Erradicar los asentamientos inhumanos de migrantes

En 2018, la comunidad internacional adoptaba el Pacto Mundial sobre Migración, suscrito por España. Un año después, una pandemia para la que nadie estaba preparado ha cambiado radicalmente el escenario migratorio. Sin embargo, los principios e instrumentos de gobernanza migratoria acordados entonces deben mantenerse firmes en el contexto actual, siendo una gran oportunidad para modificar algunas políticas que no funcionan o han resultado ineficaces.

La situación creada por la Covid-19 ha agudizado la escasez de mano de obra tanto en el ámbito agrícola como en el sanitario y el de los cuidados. Apreciamos el esfuerzo realizado en estos momentos por el Gobierno español para responder a este problema con criterios sociales. Los ministerios competentes han adoptado medidas de urgencia en materia de empleo agrario para facilitar la incorporación de trabajadores migrantes, que aliviarán la situación deficitaria y cubrir la necesidad de mano de obra en la recolección de las cosechas agrícolas.

Pero estas medidas, que responden a las necesidades productivas, no van acompañadas de medidas complementarias dirigidas a solucionar otro problema que marca la situación de los trabajadores migrantes agrícolas: sus malas condiciones de vida y de alojamiento. Muchos malviven en asentamientos chabolistas, carentes de agua y de servicios públicos, y en peligrosas condiciones de insalubridad, absolutamente inaceptables. El relator de Naciones Unidas sobre la pobreza, Philip Alston, que visitó España recientemente, ya denunció la alarmante situación de las personas migrantes y sus familias en tales asentamientos, que es urgente erradicar. Si esta situación no se resuelve, dando alternativas de alojamiento digno a los trabajadores migrantes agrícolas, los problemas en estos asentamientos, agravados por la pandemia, podrían agudizarse.

Muchos de los jóvenes inmigrantes en busca de un trabajo agrícola, a quienes ahora se les facilita el acceso al empleo, pero no a la vivienda, pueden acabar alojados, por falta de alternativas habitacionales, en estos asentamientos inhumanos.

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La situación actual desvela otra realidad que permanecía oculta y a la que ni las autoridades, ni los interlocutores sociales ni la sociedad en su conjunto pueden seguir dando la espalda: la demanda real de empleo migrante para labores agrícolas y otras, como el empleo del hogar, está muy por encima de la que se viene cubriendo por las vías legalmente establecidas. Esta situación genera la existencia de decenas de miles de trabajadores indocumentados y sin derechos. Que trabajan, sí, porque su actividad laboral es demandanda por la sociedad; pero no se realiza en condiciones decentes, ni sus estándares vitales son dignos.

Eso es lo que sucede en las decenas de asentamientos que proliferan en las zonas de actividad agrícola a los que muchos migrantes –indocumentados o no– son empujados a malvivir. Parecería así que las personas migrantes valen para trabajar y producir, de manera legal o en condiciones de trabajo no declarado, pero carecen de los derechos asociados a su condición de trabajadores o de ciudadanos.

El mencionado Pacto Mundial sobre Migración de 2018 busca mejorar su gobernabilidad a través de una migración segura, ordenada y regular, afrontando los desafíos del presente y reforzando la contribución de los migrantes y la migración al desarrollo sostenible. La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) aboga por una gestión adecuada de la migración laboral, que tiene un gran potencial para sus beneficiarios, sus comunidades, los países de origen y destino y también para los empleadores.

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Los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que constituyen la agenda común adoptada por los mandatarios de todos los países en Naciones Unidas, incluyen la promoción del trabajo decente para todas las personas. Para la Organización Internacional del Trabajo (OIT), trabajo decente no es cualquier tipo de actividad laboral, sino la que se desarrolla con derechos, sin discriminación, en condiciones saludables, con un salario suficiente y con protección social, que permita vivir con dignidad. Las personas que residen en estos asentamientos, aunque su empleo sea legal, no tienen un trabajo decente; menos aún las que están trabajando indocumentadas, en situación de vulnerabilidad extrema y que suelen ser objeto de explotación y abuso laboral. Por esta razón, necesitamos sistemas de migración laboral efectivos, basados en los derechos humanos que incluyan instituciones, actores y procesos que protejan los derechos de todos los trabajadores migrantes, al tiempo que tienen en cuenta el empleo, el mercado laboral, las capacidades y los factores de la demanda.

Los tiempos de pandemia que estamos viviendo, en los que el trabajo de las personas migrantes parece tan necesario (no sólo en el campo, sino también en la sanidad, en los hogares y en los cuidados) son también tiempos para valorar y dignificar su trabajo y sus condiciones de vida. Las medidas recientemente adoptadas para reconocer la cualificación profesional del personal sanitario y para facilitar el acceso al empleo agrícola a los migrantes van en la buena dirección. Pero la erradicación de los asentamientos y el acceso a alternativas de alojamiento en condiciones dignas son hoy también algo urgente e imprescindible; como lo es la ratificación pendiente del Convenio 189 de la OIT, dirigida al reconocimiento pleno de todos los derechos laborales de las empleadas del hogar.

Finalmente, en estos momentos tan especiales conviene considerar también de manera especial las propuestas realizadas por numerosas entidades y asociaciones españolas, entre las que se encuentra la Fundación Cepaim. Nos referimos a las que, considerando las posibilidades que ofrece la actual legislación de extranjería, van dirigidas a facilitar, mediante su regularización, el acceso de los migrantes a un estatus legal en el país en el que ya residen. Son, en definitiva, propuestas para un presente compartido y un futuro inclusivo de la población migrante asentada en España.

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