Estado de Derecho vs. contaminación del aire

La Agenda para Europa de la recientemente elegida presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen reconoce que la salud de los ciudadanos europeos y la del planeta van de la mano. Precisamente para preservar esta última, desde hace décadas se han venido adoptando leyes y otras normas, incluidas directivas como la de Calidad del Aire. Sin embargo, si éstas no son eficaces, es decir, si no se alcanza su objetivo, de nada sirven, y esa eficacia depende de su grado de aplicación. Por ello, su respeto es clave.

Cuando esto falla, se activan los mecanismos del Estado de Derecho. Y esto es lo que ha sucedido: la Comisión Europea ha demandado a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por su incumplimiento sistemático de los valores de dióxido de nitrógeno (NO2) de la citada Directiva en Madrid, Barcelona y Vallès-Baix Llobregat. Recientemente, la Comisión había enviado una advertencia al Gobierno español pidiendo un reforzamiento de las medidas de calidad del aire por las superaciones de dióxido de nitrógeno (NO2).

Hace años, la Comisión Europea abrió un procedimiento de infracción contra España. Más tarde, en mayo de 2018, decidió dejarlo en suspenso porque consideró que las medidas proyectadas (entre ellas, la elaboración de planes de calidad del aire en Barcelona y Madrid, así como la creación de las zonas de bajas emisiones, o ZBE, en las Rondas barcelonesas y Madrid Central) parecían ser las adecuadas para hacer frente a las carencias detectadas; pero siempre y cuando se ejecutaran correctamente, advirtiendo de que continuaría supervisando de cerca la ejecución de dichas medidas, así como su eficacia para mejorar la situación lo antes posible.

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Ante la inusitada y precipitada suspensión unilateral de Madrid Central por parte del nuevo Gobierno del municipio de Madrid, la Comisión ha tomado nota y ha actuado en consecuencia. El Tribunal de Justicia de la UE ha declarado ya en dos casos contra Bulgaria y Polonia que adoptar un Plan de Calidad del Aire para Cumplir con la Directiva no es suficiente, y que es necesario mantener en los mínimos posibles el período en el que los límites se superan, algo que no está sucediendo en las ciudades españolas que han originado esta demanda contra España.   

Recordemos que Madrid Central es una medida que se introdujo fundamentalmente para controlar y evitar el incumplimiento continuado de la ciudad de Madrid a los valores límite para la protección de la salud humana del NO2. Según la Agencia Europea del Medio Ambiente, en España se producen anualmente 9.000 muertes prematuras por este contaminante. La Directiva exige, en casos de superación de los valores, que se adopten medidas destinadas a limitar las emisiones procedentes del transporte, tales como el establecimiento de ZBE. Por tanto, al crear Madrid Central el anterior equipo de Gobierno del Ayuntamiento no hizo más que cumplir con sus obligaciones. Es un hecho que hace mucho tiempo la población de Barcelona y Madrid están expuestas a niveles de contaminación nociva. En Barcelona aún no se ha aprobado una ordenanza para regular la ZBE del ámbito de las Rondas, que está en proceso de elaboración

La moratoria que dejaba de facto sin efecto la ZBE Madrid Central y la alta contaminación en Barcelona han impulsado que la ciudadanía utilice las herramientas del Estado de Derecho acudiendo a los tribunales de justicia. En Madrid, se interpuso una serie de recursos contra la moratoria por no respetar las normas de protección de la calidad del aire y otro por vulneración de derechos fundamentales. En Barcelona, un ciudadano demandó al Ayuntamiento reclamando que implante un sistema de tasa o peaje de entrada para los vehículos, con la finalidad de reducir el tráfico.  

Estas acciones muestran que el Estado de Derecho también vela por el medio ambiente, base para nuestro desarrollo. Von der Leyen se ha comprometido a presentar una estrategia transversal para proteger la salud de los ciudadanos frente a la degradación y la contaminación del medio ambiente, abordando la calidad del aire, entre otros aspectos. Es seguro que la nueva Comisión Europea impulsará medidas más estrictas para mejorar la calidad del aire en nuestras ciudades, asegurándose la plena aplicación de las normas; algo de lo que, sin duda, también se encargará la ciudadanía porque las normas ambientales deben respetarse. De ello depende nuestro futuro y el de nuestro planeta

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