¿Fin de una España posible? 

A finales de diciembre de 2003, algunos medios del País Vasco publicaron un artículo en defensa del derecho de las instituciones vascas a tramitar la Propuesta de Estatuto Político de la Comunidad de Euskadi, más conocida como Plan Ibarretxe.

En aquel artículo, señalaba que la presentación del Plan simbolizaba, en cierta forma, el fin de una ilusión. Se trataba de una referencia a una concepción distorsionada: la de unos poderes del Estado que, apropiándose de la soberanía del pueblo español, pretendían situarse por encima de las instituciones representativas de los distintos pueblos de España para imponerles unilateralmente decisiones no pactadas, considerando que “los poderes autonómicos … no son otra cosa que un modo de organización territorial del Estado» (tal y como se argumentaba en el escrito de impugnación del Abogado del Estado ante el Tribunal Constitucional). Porque no es sino ilusión pensar que esta concepción de España, y del sistema constitucional y autonómico, pudiera llegar a ser alguna vez compartida en Euskadi o Cataluña.

La pervivencia de esta visión en la Administración General del Estado, y en algunos partidos políticos españoles, volvió a hacerse visible en la reacción contra el Estatut de 2006. Esta vez, sin embargo, aquella reacción ha llevado a un punto final en el recorrido posible de la Constitución de 1978. Hoy, y de forma inequívoca, las instituciones catalanas dan una respuesta negativa a la pregunta de si la Constitución, y su desarrollo estatutario, pueden ofrecer respuestas al problema de la integración política de Cataluña en España. A diferencia del Plan Ibarretxe, que asumía la potencial capacidad integradora del bloque de constitucionalidad y, por ello, planteaba una reforma estatutaria dentro del marco de la Constitución española, las fuerzas nacionalistas catalanas han optado por construir una nueva legalidad al margen del sistema constitucional.

En el diagnóstico, es preciso considerar además el cambio sustancial que se introduce en 2010 en la interpretación de las normas internacionales sobre el derecho de secesión. La opción del nacionalismo catalán por la vía unilateral no es ajena, en este sentido, al contenido de la Opinión consultiva de Corte Internacional de Justicia sobre la declaración unilateral de independencia relativa a Kosovo, emitida en aquel año.

Esta Opinión sostiene algo más que la idea de que la ley internacional no prohíbe este tipo de declaraciones de independencia. Lo verdaderamente decisivo es la argumentación que desarrolla la Corte para sostener que los representantes del pueblo de Kosovo no infringieron las normas internacionales al actuar al margen de las instituciones de autogobierno previstas en la Resolución 1244. Por un lado, el tribunal defiende en el párrafo 105 de su Opinión que, al declarar la independencia, sus autores no pretendían que “surtiera efectos dentro del ordenamiento jurídico” de la mencionada resolución, sino “que decidieron adoptar una medida cuya significación y efectos se situaran fuera de ese ordenamiento”. Por otro, en el 109 la Corte señala que la referencia al marco constitucional existente no puede fundamentar la prohibición de una declaración unilateral de independencia en el derecho internacional porque “los autores de la declaración de independencia … no actuaron como institución provisional de autogobierno dentro del Marco Constitucional, sino como personas que actuaban conjuntamente, en su calidad de representantes del pueblo de Kosovo, fuera del marco de la administración provisional”.

Cualquiera que haya seguido el proceso catalán, entenderá el paralelismo entre Kosovo y Cataluña, así como las implicaciones de la Opinión de la Corte Internacional de Justicia para la interpretación de los actos de secesión en el derecho internacional. En la práctica, y salvo casos específicamente prohibidos por las Resoluciones de Naciones Unidas, la argumentación de la Corte contribuye a dar legitimidad a los procesos secesionistas desarrollados al margen de los marcos constitucionales existentes, incluso en contextos democráticos.

En el artículo de 2003, apelaba a la negociación para un modelo constitucional claro y estable de distribución de competencias, regulación de los procedimientos de modificación del estatuto político de los distintos territorios y reconocimiento de los derechos que asisten a las distintas nacionalidades españolas, minoritarias o no. Algo que exigía abrir los ojos a una realidad compuesta por distintas referencias de identificación nacional tanto en España como en Euskadi (o en la Cataluña actual). La conclusión final era la siguiente: “La división política, la crispación y el resentimiento entre comunidades enfrentadas conformarán el escenario al que nos veremos abocados si no se admite la pluralidad de partes constituyentes, si no se defiende su derecho a reivindicar un modelo político basado en la igualdad entre ellas y no en la imposición de las tesis de las mayorías políticas”. Hoy vivimos en ese escenario, no en Euskadi, pero sí en gran medida en el marco de relación entre España y Cataluña.

En mi opinión, es necesario reafirmar la existencia del pueblo vasco y del pueblo catalán, el derecho de autodeterminación que les asiste y el poder constituyente propio que les legitima para negociar, a través de sus representantes políticos, cualquier nuevo pacto de relación con los demás pueblos de España; o, en su caso, un procedimiento para la separación. Pero también es necesario apelar al sustrato democrático de esos pueblos para exigir que los cambios que se establezcan, en virtud del poder constituyente que les asiste, se enmarquen en procedimientos democráticos, negociados y pactados.

Si no se avanza en una línea de acuerdo, aunque no sea más que para pactar el procedimiento para la separación (las mayorías exigidas, los derechos a garantizar en todo caso, etc.), no será sólo el régimen constitucional de 1978 el que entrará en quiebra. La mera posibilidad de una España constitucional, aceptable para las que han sido hasta ahora sus partes constituyentes, será la que acabará desapareciendo. Por la fuerza de los hechos.

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