¿Están los sistemas sanitarios latinoamericanos preparados para el coronavirus?

Hasta ahora, América Latina ha sido una de las regiones menos afectadas por el Covid-19. El primer caso se detectó el 26 de febrero en Brasil y la primera muerte, el 8 de marzo en Argentina. El virus llegó aquí cuando Italia ya estaba experimentando un colapso hospitalario sin precedentes. El hecho de que un país europeo con un sólido sistema de salud pública y universal esté sufriendo tan dolorosamente los efectos de la pandemia plantea una cuestión sumamente pertinente sobre la capacidad de resiliencia de los países en desarrollo. Si bien persisten los problemas crónicos en los sistemas sanitarios de estos países, el retraso en la llegada del virus puede ser una ventaja. En este sentido, cabe preguntarse si América Latina está preparada para la crisis del coronavirus.

Aunque ostenta el título de la región más desigual del planeta, en la mayoría de los países de América Latina la salud es un derecho social para todos los ciudadanos. Es el caso de países como México, Perú, Bolivia, entre otros. Algunos incluso determinan en su Constitución que la salud es un derecho de todos los ciudadanos y que proporcionarla es un deber del Estado. Es el caso de países como Venezuela, Brasil y Ecuador.

Sin embargo, las garantías legales y constitucionales no se traducen en la realidad de la financiación de los sistemas de salud pública. Brasil, el único país del mundo con más de 100 millones de habitantes que ofrece atención sanitaria gratuita a todos sus ciudadanos, gasta el 3,8% de su Producto Interior Bruto (PIB) por este concepto. En general, los sistemas universales son caros y requieren un mayor esfuerzo de inversión, como es el caso del Reino Unido, que, a pesar de tener una población tres veces menor, gasta el 7,9% del PIB en su Servicio Nacional de Salud. Incluso Italia, que actualmente es el escenario de una gran tragedia, gasta el 6,8%. El promedio latinoamericano es del 3,7% del PIB, y el valor per cápita invertido en salud (si se suman lo público y lo privado) es inferior al de los países de Oriente Medio. La contradicción entre los derechos sociales y la priorización del gasto público, que atraviesa la región, no podría ilustrarse mejor que en Venezuela, donde, a pesar de las garantías constitucionales, sólo se dedica a salud pública el 1,7% del PIB.

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Por si no fuera suficiente la baja inversión, la región presenta un panorama epidemiológico más complejo que otras partes del mundo. Los países desarrollados se ocupan de la prevalencia de las enfermedades crónicas no transmisibles (cáncer, diabetes, enfermedades cardiovasculares); los países en desarrollo, de la de las enfermedades infecciosas (tuberculosis, dengue, zika, etcétera).

Los países latinoamericanos se enfrentan a ambas realidades, lo que requiere una gama diversa de acciones sanitarias. Añádase a esto la carga adicional sobre los sistemas de salud causada por una característica particular de la región: la violencia. Aunque representa sólo el 8% de la población mundial, el 33% de todos los homicidios ocurre en la región. Por lo tanto, los sistemas de salud de América Latina deben vigilar de manera simultánea y continua los casos de diabetes, hacer frente a los brotes del virus del dengue (que, por cierto, alcanzó su récord histórico de 1.501 muertes en 2019) y atender en las salas de emergencias a las personas que han recibido disparos, víctimas de la intensa violencia urbana.

Frente a una demanda tan compleja y al bajo nivel de financiación pública, la oferta de servicios de salud se presenta como limitada y desigualmente distribuida. Si tomamos el ejemplo de Brasil, observamos que el 56% de la población vive en regiones donde la cantidad de camas en la UCI es inferior al mínimo necesario para satisfacer la demanda existente, y casi el 15% de la población que depende exclusivamente del sistema de salud pública vive en regiones donde no hay ninguna cama. Si la oferta de servicios ya no es capaz de satisfacer la demanda existente en materia de salud, ¿qué sucederá entonces frente a la pandemia del coronavirus? 

Un estudio del Instituto de Estudios de Política Sanitaria (Ieps) estima que por cada 1% de la población infectada, se necesitarán casi 1.000 millones de reales en gastos adicionales (sólo en hospitalizaciones) por parte del Estado brasileño. Esto significa que si el 20% de la población se infecta con Covid-19, se necesitarán casi 19.000 millones de reales adicionales, lo que equivale prácticamente al Presupuesto total que el país gastó en hospitalizaciones en 2019. Sin embargo, el aumento de la capacidad hospitalaria de un país no se produce de la noche a la mañana, ni tampoco las pruebas, equipos de protección personal, respiradores que faltan en la región. Si el sistema público brasileño, considerado el más resistente de la región, no es capaz de hacer frente al coronavirus, otros difícilmente lo harán.

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Dada esta deficiencia, es esencial aplanar la curva de la epidemia, evitando en la medida de lo posible la eventualidad de su propagación. Varios países del continente, conscientes de los problemas crónicos de sus sistemas, han aprovechado el prolongado retraso en la llegada del virus para tomar medidas en esta dirección.

De todos ellos, sólo Brasil y México no han adoptado aún medidas sustanciales y coherentes. A pesar de los esfuerzos de los gobiernos locales, los presidentes de ambos países han adoptado una postura poco coherente con la gravedad del momento, saliendo a veces a encontrarse con la población en las calles, como fue el caso de Andrés Manuel López Obrador; llamando a veces «gripe» a la Covid-19 y animando a la gente a ir a trabajar, como fue el caso de Jair Messias Bolsonaro. Juntos, ambos países constituyen la mitad de la población total del continente.

Contener la propagación del virus en esta etapa temprana es la gran apuesta que deben hacer los gobiernos para que América Latina no se convierta en un cuadro aún más trágico de lo que estamos viendo en Europa. El hecho de que la región sea la más desigual del mundo debe tenerse en cuenta en el diseño de las políticas de contención, que para ser eficaces deberán ir acompañadas de apoyo financiero a los sectores más vulnerables de la población.

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