Estallido en Chile

Las protestas generadas por la subida del precio del billete de Metro en Chile (+3,75%) han adquirido en los últimos días una especial virulencia. La magnitud de los destrozos e incendios en varias estaciones de metro y en edificios emblemáticos, así como una diversidad de otros actos vandálicos han llevado al presidente Piñera a declarar el estado de emergencia en Santiago y otras áreas de la Región Metropolitana. Se trata de una medida constitucional que es competencia exclusiva del jefe del Estado y que está dotada de una condición de excepcionalidad.  Como consecuencia de esta medida, durante un máximo de quince días se cede el control a las Fuerzas Armadas en las zonas designadas por el presidente, a la vez que se restringe el derecho de locomoción y de reunión.

Son varias las interpretaciones del significado de estas movilizaciones y del alcance de la respuesta del gobierno chileno a las mismas. Comencemos por los ciudadanos que se han conducido de forma violenta. Por todos es sabido, aunque nuestros gobernantes no siempre lo recuerden, que la exclusión y la desigualdad social y económica, las penurias de muchos hogares, los sueldos bajos y los precios elevados constituyen un caldo de cultivo para las revueltas sociales. Esta combinación de factores tiene lugar en Chile desde hace mucho tiempo.  De ahí que las protestas de estos días no sean únicas en la trayectoria reciente del país. En el año 2006 tuvo lugar la revuelta de los pingüinos, protagonizada por los estudiantes contra la privatización del sistema educativo; diez años antes fue la protesta por la cuantía de las pensiones que aún perdura (movimiento NO+AFP). Al igual que en el pasado, un hecho puntual ha encendido la mecha aunque la violencia ha sido muy superior en esta ocasión

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No es Chile el único país donde esto ha sucedido. Tenemos aún en la retina las movilizaciones en Ecuador por la subida del carburante o las de París con los chalecos amarillos por razones aparentemente similares. ¿Por qué ahora en Chile? ¿Por qué en otros lugares del mundo? Una cierta fatiga democrática, que los barómetros de opinión pública, como LAPOP y Latinobarómetro vienen registrando, hace a los ciudadanos más intolerantes a las decisiones adversas a sus intereses y a sus condiciones de vida. La erosión del compromiso democrático de los ciudadanos, la desafección hacia la democracia y la fuerte crisis de confianza hacia sus instituciones genera un estado de ánimo fácilmente inflamable.

En Chile la confianza en Carabineros, Fuerzas Armadas, Poder Judicial y partidos políticos registran niveles bajísimos según la encuesta MORI (mayo de 2019).

Esta situación fortalece la preferencia de un sector creciente de los ciudadanos por la utilización de mecanismos no convencionales con los que reaccionan de forma selectiva ante las decisiones políticas. Mientras tanto las vías convencionales de participación política registrarían cada vez menos “usuarios”. En las últimas elecciones en Chile votaron menos del 50% del padrón electoral, además existe una baja identificación partidista en un país otrora identificado con sus partidos, a la vez que un bajo interés “declarado” por la política.

Vayamos ahora a la respuesta del presidente Piñera y de su gobierno. El estado de emergencia tiene lugar en ocasiones por cuestiones medioambientales de carácter sobrevenido. Hasta aquí todo el mundo está de acuerdo. La cuestión se complica cuando lo que está en juego es la protección del orden público en peligro tras una decisión tomada por un ente privado con participación del Estado, como es el Metro de Santiago. Y se complica más aún cuando las Fuerzas Armadas se convierten en las garantes de la seguridad con una restricción de derechos. Esta medida provoca rechazo. Durante diecisiete años las botas de los militares pisaron las avenidas y calles de Chile en el nombre del orden público. No va por ahí este episodio que se mantiene dentro de la institucionalidad, pero la mente es libre y las asociaciones de ideas, a veces, inevitables. Volvamos. Es obvio que la reacción de Piñera está respaldada por la Constitución. No en vano, el presidente en Chile goza de un gran número de poderes proactivos y reactivos que hacen de su modelo presidencialista uno de los más fuertes de la región. Además, cabe mencionar otros dos elementos de contexto que encuadran la decisión. Por una parte, Piñera ha aprendido en piel ajena. Las revueltas a las que se enfrentó el presidente ecuatoriano Lenín Moreno habrían alentado una decisión que evitará, previsiblemente, una escalada mayor del conflicto. Por otra parte, la bajada en la popularidad de Piñera, unido a su imposibilidad de reelegirse en el 2022 (Chile no permite la reelección en períodos consecutivos), deja a un presidente con menos ataduras para definir sus estrategias. 

Aún así, un gobierno al que se acusa de falta de sensibilidad social, como el de Piñera, no puede permitirse profundizar más en la brecha social. La gobernabilidad de Chile no entraña sólo utilizar los mecanismos institucionales que permite la Constitución, en este caso el estado de emergencia. La gobernabilidad no es posible sin medidas que afronten la diversidad de problemas de poblaciones excluidas o en riesgo de exclusión. También necesita de medidas de apoyo a una clase media que se auto percibe como desprotegida. Entre otras razones porque en Chile los servicios básicos son provistos por empresas privadas pero el Estado no siempre cumple con su rol regulador de las condiciones en que esto se produce. 

Hace ya más de una década numerosos análisis especializados se ocuparon de la crisis de representación política en el mundo andino. Hoy la subregión vive tiempos convulsos que nos retrotraen a ese debate. Al episodio chileno se le suman las movilizaciones de Ecuador y el autoritario cierre del Congreso ejecutado por Vizcarra dos semanas atrás en Perú. Por lo tanto, son ya tres los países que, en menos de un mes, han visto sacudida su cotidianidad (y en el caso peruano también su institucionalidad). En todos ellos un elemento en común: la baja sintonía de la clase política con sus electores. Las respuestas que se den desde los gobiernos confirmarán si, en la oleada de erosión democrática que se vive a nivel mundial, América Latina forma parte de la tendencia

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