España, un Estado federal plurinacional

A propósito del revuelo mediático que se ha armado como consecuencia de la modificación del programa electoral del PSOE para incluir en él una referencia a la Declaración de Granada de 2013 y a la Declaración de Barcelona de 2017, en las que se reconoce la necesidad de avanzar hacia un Estado federal de carácter plurinacional, que fue además objeto de gran controversia en el pasado debate electoral de los cinco candidatos, conviene hacer algunas precisiones con el único propósito de contribuir, siquiera sea muy modestamente, a despejar confusiones, bien o mal intencionadas.

Lo primero que hay que señalar es que el Estado autonómico español, aunque no se denomine federal, en realidad se inscribe en la órbita del federalismo, hasta el punto de poder considerarlo nuestra contribución a la historia de este movimiento político, que busca un modo de organizar el poder público de un Estado de manera descentralizada, procurando mejorar así la democracia interna mediante la división vertical del poder y la adecuada integración de las partes en el todo; ganando, además, con ello cotas de eficacia en la gestión de los asuntos públicos. Resumidamente, éstas son las ideas que se encuentran detrás de estados que constituyen, desde muchos puntos de vista, un referente positivo para nosotros, como son los casos de Estados Unidos (el primer Estado federal moderno de la historia), Alemania, Suiza, Austria o Canadá, por ejemplo.

Aunque todos estos estados son federales, las diferencias entre ellos son notables pues, como es lugar común entre los estudiosos del federalismo, no hay dos estados federales idénticos o, dicho de otro modo, cada uno lo es a su manera. Algo así sucede con el Estado autonómico español, que aun siendo un Estado equiparable a estos federales, como reconoce la mayor parte de los mejores expertos españoles e internacionales en federalismo, presenta, sin embargo, sus peculiaridades. Además, tanto uno como los otros no están exentos de ciertas insuficiencias, deficiencias o disfunciones en su organización y funcionamiento que, en lo posible, interesa corregir.

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A tal efecto, resultan no sólo convenientes, sino también necesarias, determinadas reformas, preferiblemente constitucionales, con el fin de superar dichos problemas o carencias, ya sea en el plano competencial (para clarificar el reparto de funciones y materias entre el Estado central y las comunidades autónomas), en el institucional (para convertir al Senado en una genuina cámara de representación de los intereses autonómicos), en el financiero o en el cooperativo; buscando inspiración, a tal efecto, en las enseñanzas del federalismo comparado.

Más controvertida es la referencia a la plurinacionalidad de nuestro Estado. Desde un punto de vista jurídico-constitucional, es indudable que nuestra Ley Fundamental parte de la existencia de «La Nación Española» (así comienza el Preámbulo de la misma), de la «soberanía nacional», que reside en el pueblo español (artículo 1.2 de la CE), y, en fin, de la «indisoluble unidad de la Nación española» (art. 2 CE).

Es cuestionable, sin embargo, que la existencia de la Nación española sea incompatible con el reconocimiento de otras naciones (como, por ejemplo, la catalana) que puedan convivir armónicamente compartiendo un mismo espacio territorial. A esa idea puede aludir el propio artículo 2 de la Constitución cuando «reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las ‘nacionalidades’ y regiones que la integran». Lógicamente, la aceptación de esta interpretación que, en definitiva, abogaría por el reconocimiento de la plurinacionalidad del Estado español (la «España: nación de naciones» a que se refiere Juan José Solozabal, uno de nuestros más reputados constitucionalistas y federalistas) conlleva unas exigencias ineludibles.

En primer lugar, aceptar, como premisa de partida, que la identidad nacional de carácter plural (española y catalana, por ejemplo) sólo será posible si las diferentes identidades en tensión se reconocen a sí mismas como existentes e indisolublemente relacionadas. Esto supondría, en el ejemplo señalado, que la identidad nacional española no se puede entender correctamente sin la aportación que Cataluña realiza a la misma, de igual modo que la identidad nacional catalana resulta incomprensible sin tomar en consideración el marco nacional español en el cual aquélla se encuentra integrada junto al resto de nacionalidades y regiones, acomodándose lealmente todas ellas a un proyecto federal común, que la propia Constitución española diseñaría, previa reforma de la misma por la vía del artículo 168 de la CE.

Desde otra perspectiva, el reconocimiento constitucional de la plurinacionalidad exigiría que Cataluña, al igual que los demás territorios integrantes del Estado dotados de identidad nacional propia y compartida con la española, renuncian a la construcción de un Estado propio, en la medida en que están leal e inescindiblemente vinculados al mantenimiento y perfeccionamiento federal del Estado español, en tanto que reflejo de la Nación española, de cuya identidad forman parte imprescindible.

En definitiva, desde este planteamiento el posible reconocimiento en sede constitucional de otras identidades nacionales diferentes de la española, como puede ser la de Cataluña, en absoluto supondría poner en riesgo el fundamento mismo de la Constitución, la unidad del Estado y de la Nación española, en la medida en que el titular de la soberanía sólo lo sería (y lo seguiría siendo) el pueblo español, del que emanan todos los poderes del Estado.

Este modo de entender el federalismo y la plurinacionalidad en España no sólo puede tener cabida a través de una reforma constitucional, sino que, además, podría contribuir a reforzar la vigencia de dos de los principales fines a que ha de servir una buena Constitución: una correcta organización de los poderes públicos, como requisito imprescindible para garantizar adecuadamente el respeto de los derechos y libertades fundamentales, y una adecuada integración de la diversidad territorial que caracteriza a un Estado como el nuestro. De ahí que la propuesta del PSOE de incluir en su programa electoral la reforma del Estado autonómico en clave federal y de reconocer la plurinacionalidad del mismo deba de ser bien recibida, en tanto que supone una apuesta racional por la mejora organizativa y funcional de nuestra distribución territorial del poder y por la mejor integración y cohesión de los distintos territorios que integran España.

Autoría

1 Comentario

  1. Rafael Durán
    Rafael Durán 11-13-2019

    Ciertamente, hay reformas institucionales de alcance constitucional que podrían hacer del autonómico un Estado propiamente federal. No son pocas ni faltas de cualificación las voces que lo vienen defendiendo desde antes de que el nacionalismo catalán deviniera abiertamente independentista. El problema, un problema, es que hay actores con capacidad de bloqueo que lo vienen impidiendo, sobre todo, porque rechazan la verbalización del plurinacionalismo; rechazan, en última instancia, que se diga explícitamente lo que de hecho ya dice la Constitución: que España es una nación de naciones, siendo como es un «pueblo» de «pueblos», que existe el «pueblo español» (el soberano, la «Nación española») y que en él coexisten los «pueblos», sean «regiones» o «nacionalidades», las naciones en su acepción cultural. Sin que España deje de ser a un tiempo una realidad histórico-cultural (nación-esencia) y fruto del contractualismo liberal (nación-contrato), es tan plural como diversa, dos líneas éstas que la atraviesan en su conjunto y en sus territorios. El constituyente lo dejó dicho, pero no clarificado. Más allá de las aspiraciones políticas tanto de quienes anhelan la secesión como de quienes defienden la recentralización, y más allá del ejercicio de los derechos de ciudadanía por hacer realidad tales aspiraciones, revierte en beneficio del interés general que los representantes de la ciudadanía sean ejemplares y pedagógicos en la gestión de lo público, discursos incluidos.

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