Érase una vez en Cataluña

El año 202X fue un punto de inflexión en la historia interminable de Cataluña. El nuevo Gobierno español, en un intento de alcanzar la salida definitiva a esta situación, había aceptado la realización de un referéndum, con la esperanza de que salieran victoriosos quienes deseaban que Cataluña siguiera formando parte de España. Para permitirlo, se han dado todos los pasos constitucionales necesarios.

Se produjo, entonces, una campaña feroz, pero ordenada. El voto independentista prevaleció, con una ligera mayoría de 51%-49%. Cataluña emergió como Estado independiente. Se redactó una nueva Constitución, que declaró a Cataluña como “…eternamente soberana e indivisible”. El texto fue aprobado por una ajustada mayoría en el nuevo Parlament, y también en un posterior referéndum en el que se replicó el resultado a favor de la secesión. La Constitución se enmendó mediante un proceso similar de dos pasos.

A raíz del proceso, se empezaron a producir divisiones sociales, que afectaron a un gran número de catalanes con orígenes castellanos y también a los catalanes que no habían apoyado la independencia y que eran considerados con frecuencia como traidores. En el referéndum hubo un importante número de ciudades y pueblos con una mayoría de votos en contra de la independencia.

Ésta se declaró sin mayores contratiempos, aunque tampoco fue el camino de rosas que se había prometido durante la campaña del referéndum. Las negociaciones para entrar en la Unión Europea se prolongaron: muchos estados miembros, ya cansados del precedente de la secesión catalana, impusieron una variedad de obstáculos y tácticas dilatorias. Para ser admitidos en la UE, se necesitaba una decisión unánime. La inversión extranjera directa se mantuvo, pero a un ritmo mucho más lento, especialmente por la incertidumbre sobre el estatus de Cataluña en la Unión.

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Como era predecible, se profundizaron las tensiones sociales en relación con la lengua, la educación y la cultura. El Gobierno rechazó de manera enérgica que aquellas municipalidades con una mayoría de ciudadanos contra la secesión tuvieran cualquier autonomía sobre estos asuntos. Una nueva preocupación salió a flote: la migración de gente de Castilla a Cataluña. Se impusieron requisitos exigentes para obtener la ciudadanía catalana; en particular, el dominio de la lengua. Surgió el temor de que se revirtieran los apoyos a la escasa mayoría de secesionistas. En el corto plazo, emergió un nuevo movimiento, el de los unionistas, con la intención de hacer un llamamiento a la revocación de los resultados del referéndum y al regreso a la UE junto a España. ¿Su eslogan?: Mejor juntos.

El Gobierno y el Parlamento catalanes (los constitucionalistas) rechazaron categóricamente un nuevo referéndum, y adujeron que esta posibilidad violaría la cláusula de ‘soberanía eterna’ de su Carta Magna. Y aunque todas las encuestas apuntaban a que los unionistas podían ganarlo, no contaban con la mayoría parlamentaria necesaria para promover un cambio constitucional.

Los alcaldes de aquellas municipalidades con una mayoría de votos contrarios a la secesión decidieron organizar un referéndum no oficial. La decisión fue aprobada por las asambleas de esas localidades.

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El Gobierno declaró con firmeza que ese referéndum era ilegal: se trataba de una violación de la Constitución y del Derecho penal catalanes (que, por cierto, replicaba de manera extensa las leyes españolas). Los unionistas presentaron un recurso ante la Corte Suprema de Justicia de Cataluña, pero no tuvieron éxito: los tribunales confirmaron la ilegalidad e inconstitucionalidad de este referéndum no autorizado, y la grave amenaza que supondría al Estado de Derecho. También advirtieron de la responsabilidad penal de los organizadores.

El Gobierno de España también se mostró en desacuerdo con este referéndum ilegal, pero un número amplio de voces populistas en España se manifestaron a favor.

Finalmente, el movimiento unionista de Cataluña anunció su intención de realizar el referéndum el 1 de octubre de 202X. La Fiscalía General catalana, en una breve declaración, informó de que la Ley le exigía presentar cargos penales contra los organizadores, en caso de que se llevara a cabo el plan. Si los funcionarios públicos decidían involucrarse, podían ser declarados responsables penalmente por malversación agravada de caudales públicos, incitación al desorden público de tipo agravado e, incluso, sedición. La Fiscalía advirtió de que, conforme a las leyes catalanas, no había discrecionalidad de su parte y que las órdenes de arresto se emitirían de forma automática.

A pesar de las advertencias, los organizadores siguieron adelante con sus planes. En las municipalidades con mayoría unionista, los alcaldes apoyaron la realización del referéndum: instalaron cabinas electorales y proporcionaron papeletas. El Gobierno, indignado, intentó confiscar este material. Por lo general, se ejecutaron estas acciones con muy poca violencia, pero se publicó en todo el mundo una fotografía, que algunos catalogaron de falsa, en la que se mostraba un rostro cubierto de sangre. La participación fue irregular, pero se consiguió más de un millón de votos.

Fiel a su palabra y a la ley, la Fiscalía General ordenó el arresto de los organizadores principales, con cargos de malversación de caudales públicos y desorden público, y anunció que la sedición se estudiaría más adelante; así evitaría la reacción internacional negativa que suscitaría este cargo. Uno de los organizadores huyó a París. La Fiscalía rehusó solicitar la extradición y declaró de forma sucinta: “Está mejor en París que en Barcelona. Dejemos que disfrute de la fina cocina francesa, mientras sus compañeros delincuentes disfrutan de nuestro menú de la prisión”.

En el juicio, la Fiscalía pidió penas máximas, considerando el desacato deliberado a las órdenes judiciales de las Cortes catalanas. El juicio fue rápido, y los organizadores fueron sentenciados a condenas de tres a nueve años de cárcel.

Manifestaciones violentas estallaron en Madrid.

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