¿Está la legislación laboral española preparada para el coronavirus?

El impacto económico del nuevo coronavirus es cada vez más patente. La actual epidemia está poniendo a prueba la capacidad de la economía española para interiorizar las medidas de prevención necesarias y de las empresas para adaptarse a una situación marcada por número creciente de contagios.

Una de estas primeras pruebas ha sido la gestión de las situaciones de aislamiento por observación médica o de baja por enfermedad por ‘Covid-19’, asimiladas hace unas semanas a situaciones de incapacidad temporal causadas por enfermedad común con derecho a prestación. Un criterio que se ha modificado recientemente, pasando a considerarlas baja por enfermedad profesional o accidente de trabajo, para que la prestación se conceda el día siguiente de su reconocimiento, su cuantía se incremente al 75% y la Seguridad Social se haga cargo de ella desde el primer día.

Este es tan sólo un ejemplo de los retos que el coronavirus está planteando sobre el sistema tal y como lo conocemos. En este artículo, no obstante, quisiera preguntarme si las empresas españolas están realmente capacitadas para adoptar las medidas necesarias para contribuir a contener la propagación del virus, protegiendo a los trabajadores y minorando su negativo impacto económico. Con este fin, trataré de analizar los instrumentos de que dispone la legislación laboral, así como plantear algunas propuestas que permitirían mejorar la capacidad de actuación de nuestras empresas y su efectividad.

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Comencemos con un repaso de la legislación laboral vigente. En relación con la recomendación de permanecer en el domicilio para contener la propagación del virus, el Estatuto de los Trabajadores no contempla expresamente esta circunstancia, aunque sí considera entre las causas de suspensión (artículo 47.3) y extinción del contrato de trabajo (art. 49.1.h) las llamadas de “fuerza mayor”, que deben ser constatadas por la autoridad laboral y entre las cuales poueden incluirse las medidas necesarias ante una situación de epidemia como la actual.

No obstante, el procedimiento de aplicación de estas medidas presenta algunas limitaciones. En primer lugar, para poder llevar a cabo la suspensión, esta acreditación de fuerza mayor debe partir de la solicitud de la empresa, así como cumplir con un procedimiento y unos plazos determinados. Esto indica que la redacción de este supuesto está concebida para circunstancias internas que afecten al desarrollo de la actividad empresarial, tales como un incendio, y no a contingencias externas generalizadas, como una epidemia.

Segundo, la suspensión del trabajo por esta causa conlleva igualmente la del salario, por lo que parece difícil concebir un escenario en el que pudiera imponerse unilateralmente a los trabajadores o éstos pudieran aceptarla. Por otra parte, estas causas de fuerza mayor no se contemplan en otras medidas de ajuste, tales como la adaptación o la reducción de la jornada o la prestación del trabajo a distancia, sean a solicitud del trabajador o por imposición unilateral de la empresa.

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¿Y qué sucede respecto a la necesidad de atender a familiares que deban quedarse en casa, bien por encontrarse contagiados con el virus, bien por seguimiento de la recomendación anterior o por medidas adoptadas en relación con ella (por ejemplo, los niños y niñas afectados por el cierre decreto de centros escolares)? En el primer caso, el de familiares contagiados por el virus, es posible que los trabajadores pudieran solicitar el permiso por cuidados (artículo 37.3.b), siempre y cuando la enfermedad causada por el coronavirus se considerase «grave». En los últimos, el trabajador sólo tendría en su mano solicitar la adaptación de su jornada para el cuidado de un menor de 12 años (art. 34.8), o bien una reducción de la misma, con reducción proporcional de salario, siempre que aquéllos a quienes tenga que cuidar sean menores o familiares dependientes (art. 37.6).

Como puede verse, el alcance de las medidas recogidas en el Estatuto de los Trabajadores es más bien limitado. ¿Y qué pasa con los autónomos? En su caso, estas limitaciones son aún mayores. Así, el Estatuto del Trabajo Autónomo sólo reconoce una bonificación del 100% de las cuotas durante 12 meses para el cuidado de menores o familiares dependientes, siempre que durante ese periodo contrate a un trabajador asalariado (artículo 30). En caso de que el autónomo deba cogerse la baja por estar en observación o contraer la enfermedad, tendrá derecho a la prestación de incapacidad temporal, como los asalariados, manteniéndose la obligación de pagar sus cuotas los primeros 60 días de baja.

Teniendo en cuenta estas carencias, propongo articular una nueva situación protegida dentro de la legislación de trabajo, prevención de riesgos laborales y Seguridad Social que permita abordar circunstancias como las actuales, y que podríamos denominar como de ‘riesgo para la salud pública’. Esta contingencia se produciría por declaración de las autoridades sanitarias de una situación de riesgo por enfermedad, ante una epidemia o brote contagioso, que hiciera necesaria la adopción de medidas de contención o aislamiento para evitar su propagación. Asimismo, aunque en estas líneas me centraré en el supuesto de enfermedad, esta contingencia también podría extenderse a situaciones de riesgo provocadas por contaminación. El procedimiento aplicable sería el siguiente:

  1. Declarada por las autoridades sanitarias la situación de riesgo para la salud pública por enfermedad sobre un área determinada, las empresas incluidas dentro de la misma estarían obligadas a adoptar medidas para contener su propagación, previa consulta con los representantes de los trabajadores, a quienes deberían convocar en un plazo máximo de 24 horas tras la declaración.
  2. Estas medidas podrían conllevar la reordenación de la jornada o la reasignación de los turnos de la empresa para evitar aglomeraciones. También incluiría la imposición de la prestación del trabajo a distancia, siempre que la naturaleza y funciones del puesto lo permitan, manteniendo inalteradas todas las condiciones de trabajo, incluida la retribución, salvo aquéllas que estén directamente relacionadas con la presencialidad. En este sentido, convendría un desarrollo de la regulación del trabajo a distancia, a fin de favorecer y facilitar su implantación y reforzar su seguridad jurídica.
  3. En aquellos casos en que no fuese posible realizar adaptaciones que garantizasen la contención efectiva de la enfermedad, incluida imposibilidad de prestar el trabajo a distancia (por ejemplo, hostelería), entonces la empresa, previa acreditación de dichas circunstancias ante la autoridad laboral, podría imponer la suspensión del contrato de trabajo, individual o colectiva (Erte), durante el tiempo en que persista la situación de riesgo para la salud pública.

A diferencia del caso general, en el que el trabajador tiene derecho durante la suspensión a la prestación o subsidio de desempleo, dado que aquí la causa es ajena a la empresa y la prohibición de trabajar se extendería a otras de la misma área declarada en riesgo, se podría establecer el derecho del trabajador a una prestación compensatoria durante todo el tiempo que dure la suspensión; equivalente, por ejemplo, al 70% de la base reguladora (como la prestación por incapacidad temporal por enfermedad profesional o accidente de trabajo, a la que ahora se asimila a los trabajadores de baja por el coronavirus).

En el caso de los trabajadores autónomos, esta situación de riesgo para la salud pública se concretaría en el reconocimiento de la situación legal de cese de actividad de aquéllos que no pudiesen garantizar la adopción de las medidas de contención de la enfermedad previstas en el procedimiento anterior sin comprometer el mantenimiento de su actividad. Además, para completar las medidas de refuerzo de la protección durante la situación de incapacidad temporal por coronavirus, convendría que la Seguridad Social se hiciese cargo de las cuotas del autónomo desde el mismo día en que se inicie la prestación económica correspondiente; esto es, desde el día siguiente al de la baja.

Soy consciente de que estas medidas pueden ser gravosas para el erario, pero también que, en un contexto como el actual, donde la única prioridad debe ser frenar la propagación del virus, están plenamente justificadas. Así parece entenderlo igualmente la Comisión Europea con su decisión de no computar las medidas adoptadas por Italia en la gestión del coronavirus a efectos del cumplimiento de sus objetivos de déficit público, criterio que seguramente se extenderá pronto a otros países. Lo realmente importante, en definitiva, es disponer de las herramientas necesarias para poder actuar. Cuanto antes dispongamos de ellas y antes las ejecutemos, será sin duda mejor para todos.

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