Enfriamiento económico en una sociedad más vulnerable

Soplan vientos de desaceleración económica a nivel global mientras en España persisten importantes fracturas sociales que nos convierten en una economía más vulnerable. Sin necesidad de que estalle una crisis tan grave como la de la pasada década, una ralentización del crecimiento puede ser más que suficiente para que, dadas las vulnerabilidades que persisten, el impacto sea mayor y especialmente dañino para una parte importante de la sociedad española.

Estos años de recuperación económica no han curado por sí solos todas las heridas de la pasada crisis y muchas de ellas siguen supurando y esperando urgentemente medidas de política social. En estas condiciones, cada décima de crecimiento del Producto Interior Bruto que perdamos será un gran riesgo para una sociedad aún más endeble que en 2008. Los que más sufrieron las consecuencias de la crisis económica y no han sentido la recuperación en sus bolsillos corren el riesgo de sortear con graves dificultades los nuevos vientos de desaceleración. Un total de 12,2 millones de personas están en riesgo de pobreza o exclusión social y 8,5 millones, según Foessa, en situación de exclusión social. Si la caída interanual del PIB en 2009 (del 3,8%) disparó el siguiente ejercicio la tasa de riesgo de pobreza o exclusión social por encima del 25%, hoy, con un crecimiento del entorno del 2%, esta tasa ya asciende al 25,6%, por lo que una situación de desaceleración prolongada puede generar un impacto social mayor.

Los principales organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial o la OCDE alertan sobre la desaceleración económica e, incluso, sobre la probabilidad de una nueva crisis debida, en gran parte, a la guerra comercial. “La desaceleración generalizada hará que el crecimiento caiga este año a su tasa más baja desde principios de la década”, señaló la nueva presidenta del FMI, Kristalina Georgieva, a lo que añadió contundentemente: “Si esperamos a la próxima crisis, será muy tarde. Debemos actuar ahora”.

España ha mantenido unas mayores tasas de crecimiento y está resistiendo a la ralentización global mejor que otras economías avanzadas. No obstante, el propio Gobierno ha rebajado al 2,1% el crecimiento previsto para este año y la mayor parte de proyecciones se han revisado a la baja: el FMI, una décima por año, hasta el 2,2% para 2019 y el 1,8% para 2020; el Banco de España, del 2,4% al 2% para este año y del 1,9% al 1,7% en 2020; y Funcas, descartando que el país se vaya a sumergir en una nueva recesión, apunta a un menor crecimiento de la actividad y el empleo y rebaja sus proyecciones de avance del PIB al 1,9% para 2019 y al 1,5% para 2020.

Si bien muchas de estas vulnerabilidades afectan al plano más estrictamente económico o de las finanzas públicas, como son el elevado endeudamiento, el déficit público o el estancamiento de la productividad, gran parte de las debilidades residen en el ámbito económico-social de los hogares: alta precariedad laboral, elevados niveles de pobreza y exclusión social o tendencia a la cronificación de la desigualdad.

Si en el anterior periodo pre-crisis la debilidad residía fundamentalmente en la alta ocupación en el sector de la construcción y en los elevados niveles de endeudamiento, ahora es la situación de precariedad laboral y las difíciles situaciones socioeconómicas de las familias las que ponen entre las cuerdas a un alto porcentaje de la población.

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El estallido de la burbuja inmobiliaria hace ya más de una década tuvo profundos y negativos efectos en la construcción. El 60% de la destrucción de empleo se produjo en este sector, llevándose por delante prácticamente la mitad de sus puestos de trabajo hasta 2013 (más de 1,5 millones), a los que se añadió otro medio millón de empleos destruidos en las ramas industriales y de servicios directamente vinculadas a aquél.

En estos momentos, si bien es innegable que una de las vulnerabilidades de la economía española sigue siendo la concentración de empleo en sectores de menor valor añadido y baja cualificación, especialmente en el sector servicios, el impacto de una desaceleración recaería fundamentalmente sobre los 8,5 millones de personas en situación de exclusión social (1,2 millones más que en 2007) y sobre el 26,1% de personas que viven en riesgo de pobreza o exclusión social (2,3 puntos porcentuales más que hace una década). Además, este porcentaje asciende al 58,9% en el caso de los desempleados, con lo que la situación se agrava si tenemos en cuenta que la tasa de paro española sigue en un alto 14%, que aún hay un millón y medio de parados de larga duración y que el 34% de los desempleados no recibe ningún tipo de cobertura.

En ausencia de medidas, También notarán especialmente estos impactos las tres de cada 10 familias con dificultades para llegar a fin de mes, el 13% de trabajadores pobres o aquéllos que están firmando contratos temporales y que representan más del 90% del total. Además, serán ciertos colectivos sociales, como los jóvenes, quienes peor sortearán los efectos de esta nueva etapa de frenazo económico si tenemos en cuenta que el 40% de los menores de 35 años reciben un sueldo que no supera los 1.200 euros de media, o que los hogares jóvenes se ven obligados a destinar el 91,2% de su salario y hasta el 47,4% del total de sus ingresos para acceder a una vivienda en alquiler, según los últimos datos del Consejo de la Juventud de España.

Según el Banco de España, durante la crisis económica los hogares con menores rentas per cápita fueron los que sufrieron una mayor caída de sus ingresos: para el 20% de los más pobres fue de más del 15%, mientras que los percentiles intermedios tuvieron reducciones cercanas al 10%, y los superiores, al 5%. Sin embargo, según Intermón Oxfam, 19 de cada 100 euros de crecimiento durante la recuperación han ido a parar a manos del 10% de hogares con las rentas más altas. Como resultado, entre 2007 y 2018 el 20% que menos tiene ha visto reducir su peso sobre la renta nacional desde el 7,1% al 6,6% mientras que el 20% más rico la ha incrementado del 30% al 39,7%.

¿Están los hogares preparándose para una etapa de desaceleración?

En estos últimos meses hemos asistido a dos fenómenos importantes: la disminución del consumo privado y el notable aumento de la tasa de ahorro de las familias. El consumo de los hogares avanzó un 0,6% interanual en el segundo trimestre de 2019 (el menor aumento desde 2014), mientras que el ahorro creció un 25,3% interanual, hasta los 41.984 millones de euros, disparando su tasa hasta el 19,3%, el porcentaje más alto en 10 años, o hasta el 8,7% eliminando los efectos estacionales y de calendario, el valor máximo desde el segundo trimestre de 2013.

En paralelo, los salarios comienzan a despegar progresivamente (el coste salarial creció un 2,1% en el segundo trimestre de 2019) y la renta de los hogares también se incrementa; la renta disponible bruta de los hogares se situó en el segundo trimestre en 218.205 millones de euros, un 5,8% más en términos interanuales.

En resumen, las cuentas no financieras de las familias reflejan que, frente a un incremento de la renta de los hogares del 5,8% en el segundo trimestre del año, el gasto en consumo tan sólo avanzó un 2,1%, con lo que el ahorro creció considerablemente. Además, los incrementos de renta no están siendo suficientes para atender las necesidades de consumo de gran parte de la población, disparando el crédito al consumo (un 40% en solo tres años). No obstante, éste se está frenando y presenta “un crecimiento acumulado del 3,4% hasta agosto (el 17,0% en todo 2018)”, según datos de BBVA Research.

Tanto la caída del consumo como el incremento del ahorro vendrían explicados fundamentalmente por el empeoramiento de las expectativas y por la falta de confianza en la economía ante las incertidumbres que asolan el contexto internacional, si bien la situación de parálisis política en España tampoco se convierte precisamente en un factor de gran ayuda. Pero la situación no es igual para todos. La afirmación “las familias españolas se preparan para una nueva crisis” es parcial; la realidad es que sólo una parte de la población puede permitirse el lujo del ahorro (los jóvenes, por ejemplo, apenas pueden planteárselo); mientras que la otra parte, con unos índices de pobreza y desigualdad más altos que los pre-crisis, con una renta real disponible del hogar per cápita que es un 5% inferior a 2007 y unos salarios y condiciones laborales aún muy precarias, se encuentran en una situación de vulnerabilidad que es, incluso, peor que la de 2008.

Sin medidas urgentes que atiendan las demandas sociales, una nueva etapa de desaceleración, aun manteniéndose el crecimiento en el entorno del 1,5%-2% puede tener un impacto social mayor, pues todas las fracturas que no se han cerrado en estos últimos años e incluso, se han agrandado, nos hacen más vulnerables. Está en juego el bienestar y el futuro de gran parte de la sociedad española.

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