España ante las previsiones del FMI: ¿estimular la inversión o proteger rentas?

Uno de los factores clave de la gravedad de la crisis sanitaria provocada por la pandemia es la incertidumbre. La incertidumbre de no saber hasta dónde se va a prolongar la situación de aislamiento, o de si va a haber nuevos rebrotes a lo largo del año, o de cuándo tendremos una vacuna o un tratamiento viable. Incertidumbre radical que se traslada a los ámbitos social, económico y político. 

En términos económicos, la incertidumbre ha estado marcando la toma de decisiones desde las primeras medidas de lucha contra la pandemia. Es fácil recordar la preocupación que causaba la suspensión del World Mobile Congress en la ciudad de Barcelona, cuyas pérdidas para la ciudad se estimaban en 500 millones de euros. Pocas semanas más tarde, la decisión del Gobierno, y de prácticamente todos los gobiernos europeos, de suspender la actividad económica, en una especie de coma inducido, ha hecho palidecer aquellas cifras. Porque la paralización de la actividad económica, esta recesión producida artificialmente, es una manera de luchar contra la extensión de la Covid-19. Si la economía se frena en seco, las probabilidades de embridar la expansión del virus se incrementan. Es ésta una cuestión clave. No conocemos el alcance que hubiera tenido, a la larga, la expansión incontrolada de la infección, pero la suponemos muy superior al coste efectivo de suprimir voluntariamente la actividad comercial. La crisis no es consecuencia de la infección: la crisis es, precisamente, nuestra manera de luchar contra ella. Y desde ese punto de vista, la recesión no sólo no es evitable, sino que forma parte de las medidas de protección de la población.

Desde el inicio de la misma, se han estado estimando los efectos que dicha recesión inducida tendría sobre la actividad económica. Dada la incertidumbre, las cifras han variado desde las optimistas valoraciones iniciales (que indicaban una acentuación de la ralentización ya prevista para 2020) hasta escenarios catastróficos para los países más afectados, con pérdidas de hasta el 20% del Producto Interior Bruto (PIB) en un año. Pero esta semana se han hecho públicos las previsiones del Fondo Monetario Internacional (FMI), que indican que la economía global sufrirá una contracción del 3% del PIB, cifra que hace palidecer el efecto de la crisis financiera internacional de 2008-2009 (donde la caída fue, en términos globales, del 0,7%).

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La previsión del FMI plantea una recuperación de la economía mundial para el segundo semestre, que, de no producirse, añadiría otros tres puntos de caída del PIB. Se trata de una recesión que nos obliga a trasladarnos a la Gran Depresión de 1929 para encontrar algo comparable en términos económicos y sociales. Prácticamente todos los países del mundo van a experimentar una caída económica, tensionando los regímenes de cooperación económica internacional y, muy especialmente, la política comercial, que todavía no se había recuperado del todo del zarpazo que supuso la crisis de 2008. 

De entre los países avanzados España será, junto con Italia, quien se lleve la peor parte: una caída del 8% del PIB en 2020; esto es, la contracción económica de este año será equivalente a la que se produjo en todo el período de crisis entre 2008 y 2012. Según el FMI, el desempleo volverá a cifras del 20%, que nos sitúa en niveles del año 2016.

Con estas magnitudes, es bastante probable que el déficit público se eleve hasta una cifra aproximada del 10% del PIB y la deuda pública de 2020 termine alrededor del 120%, unos 25 puntos más que en la actualidad, lo cual trasladará presión sobre nuestra prima de riesgo e incrementará las dificultades de financiación de nuestra economía, que ya se han comenzado a notar, a expensas de la política del Banco Central Europeo.

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La probabilidad de recurrir al mecanismo de rescate planteado por la Unión Europea es muy baja pues, salvo necesidad urgente de liquidez, la estigmatización que supone su uso es una medicina muy amarga que ya tuvimos ocasión de probar hace casi 10 años. Pero vienen años de restricciones y recortes que, mal planteados, pueden suponer un estancamiento de la situación. Recordemos que, en la crisis anterior, España volvió a crecer en términos de PIB en el año 2010, pero el mal planteamiento de la política de consolidación fiscal de 2011 y 2012 nos volvió a enviar a la recesión. En otras palabras, aunque el FMI haya previsto un rebote del 4,3% en 2021, si España se ve obligada a acelerar la consolidación fiscal tras el enorme desajuste que se generará en 2020, es probable que la recuperación de esta nueva crisis lleve mucho más tiempo del previsto. 

Situaciones extraordinarias requieren de medidas extraordinarias y el FMI plantea en su informe un set de medidas muy amplio, desde la protección a las pymes y el empleo hasta el estímulo económico para reactivar la economía tras el cierre sanitario. La mayoría de los países ya ha aplicado un primer paquete de acciones, con diferente peso económico. España, hasta el momento, no destaca particularmente por las medidas de estímulo tomadas, con un alcance del 1,5% del PIB, según el propio FMI. Así, parece que la mayoría de las políticas de amortiguación de la crisis económica vendrán dadas por los llamados estabilizadores automáticos. Y ésta es la gran decisión que deben tomar los responsables de política económica en los próximos meses: si incurrir en déficit público para reactivar una economía que, hasta el 9 de marzo, se encontraba en perfectas condiciones, o si hacerlo en déficit público por los estabilizadores automáticos. 

Estimular la inversión o proteger rentas. Dado que un abultado déficit público es inevitable, conviene decidir en qué se va a utilizar y con qué ritmo. No es una decisión sencilla en términos de economía política: mientras que los estabilizadores automáticos (seguro de desempleo, pensiones, caída de la recaudación impositiva) no necesitan una decisión para ser activados, los planes de inversión y de estímulo sí, con el consiguiente riesgo de ser posteriormente denostados o criticados como un ineficaz derroche público, como el denominado Plan E, al que se le achacan muchos de los males de la crisis española de 2009-2010, siendo apenas un 1% del PIB en un país que en aquel momento tenía un déficit público del 11%. 

El contexto de la Unión Europea acompaña, en este caso, para la promoción de las inversiones: tanto la Comisión Europea como el Banco Europeo de Inversiones han trabajado activamente desde 2014 para tener un mecanismo de garantía de inversiones con aval público (el Plan Juncker, ahora reconvertido en ‘Invest in Europe’) que aspira a movilizar, conjuntamente con el Presupuesto comunitario, hasta un billón de euros en los próximos 10 años. Es una cifra insuficiente por sí misma, pero que marca un punto de partida tanto para la recuperación como para la transición hacia una economía más sostenible (el ‘European Green Deal’), que sigue siendo el horizonte a largo plazo de la Unión para este decenio.

Tendremos que ver qué decisión toma en Gobierno de España ante esta situación. El mix político se inclina, de momento, hacia la protección de rentas y el uso de los estabilizadores automáticos, dejando para más adelante las medidas de estímulo, que probablemente deberíamos diseñar de manera muy detallada una vez conozcamos los efectos reales de la recesión. Las previsiones del FMI indican que vienen años muy difíciles, a los que nos enfrentamos en una situación posiblemente mejor que en 2008 en lo que al sector privado se refiere, y visiblemente peor en lo que al sector público hace referencia.

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2 Comentarios

  1. Jose Antonio Varela Alonso
    Jose Antonio Varela Alonso 04-15-2020

    Me ha gustado mucho el articulo. Clarificador, conciso y oportuno, o mas bien on-line, como casi todo en este frenético ritmo de acontecimientos. A tener en cuenta

  2. Manuel Fernández Vílchez
    Manuel Fernández Vílchez 04-16-2020

    Para este contexto conviene distinguir qué parte del reglamento del PIB corresponde a Economía Real (dinero M1) y cuál a Economía Especulativa (dinero M3). Por el lado de la Economía Especulativa, como es (por ejemplo) el registro de accionariados de inversión inmobiliaria en el Sudeste Asiático, su desplome en facturación exterior o en el valor de las acciones del IBEX no representaría más que un saneamiento de cuentas; por causa de la desmesurada sobrevaloración en dinero de Economía Especulativa de «burbuja financiera» en los Mercados de Valores (sobrevaloración precrisis de Valores bursátiles, respecto de la Economía Real, de hasta 1000%). En cambio, el PIB de Economía Real (Masa Monetaria en Circulación M1), en cuya reglamentación Rajoy (mejor dicho Nadal) tuvo el acierto de incluir Economía Sumergida, está expuesto a que se repita la recapitalización vía MEDE y simplemente sanee activos bancarios. La cuestión está en saber pensar como Economía de Zona Euro del Mercado Interbancario del BCE y, al mismo tiempo, como Economía de Hacienda en el Mercado Primario de Deuda Pública Española. Combinar dinero de Zona Euro con dinero Mercado Primario español (Euro sometido a la disciplina de cambio por 165Pts del Bco de España). Este juego marcaría los límites y las posibilidades reales de una expansión monetaria de Hacienda Española (incluida la Economía Sumergida). vr La formación actual en la Globalización; video La formación social actual y la Tecnociencia

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