Esto no se parece a nada

La imposibilidad de trabajar que ha generado el confinamiento ha llevado a recurso masivo a los Erte (Expedientes de Regulación Temporal de Empleo). Mediante este procedimiento, las empresas pueden suspender las relaciones laborales con sus trabajadores mientras que éstos perciben una parte de sus remuneraciones en forma de prestaciones por desempleo. Tanto es así, que durante el estado de alarma se ha realizado una ampliación de las condiciones normales de los Erte, como que todos los trabajadores afectados por suspensión de empleo van a acceder a la prestación por desempleo, incluso si no han cotizado el mínimo de tiempo estipulado. Así pues, la cantidad de trabajadores afectados por una suspensión de empleo mediante un Erte puede darnos una primera idea del tamaño del golpe que está sufriendo la oferta de trabajo en España.

En los últimos días, gracias a declaraciones a los medios de comunicación de diferentes administraciones encargadas de la tramitación de los Erte, hemos sabido que, ya antes de finalizar marzo, se maneja una cifra provisional aproximada de un millón y medio de trabajadores afectados por suspensión de empleo. Esta cifra proviene de las solicitudes de Erte presentadas durante el estado de alarma, en principio por fuerza mayor relacionada con el confinamiento. Se trata sólo de una aproximación de la cantidad total de afectados por suspensión, pues es posible que en los días que quedan de estado de alarma se presenten más, pero también que algunos de los presentados no se autoricen o se modifiquen.

Se trata, desde luego, de una cifra muy elevada, pero ¿cuán grande es en comparación con lo que sería habitual? Para hacernos una idea, es posible representar este dato (que responde a Ertes de apenas una quincena) junto con la evolución histórica anual de trabajadores afectados por suspensiones de empleo. Este gráfico nos muestra que, antes de 2020, el peor año desde principios de la década de los 2000 se dio en 2009, al inicio de la gran recesión, y supuso poco más de 465.000 suspensiones (en todo el año, recordemos). Por tanto, desde el par de semanas transcurridas tras el inicio del estado de alarma posiblemente tenemos ya tres veces más suspensiones de empleo que en el peor año de la Gran Recesión. Para entender mejor la comparación, hay que ver que incluso 2009 fue un pico muy por encima de lo que venía ocurriendo durante la expansión, y que durante el resto de la Gran Recesión estuvo por encima de 200.00, con un nuevo pico en 2013, cuando superó ligeramente los 300.000. Desde este último año, las suspensiones habían ido disminuyendo hasta niveles semejantes a los previos a la recesión, hasta el súbito incremento que vamos a tener en 2020.

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Por tanto, este gráfico no sólo nos dice que el problema actual en relación con la oferta de trabajo es de una gran intensidad, sino que, sencillamente, no se parece a nada de lo que hayamos vivido en nuestro mercado de trabajo desde que tenemos estadísticas fiables sobre empleo, paro y condiciones de empleo. Esto es mucho decir para un mercado como el español, con unas subidas y bajadas durante las crisis y las expansiones mucho mayores de lo que suele ser habitual en la mayoría de los países europeos.

La gran ventaja de un Erte en la situación actual es que preserva el empleo, pues sólo suspende la relación laboral, no hace que desaparezca para siempre como en un despido. Es como si pusiéramos esa relación laboral en animación suspendida, alimentada por una línea de financiación que aporta el Estado. Por supuesto, esto sólo supone una solución ante problemas que se consideren transitorios, como dice hasta el propio nombre del Erte.

Ahora bien, cuando tantas personas tienen el mismo problema transitorio a la vez, el Estado puede también enfrentarse a una situación singular, pues las necesidades de financiación son mucho mayores de las habituales. De nuevo, es útil comparar con el peor momento de la Gran Recesión. En 2009, el número de beneficiarios de prestaciones por desempleo (sin contar subsidios) superó ligeramente los 1,6 millones. Ahora estamos en un nivel muy semejante generado en menos de un mes. Es cierto que los Erte no tienen por qué suponer el mismo tipo de carga financiera sobre el sistema de prestaciones que esos 1,6 millones de 2009, dado que aquéllos están destinados a ser temporales, pero es una buena muestra del gran esfuerzo financiero que debe hacer el Estado.

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Los economistas decimos muchas veces que, ante un shock negativo transitorio, pueden ponerse medidas para que esa mala situación temporal no deje heridas permanentes en el tejido productivo y social. El Erte es una herramienta pensada para dar ese tipo de solución mediante un aseguramiento colectivo de ese riesgo, a través de las prestaciones por desempleo. Sin embargo, la intensidad del problema de oferta de trabajo generado por el Covid-19 y el confinamiento es de tal magnitud que este shock transitorio es más que probable que tenga efectos permanentes, incluso afrontando de manera suficiente el desafío de las suspensiones de empleo. Así pues, hay que prepararse no sólo ante las necesidades actuales de financiar las medidas sanitarias y la parada repentina de buena parte de la actividad productiva, sino que también hará falta financiar medidas en un futuro cercano para compensar el cierre de empresas que no hayan podido sobrevivir a este momento y la consiguiente destrucción de empleo.

A nadie se le oculta que las empresas más pequeñas son las que más riesgo tienen de no superar una situación como la actual y, muy en especial, los autónomos. Este tipo de empresas y de empleo son muchos en todos los sectores económicos del país. Por tanto, ese futuro conjunto de medidas deberá tener esto muy en cuenta.

En definitiva, todos debemos ser muy conscientes de que todas estas necesidades de financiación serán bastante mayores de las que hemos tenido en recesiones previas, incluidas las más profundas, y no se limitarán a unos pocos meses.

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