Europa, Covid y ‘Brexit’: transparentando las cosas

Una de las cosas que ha hecho la pandemia es dejar en evidencia problemas estructurales de los lugares en los que ha golpeado –o sea, en casi todo el mundo, si queremos dejar fuera Nueva Zelanda como caso atípico. En Estados Unidos, queda a la luz la debilidad e injusticia de su sistema de salud, combinado con los efectos transversales y corrosivos del racismo, que afectan en especial a la población afro e hispanoamericana. En China, desde un primer momento quedó claro que las presiones de un régimen autoritario impidieron que se transparentaran los primeros pasos de la pandemia (y, por ende, hicieron tropezar los intentos de reaccionar tempranamente). En Chile, la incapacidad de implementar cuarentenas reales nos recordó las abismales diferencias en las condiciones laborales y habitacionales de distintos sectores de la sociedad, dejando nuevamente al desnudo las desigualdades en nuestro país. Luego de las negociaciones de la semana pasada, la Covid-19 ha mostrado lo mejor del proyecto europeo, y ha dejado en evidencia el tremendo error que cometió el Reino Unido al cerrar la puerta a sus vecinos continentales.

La reciente cumbre de líderes europeos resultó ser más exitosa de lo que uno se podía haber imaginado hace unos meses. Se rompieron tabúes importantes, se logró un acuerdo unánime de 27 estados y, más allá de las concesiones propias de toda negociación, son evidentes los avances en la profundización de la integración y la rapidez en la respuesta europea. El Consejo Europeo necesitó casi cinco días para acordar el presupuesto plurianual (2021-2027) y un Plan de Recuperación Económica por 750.000 millones de euros. El primero roza la no despreciable suma de casi 1,1 trillones de euros, un sueño para otros rincones del mundo. 

Más allá del gasto, lo histórico del acuerdo radica en que establece, por primera vez, la capacidad para que la Comisión Europea venda bonos –es decir, se endeude– como tal, no como países miembros. Al estar calificada como triple A, los intereses a pagar son bajos y evita que los estados asuman esa deuda individualmente a tasas más altas, aumentando así su deuda pública (en muchos, casi sin margen fiscal para hacerlo). Una buena parte del fondo llamado Next Generation EU (NGEU), que equivale casi al 2,5% del PIB de Europa, se destinará a aquellos países más afectados por la pandemia no como préstamos (y, por lo tanto, deuda), sino como transferencias directas a fondo perdido, en una lógica muy distinta a los rescates de la crisis del euro. Esto es especialmente relevante dado que los países cuyas economías más han caído este año son precisamente los que menos capacidad tienen para seguir endeudándose (Grecia, Italia, España, Portugal, etc.). Una parte importante de sus ingresos provienen del turismo, gravemente afectado por el cierre de fronteras, la cancelación de vuelos y el miedo a contagios.

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Para obtener estos subsidios, los estados deberán presentar planes de inversión que serán puntuados. Aquéllos que privilegien la economía verde y el mercado digital tendrán más valor. Se trata de apoyar el desafío de la Comisión Europea con su Green Deal, es decir, avanzar en la transición ecológica, la economía circular, el cuidado del medioambiente y el uso de energías renovables. No se trata de un regalo. Son inversiones condicionadas para estimular la economía europea, evitar el cierre de empresas o que caigan en manos de inversiores extranjeros a precio muy bajo (en especial chinos), y apoyar directamente a la ciudadanía en esta época tan difícil en lo económico, social y personal. 

El tamaño y ambición del plan acordado lo transforma en una suerte de Plan Marshall sin Marshall: el éxito del liderazgo de países como Alemania, Francia, España, Italia y los llamados países frugales (Países Bajos, Austria, Suecia, Dinamarca, a quienes en este Consejo se sumó Finlandia) contrastan notablemente con la ausencia de Estados Unidos en los esfuerzos multilaterales por combatir la pandemia. Y dados los eventos de los últimos años, es evidente que los otros grandes ausentes son los británicos. 

Otro tabú importante que se ha quebrado es el establecimiento de un impuesto europeo, que en este caso se aplicará al plástico y que permitirá ayudar a pagar la deuda que la Comisión Europea contraiga para financiar la recuperación económica. Aunque se esté aun lejos de una unión fiscal e impuestos europeos que impliquen recursos propios de la Unión Europea, es una bandera que se planta en la historia de la integración.

La profundización del proyecto europeo, con avances insospechados hace sólo unos meses, que representa el acuerdo le entrega, sin duda, armas retóricas a los Brexiteers. La coyuntura ha logrado algo que en el pasado varios países europeos han estado reclamando: un avance en la integración fiscal. El Express, diario hiper-nacionalista británico, advirtió de la creación de un super-estado europeo. Las fuerzas soberanistas europeas del continente también ponen el grito en el cielo ante estos avances, pero la pandemia (y el contexto geopolítico en general) ha forzado a los europeos a dar estos grandes pasos. Demasiados para algunos, muy tímidos para otros, pero necesarios para todos.

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Pero por el momento el Gobierno de Boris Johnson está en otra. En la medida en que la prensa esté concentrada en la inhabilidad de su sistema de inteligencia para detener los intentos rusos de desestabilizar la democracia británica, los 10 millones de libras que gastará el Gobierno en combatir la obesidad y afrontar el desastroso escenario que está dejando la pandemia por su tardía y cuestionada gestión, y los millones que está invirtiendo para establecer aduanas al concretarse el Brexit en enero próximo, otros temas relevantes están quedando en un segundo plano. El más relevante hoy son las dificultades que están teniendo en las negociaciones con la Unión Europea para llegar a un acuerdo que regule sus relaciones futuras a partir del 1 de enero de 2021. 

La fecha límite para evitar un No-Deal Brexit es el 31 de diciembre de este año, escenario complejo si se piensa en la magnitud de lo que deben acordar y que debe pasar por la aprobación de los parlamentos europeo y británico, el Consejo Europeo y el Consejo de la Unión Europea, todo en menos de cinco meses. Los europeos sostienen que los británicos han sido intransigentes en temas de competencia y regulación de la pesca; los británicos insisten en que cualquier demanda europea es un atentado contra su soberanía. Han contaminado las negociaciones las acusaciones contra la falta de voluntad en avanzar de la parte británica y el incumplimiento del Acuerdo de Transición que actualmente las rige. 

Una de las ironías de la historia es que justo uno de los países más afectados por la Covid-19, el que se ha quejado por años de los costes de pertenecer a la Unión Europea (sin reconocer los beneficios directos que ello le implicaba), es el que ahora no podrá acceder a los beneficios acordados por sus ex socios continentales. La UE ofreció a Reino Unido unirse en la compra de equipo de protección personal (PPE) pero éste, incomprensiblemente, no aceptó. Hoy, el personal sanitario británico protesta contra el Gobierno por la falta de estos importantes insumos para combatir la pandemia en el sistema de salud.

Probablemente, el Gobierno de Johnson ya tiene pensado defenderse de las críticas por su mala gestión de la pandemia, crisis económica y pérdidas de empleo atribuyéndolas sólo a la Covid-19. Sin embargo, esto no podrá ocultar los efectos negativos anunciados por tantos expertos y estudios sobre el Brexit, lo que se agudizará si finalmente éste se concreta sin acuerdo con la UE.

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