: el riesgo real de un accidente nuclear y sus consecuencias.

En casi todos estos asuntos, la infancia es una de las grandes perjudicadas. En primer lugar, porque todavía no tienen derecho a la participación pública, porque los costes externos de la energía nuclear que los adultos no pagamos la van a pagar ellos, porque les estamos dejando un legado radiactivo sin solución por el momento y porque además en caso de accidente, son mucho más vulnerables.

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Y es aquí donde se produce una de las muchas injusticias que genera la energía nuclear. En el momento del accidente nuclear de Chernobil (hace 33 años) más de ocho millones de personas vivían en estas zonas, incluyendo dos millones de niños y niñas.

Poco después del accidente, la población se vio expuesta a yodo radiactivo, (yodo-131) lo que aumentó su probabilidad de padecer cáncer de tiroides, especialmente aquellos expuestos durante su niñez. Pero además, la contaminación permanente de la comida es si cabe todavía más preocupante por la omnipresente exposición a largo plazo de la población local a la dañina radiación, incluyendo los niños que nacieron décadas después del accidente.

En Fukushima, el actual programa de descontaminación y su política de retirar las órdenes de evacuación está vulnerando la Convención sobre los Derechos del Niño. Su sensibilidad es mucho mayor en niveles de exposición, tanto altos como bajos, entre otras cosas porque tienen más tiempo para vivir y, por lo tanto, más tiempo para estar expuestos y más tiempo para desarrollar resultados adversos. La dosis que se considera admisible por el Gobierno japonés es la misma que el máximo anual recomendado por la Comisión Internacional de Protección Radiológica para los trabajadores nucleares adultos, que ahora se aplica a hombres, mujeres, niños y bebés por igual.

En España el garante de la seguridad nuclear es el Consejo de Seguridad Nuclear. Son quienes tienen que asegurar que nunca ocurra aquí lo que pasó en Chernobil y Fukushima. Pero este “nunca” es algo imposible técnicamente. Por ello debe incluir, además de las consabidas cuestiones técnicas, estas consideraciones éticas.

Pero cuando se habla sobre nucleares no se hace desde esta perspectiva de injusticia profunda, sino desde la perspectiva económica y sobre las consecuencias para la cuenta de resultados de las eléctricas, en concreto la de Endesa. Esa es la principal cuestión que sido debatida en el acuerdo que han pactado entre ellas hace apenas unos días.

Otros también hablan sobre la seguridad de suministro. Greenpeace encargó un estudio que concluye que es viable cerrar todas las nucleares y las térmicas de carbón en 2025. Esta es una de las conclusiones fundamentales del Estudio técnico de viabilidad de escenarios de generación eléctrica en el medio plazo en España, realizado por el Instituto de Investigación Tecnológica (IIT) de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de la Universidad de Comillas de Madrid, y aunque es positivo y necesario estudiar y debatir asuntos técnicos, esto no debería enmascarar el debate ético.

A otros también les preocupa el problema social, el empleo que proporcionan las plantas atómicas. Y en pos del empleo actual parece que todo vale, incluso cuando es justamente al revés. Tal y como demuestra el estudio que Greenpeace encargó en 2016 a Abay analistas, en términos de creación de empleo, se estima que de las actuaciones derivadas del desmantelamiento de las centrales nucleares conlleva creación de unos 100.000 empleos.

Pero hay otro gran tema del que no se habla: los residuos nucleares. Se obvian e impide asegurar el principio de justicia intergeneracional, según el cual quienes utilizan la energía nuclear tienen la obligación de preservar los recursos científicos, técnicos y financieros necesarios para que las futuras generaciones, es decir las niñas y niños de hoy y de mañana, puedan llevar a cabo la gestión de los residuos radiactivos y que está recogido en nuestro ordenamiento jurídico.

Según un informe europeo que compara la disponibilidad de fondos específicos para el desmantelamiento de las centrales nucleares y la gestión de los residuos en distintos Estados miembros, en España la financiación disponible ni siquiera alcanza el 30% de la financiación total que se va a requerir. Este porcentaje es el más bajo de los países europeos occidentales para los que se dispone de información. Además, un informe del Tribunal de Cuentas, publicado en 2015, señala que la naturaleza del fondo no garantiza el principio de justicia intergeneracional de obligado cumplimiento y alerta sobre una infradotación del fondo. Pero en este momento lo único que preocupa saber sobre este asunto es si la actualización de las tasas nucleares que tienen que pagar las empresas, serán mínimamente bajas como para que las eléctricas puedan pagarlas sin dejar de obtener rentabilidad, y queda muy lejos la consideración de justicia intergeneracional.  

Todo se podrá discutir y argumentar desde puntos de vista técnicos, pero desde el punto de vista ético no existe ninguna razón que avale la injusticia contra la infancia y la juventud que supone la energía nuclear, porque crean residuos nucleares peligrosos para la salud y el medio ambiente que tardan cientos de años en degradarse, y someten a la sociedad a una serie de cargas, servidumbres, y riesgos cuando hay alternativas viables a esta forma de generación eléctrica.

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