Estados Unidos y la crisis de Venezuela

Uno de los aspectos más llamativos de la reciente crisis por la que atraviesa el régimen venezolano es el del rol que Estados Unidos ha desempeñado en la cada vez más difícil situación del presidente Nicolás Maduro, hasta el punto de que la posibilidad de un cambio de régimen no sea ya completamente descartable. Es por ello interesante analizar cuáles son las motivaciones y factores que llevarían a EE.UU. a apoyar un movimiento lleno de incertidumbres y riesgos, y que se contradice con algunas de las asunciones básicas de la Administración Trump en política exterior.

Venezuela, sin haber constituido realmente una amenaza directa a la seguridad de Estados Unidos, se convirtió desde la irrupción del régimen chavista en uno de los principales críticos de la política estadounidense en la región. El intento de golpe de 2002 fue atribuido por el régimen a las intrigas estadounidenses y de otros países como España. De manera continuada, sus líderes (Hugo Chávez primero y Nicolás Maduro después) lanzaron diversas invectivas contra la potencia norteamericana y sus principales dirigentes que, en la mayor parte de los casos, fueron ignoradas tanto por George W. Bush como por Barack Obama.

Todo esto debe incardinarse en un contexto en el cual Latinoamérica, con la lógica salvedad de México y Centroamérica, no ha formado parte de las principales prioridades estratégicas de unas administraciones estadounidenses centradas en los desafíos de seguridad procedentes de Oriente Próximo y en el ascenso de China.

[Recibe diariamente los análisis de más actualidad en tu correo electrónico o en tu teléfono a través de nuestro canal de Telegram]

Desde el principio, Donald Trump arremetió contundentemente contra Venezuela. Sin que la situación del país caribeño fuese una de sus prioridades durante la campaña ni en el posterior desempeño de la Presidencia, el presidente estadounidense criticó el deterioro de la situación política, económica y social en diferentes discursos como los de Naciones Unidas de septiembre de 2017 y 2018. También aplicó una política de sanciones que contribuiría al deterioro de la situación económica del régimen, ya tocado por el descenso de los precios del petróleo, la corrupción y la mala gestión.

En este contexto de crisis económica, de cambios ideológicos de calado en las principales potencias regionales, de críticas cada vez más duras por el deterioro de un régimen político marcado desde hacía tiempo por el autoritarismo, y de la incompetencia de su Gobierno a la hora de atajar lacras como la inseguridad o las condiciones de vida de la población, que empezó a salir masivamente del país, la posición de Maduro se fue debilitando seriamente hasta que se llegó a considerar a Venezuela como un problema de seguridad y estabilidad en la región.

La Administración Trump se sumó a diferentes iniciativas regionales como el Grupo de Lima, nacida para afrontar los problemas que la situación de Venezuela suponía para los estados de la región, e impulsó medidas cada vez más contundentes. Si bien el presidente estadounidense fue disuadido por miembros de su Gabinete como el ex secretario de Defensa, James Mattis, de adoptar medidas militares contra el régimen, dada la impopularidad histórica de las injerencias estadounidenses en la zona, optó por instrumentos geo-económicos como las sanciones o el apoyo político a la oposición venezolana.

La entrada de Mike Pompeo como secretario de Estado y de John Bolton como consejero de Seguridad Nacional parece haber contribuido a un endurecimiento de las presiones frente al régimen. También cabe destacar al vicepresidente, Mike Pence, quien parece haber tenido cierto rol en la política latinoamericana de la Administración. La influencia de todos ellos a la hora de endurecer la posición de la Administración en escenarios como Afganistán o Siria ha sido indiscutiblemente limitada, habiéndose priorizado reducir la presencia en la región, el fin de las guerras de elección y de los procesos de construcción estatal heredados. Pero ha sido diferente respecto a Venezuela, seguramente porque se alineaba mejor con las preferencias del presidente.

De hecho, un elemento particularmente llamativo ha sido otorgar un rol a dirigentes neo-conservadores como Elliot Abrams, designado como enviado especial ante Venezuela. Abrams formó parte de las administraciones de George W. Bush y de Reagan, apoyando la Guerra de Irak de 2003 y la convocatoria del referéndum en Chile de 1988 que llevó a la salida de Augusto Pinochet del poder.

No hay que olvidar que los neo-conservadores defienden una política orientada a la expansión de los valores e ideales estadounidenses por la fuerza si fuese necesario, así como una concepción de Estados Unidos como nación indispensable; y esto choca contra los presupuestos de la Administración Trump en política exterior. De hecho, Abrams había criticado en el pasado las propuestas de Trump en la materia y, por ello, fue vetado para ocupar un puesto de relevancia en el Departamento de Estado comandado entonces por Tillerson.

Si bien la ineptitud del régimen venezolano ha facilitado el viraje hacia posiciones neo-conservadoras, los objetivos de este cambio no pueden atribuirse sólo a un deseo de la mejora de la situación humanitaria o del restablecimiento de la democracia. Las cuestiones de seguridad y estabilidad regional entran también en el cálculo estadounidense. En cualquier caso, la posición estadounidense no está exenta de riesgos.

El cambio de régimen, aun en el caso de no producirse por el uso de la fuerza, genera enormes incertidumbres. Las posibilidades de establecer una democracia consolidada por esta vía no están claras. De igual forma, no facilita las cosas el historial de intervenciones estadounidenses en la región, alimentado convenientemente por posiciones ideológicas y teorías de la conspiración. De hecho, podría convertirse en munición para los partidarios del régimen, en especial si el cambio no produce consecuencias positivas inmediatas o se deteriora la situación en un contexto de reconstrucción de las instituciones estatales y establecimiento de un nuevo régimen, un proceso largo y repleto de riesgos e incógnitas.

A este respecto, la Administración Trump debiera aplicar el mismo análisis que en escenarios como Afganistán o Siria, priorizando la cautela y un análisis coste-beneficio que favorezca la seguridad y estabilidad regionales, frente a los cantos de sirena neo-conservadores y las incógnitas de un cambio de régimen forzoso frente a una salida negociada.

Autoría

Dejar un comentario

X

Uso de cookies

Esta página utiliza cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y mostrarle información relacionada con sus preferencias mediante el análisis de sus hábitos de navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso.. Puede cambiar la configuración u obtener más información aquí.