¿Experimentos en la Administración? Implementar los ‘labs’ de gobierno

Según la OCDE, sólo el 45% de los ciudadanos de las democracias del mundo confía en sus gobiernos. En España, esta confianza cae al 30%. Nuestro país precisa profundizar en la creación de espacios que recuperen dicha confianza; especialmente en esta pandemia, donde crecen los problemas y éstos son cada vez más complejos. Ello, unido a la población más educada y conectada de la historia, capaz y deseosa de involucrarse en los asuntos políticos, da una mezcla explosiva que requiere de dos acciones: por un lado, fomentar la innovación en la búsqueda de soluciones; y por otro, integrar más a los ciudadanos en la toma de decisiones con nuevos instrumentos de participación democrática. Ya no nos conformamos con votar cada cuatro años o manifestarnos cuando estamos decepcionados. Pedimos nuevos mecanismos y canales de participación duraderos.

Un buen marco para ello es la política del Gobierno Abierto, basada en la transparencia de la actividad pública, unida a la creación de espacios permanentes de participación y colaboración ciudadana. Desde su creación en 2011, la mayoría de países democráticos se han unido a la Alianza del Gobierno Abierto. España ya ha implementado tres planes bienales en esta materia, mejorando la calidad de nuestra democracia con herramientas como la Ley de Transparencia; pero no es suficiente.

Ayer se aprobó el IV Plan de Gobierno Abierto de España, de cuatro años y no dos, lo que permite incluir compromisos más ambiciosos como el de los laboratorios de innovación (o ‘labs’). Esta nueva herramienta busca aumentar la participación ciudadana en la Administración General del Estado (AGE), incorporando de forma estable la opinión y el conocimiento de la gente en la gestión de los asuntos públicos. Y, a su vez, busca acelerar la innovación pública, introduciendo el enfoque experimental en el diseño de las políticas públicas, para que éstas se basen en datos y evidencias. Los labs generan espacios donde prototipar y testear medidas para conseguir objetivos en políticas públicas, algo complicado con las actuales estructuras administrativistas de la AGE. Sus equipos multidisciplinares, libres de las restricciones de una estructura jerárquica y garantista, facilitarán la generación de ideas innovadoras.

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Ya son varios los países que han puesto en marcha los labs para solucionar problemas públicos. Reino Unido, Australia o Finlandia son casos notorios. Los finlandeses han puesto el foco en reorientar los servicios centrándose en el ciudadano, superando la división por sectores y competencias y utilizando herramientas de inteligencia artificial. Su primer paso ha sido desplegar cursos de formación en esta tecnología, que ya se han impartido al 1% de la población.

En el ámbito iberoamericano destaca Chile, con su Laboratorio de Gobierno, cuyo primer experimento fue rediseñar las facturas de la electricidad para mejorar su comprensión. Para ello, los funcionarios del lab trabajaron junto a académicos, representantes de las eléctricas y grupos de ciudadanos. Esto facilitó a los ciudadanos entender el uso de energía y qué hacían para optimizar y reducir su consumo.

También en España se han implementado los labs, pero a nivel autonómico y local. Destaca el caso del Laaab de Aragón, que utiliza nuevas metodologías y técnicas que mejoran el debate y la deliberación en talleres de dinamización, diseñados para incrementar y mejorar la involucración de la ciudadanía mediante sesiones de co-creación y validación de políticas públicas. En ellos se adaptan los procesos, eliminando en la medida de lo posible el lenguaje técnico y simplificando al máximo la explicación de las iniciativas, de tal forma que cualquiera las pueda entender.

Otro caso es el del MediaLab madrileño, donde se pueden proponer iniciativas para que las discutan los concejales. No obstante, primero se prototipan, llevando las ideas a la práctica y materializándolas en una primera versión funcional. Para ello se forman grupos interdisciplinares de trabajo en torno a propuestas seleccionadas mediante convocatoria abierta. En ellos participan tanto el o los proponentes iniciales como todos los interesados en colaborar, y cuentan con asesoramiento conceptual y técnico de un equipo de expertos.

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Tanto funcionarios de la AGE como la sociedad civil han avalado las ventajas de los labs, aprobando implementarlos como compromiso del IV Plan de Gobierno Abierto. Y es a partir de aquí donde aparecen las grandes preguntas:

¿Por qué políticas públicas empezar a aplicar los ‘labs’?

1.- En la implementación de innovaciones tecnológicas con dilemas éticos que requieran deliberación y un debate sosegado.

2.- En problemas enrevesados que no admiten soluciones binarias. Con decenas de soluciones disponibles e intereses contrapuestos, la participación ciudadana en el lab permite llegar a soluciones consensuadas y más adecuadas.

3.- En problemas que requieren decisiones y costes a largo plazo, pero cuyas decisiones pueden contaminarse por el cortoplacismo de las elecciones. Ejemplo: inversiones en grandes infraestructuras. Usar labs al diseñar estratégicamente las mismas aporta legitimidad, credibilidad y eficacia.

¿Cómo seleccionar a los participantes?

Uno de los grandes beneficios que generan los laboratorios es dar voz al ciudadano desorganizado, que quiere participar en los asuntos públicos sin pertenecer a una asociación, partido o sindicato.

El modelo aragonés selecciona a los participantes de manera informal. Para cada proyecto publican un post en la web y seleccionan por orden de inscripción. Además, establecen cupos mínimos para asegurar una variedad de personas por edad, distribución territorial, género y diversidad funcional.

En Chile, seleccionan a los participantes externos tras un mapeo del ecosistema de cada política pública, con muestras estadísticas de ciudadanos, académicos, empresas y organizaciones de la sociedad civil. Se invita a muestras representativas, manteniendo el control de las distintas sensibilidades.

En ambos casos, se realizan experimentos y prototipos con grupos estadísticamente representativos. Lo ideal es que cada laboratorio cuente con un equipo que maneje bien las redes sociales y haga campañas de microtargeting, usando el big data y desplegando diferentes estrategias de mercadotecnia en línea para atraer a los participantes más adecuados. La AGE deberá pensar en fórmulas de reclutamiento que den cabida a una pluralidad de voces y equilibren puntos de vista; y evitar uno de los sesgos más recurrentes: el nivel de estudios. En Finlandia, por ejemplo, el 90% de participantes en labs contaba con título universitario.

¿Cómo fomentar la participación ciudadana?

La mayoría de ciudadanos suele participar si se le explica con claridad por qué se le necesita y por cuánto tiempo, poniendo énfasis en el interés por mejorar un aspecto que le afecte directamente. Pero, para asegurar la mejor participación posible, existen varias medidas que se pueden poner en marcha. Por ejemplo, se podrían crear una especie de Goyas a la participación, con un reconocimiento institucional y mediático para los equipos que aportaran la información más útil. Por ejemplo, los viajeros frecuentes son una fuente de experiencias útiles para el Ministerio del Interior (Policía, Aduanas…) o el de Transportes y sus entes (Aena, Adif, Puertos del Estado…), que ayudarían a mejorar la organización de la seguridad en puertos, aeropuertos y estaciones de ferrocarril. Y así podríamos seguir con decenas de ejemplos. El reto es hacer posible que cualquier español de a pie pueda participar, permitiendo a la AGE hacer uso del conocimiento que cada uno pueda ofrecer.

También se puede optar por establecer una remuneración económica. Así, se podría crear un cuerpo de BetaTesters, o ciudadanos preseleccionados, a los que se les pague por estar dispuestos a participar en proyectos de labs donde se les considere relevantes. De lo contrario, se teme que acaben participando los de siempre: aquéllos con mucho tiempo libre o con un interés parcial en influir en determinadas políticas públicas. Además, sería recomendable que los participantes tengan derecho a días de permiso pagados para participar en los labs, algo que ya ocurre en el caso de los ciudadanos seleccionados para jurados populares o mesas electorales.

Para evitar que los laboratorios se conviertan en una herramienta percibida como lejana es necesario crear comunidad, dando una dimensión física a cada lab. Y evitar la tentación de empezar por Madrid. Mejor optar por instalarse, al inicio, en ciudades intermedias, para abrirse a la participación presencial de españoles de todos los territorios. Desde el Laaab aragonés acaban de invitar a la AGE a establecer el primer laboratorio en Zaragoza, brindando instalaciones para ello.

¿Cómo asegurar la viabilidad de las ideas experimentadas?

La ventaja de poner en marcha prototipos de soluciones no es sólo poder testear sus resultados, sino también las problemáticas que surgen al poner en marcha e implementar dicha política. De esta forma, se pueden corregir antes de implementarse a gran escala. Además, esta fase de prototipado también puede servir para atraer a nuevos actores y colaboradores interesados en sus primeros resultados, lo que puede contribuir a su mayor éxito y sostenibilidad. Los labs deben disponer del mandato y la libertad de explorar fuera de las rutinas político-administrativas, para escapar de las urgencias del día a día que asfixian e impiden la necesidad de repensar determinadas políticas. Eso sí, a la hora de transformar ideas innovadoras en políticas públicas, los laboratorios deben hablar siempre el lenguaje del sector público, y no el del mundo del diseño. De otro modo, se arriesgan a que sus proyectos sean inviables.

En cualquier caso, la puesta en marcha de los labs no debe servir como excusa para reabrir el debate clásico entre democracia representativa y democracia directa: aquéllos son nuevos espacios que complementan al sistema representativo porque la toma de decisiones final quedará en manos de los políticos democráticamente elegidos para ello.

En definitiva, los labs generarán un efecto de aprendizaje y empoderamiento de la ciudadanía. Y acelerarán un desaprendizaje de la cultura funcionarial incluso entre los propios funcionarios. Cada lab debe crear un entorno de confianza y permitir así hacer todo aquello que no prohíbe la ley, acabando con la idea rígida de sólo hacer lo que la ley permite. Los laboratorios servirán para abrir un camino a la innovación y caminar hacia una concepción posibilista del Derecho. Esta pandemia ha servido en sí misma como un laboratorio de políticas públicas, acelerando reformas gubernamentales necesarias, y demostrando la viabilidad del teletrabajo o la necesidad de aumentar la atención online. Se ha roto con procesos rutinarios que, pese a mostrarse obsoletos o ineficaces, nadie se había atrevido a cambiar.

Varios expertos coinciden en que los laboratorios de innovación se podían haber usado para el diseño y planificación de la vuelta al cole tras el confinamiento, con el fin de aprovechar la inteligencia colectiva. No ha dado tiempo. Con el IV Plan aprobado, empecemos a experimentar en labs, de forma controlada y localizada, para generar mejores políticas públicas que mejoren la vía de las personas. Sus métodos heterodoxos, sus propuestas disruptivas y la introducción de terceros hace pensar que generarán resistencias en una cultura burocrática. Por eso, lo más importante para consolidarlos en la AGE será contar con la voluntad política firme de ponerlos en marcha. Ojalá desde la Moncloa.

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