Frankenstein y la propuesta educativa de Ciudadanos

La rápida difusión de la propuesta de Ciudadanos en materia educativa y las numerosas reacciones, a favor y en contra, dan fe de que estamos ávidos de iniciativas ilusionantes y creíbles. Bienvenida sea, por tanto, la posibilidad de discutir los planteamientos (en este caso sobre educación no universitaria) de un partido que, según los sondeos, tendrá un papel determinante en la política española de los próximos años, aunque no habría estado de más haber tenido esta posibilidad antes de las elecciones autonómicas celebradas el pasado mayo.

El documento ofrece niveles muy diferentes de medidas que van desde reformas globales del sistema hasta aspectos pedagógicos muy específicos. Asimismo, en ocasiones mezcla el diagnóstico con los objetivos y las propuestas más concretas. En cualquier caso, da buenas pistas sobre los aspectos por los que apuesta Ciudadanos en educación. En relación con los objetivos, muchos son ya lugares comunes y no hay mucho que objetar: nadie puede estar en contra de que la educación deba orientarse a formar “buenas personas, buenos ciudadanos, cultos y libres, y buenos profesionales”, de que hay que reducir el galopante abandono educativo temprano y de reclamar, una vez más, un pacto educativo nacional que trascienda legislaturas y gobiernos.

La propuesta presenta, no obstante, algunas premisas iniciales discutibles. La primera es que la educación en España es desastrosa y que el modelo educativo español es un fracaso. Es evidente que tenemos mucho que mejorar, pero ese catastrofismo solo se entiende como un discurso prefabricado de un partido que se postula como “el cambio sensato” y al que le conviene insistir en que todo lo anterior carece de sensatez. No creo que el diagnóstico se corresponda con la realidad, máxime si tenemos en cuenta nuestra historia y la sociedad en que se inscribe nuestro sistema educativo. Tampoco creo que una visión hiperbólicamente negativa de lo anterior y lo actual ayude a construir el pretendido acuerdo educativo. La segunda premisa que no comparto es que el desempleo esté motivado por un modelo educativo que no enseña las habilidades y conocimientos que demanda el mercado. Presupone el texto que las capacidades de la mano de obra moldean, casi mágicamente, la estructura productiva de un país, cuando más bien es al contrario: las posibilidades de empleabilidad dependen, fundamentalmente, de la estructura productiva y de la coyuntura económica. No hay más que ver las cifras de españoles altamente cualificados empleados en otros países para discutir seriamente esta idea.

Las propuestas de Ciudadanos tienen como principal aspecto positivo que ponen sobre la mesa cuestiones que merecen, desde hace tiempo, mucha atención y que han sido insuficientemente tratadas, especialmente en la actual legislatura. A mi juicio, las más importantes son la potenciación de la educación infantil 0-3 como instrumento de lucha contra las desigualdades educativas, la eliminación de costes educativos para las familias en centros públicos y concertados, la reducción de la repetición, el diseño de opciones formativas que eviten los callejones sin salida del sistema, la reforma de la formación inicial del profesorado y los mecanismos para promover un desempeño adecuado durante la carrera docente. Sin embargo, el diablo está en los detalles y veo problemas de concreción en algunas cuestiones.

Hay propuestas, como la reducción de los gastos educativos para las familias, que requerirían no solo un cambio profundo en la inspección, sino sobre todo un aumento en la inversión y un cambio en la financiación de los centros concertados. También necesitarían un incremento significativo de recursos la introducción de tutorías personalizadas (aunque se asume que se sufragarían por el ahorro de minimizar la repetición) y la generalización de los profesores de apoyo, propuestas que me parecen especialmente positivas. De manera sospechosa o/y preocupante -elijan-, casi nada se dice sobre el modelo de financiación.

Ciudadanos pone el énfasis en medir los resultados para introducir medidas que mejoren la calidad de la educación. En esa lógica no hay discusión: Es imprescindible evaluarla. De hecho, en España se realizan evaluaciones diagnósticas desde hace décadas, a las que se sumaron PISA y otros indicadores desde los primeros años de este siglo. La cuestión aquí es otra distinta: se propone estandarizar la evaluación de centros y docentes. En concreto, Ciudadanos plantea evaluar el desempeño de los estudiantes, y contrastarlo con su nivel inicial, para medir así el valor añadido por la escolarización. Se me ocurre que esto solo es posible con un modelo como el de la LOMCE, que jalona el sistema educativo con pruebas externas (reválidas), una opción cuestionada por parte de la comunidad educativa y de los expertos. Por otro lado, en España, la mayoría de evaluaciones se han realizado a través de pruebas externas que no toman en consideración el punto de partida del alumno y que han generado rankings de centros poco fiables e inútiles para mejorar la calidad de la educación. ¿Propone Ciudadanos lo primero, lo segundo o las dos cosas? Al menos a mí, no me queda claro. En cualquier caso, no hay evidencias de que cualquiera de las dos opciones mejore la eficacia del modelo y sí de que reduce la equidad (sobre esta cuestión, recomiendo las observaciones de Lucas Gortazar y Octavio Medina en este post).

La retórica del documento está plagada de declaraciones blandas en busca de adhesión fácil (“En los colegios los niños pierden horas y horas haciendo ejercicios de gramática inglesa y terminan sin saber hablarlo”) para introducir a continuación medidas más discutibles (habilitación obligatoria en inglés del profesorado). De manera inteligente, se realizan guiños tanto a los sectores educativos más liberales, con un apartado sobre el espíritu emprendedor (tras leerlo tres veces, sigo sin comprender a qué se refiere), como a sectores más progresistas y renovadores desde el punto de vista pedagógico, con los epígrafes sobre los valores cívicos, el pensamiento crítico y el aprendizaje social y emocional (confieso que parte de estos tampoco me resultan fáciles de entender), pero todo ello con un grado de concreción mínimo. Por otro lado, se utilizan términos que pueden dar lugar a confusión: por ejemplo, se equipara la autonomía de los centros con otorgar mayor poder a los directores, cuando no es lo mismo. En este sentido, se confía desproporcionadamente en los beneficios de atribuir mayores competencias a las direcciones de centro frente a los claustros, y no se mencionan, por poner un ejemplo, los posibles efectos adversos de la politización de las direcciones por los gobiernos de turno. En el mismo sentido, se apuesta por una diferenciación de los centros a través de la “oferta de itinerarios específicos y la elección del método docente”. No se explica cómo se materializarían esos itinerarios, quizá para no entrar en el debate sobre si una diferenciación significativa en las etapas básicas genera desigualdad de oportunidades educativas.

El documento no aborda cuestiones espinosas que, en buena medida, son las que bloquean la posibilidad de un consenso de mínimos en educación. Entre ellas, no se explicita cuál será el lugar de la religión en la escuela (aunque se menciona el estudio de la historia de las religiones, no se dice si sustituirá a la asignatura de religión) y tampoco si se prevé alguna medida en relación con los centros religiosos, en especial con aquellos que segregan al alumnado según sexo. Tampoco se explica cuál será el método para elegir a los directores de los centros, un elemento determinante en el modelo educativo de Ciudadanos. Y, finalmente, eluden el debate sobre qué papel jugarían la escuela pública y la escuela concertada en el sistema educativo.

Ciudadanos asegura partir de la evidencia empírica sólida y de las buenas prácticas que se han confirmado exitosas en otros países. La realidad es que se basa solo en una parte de la literatura académica. Por ejemplo, las evidencias sobre la etapa 0-3 sí son sólidas y hay cierto consenso entre los investigadores; no ocurre lo mismo, por ejemplo, con los efectos esperados de los incentivos ligados a la rendición de cuentas de centros y docentes. En cuanto a las experiencias exitosas en otros países, solo desde una visión naíf de la educación podemos esperar que lo que se hace en Finlandia o Luxemburgo sea fácilmente extrapolable a la realidad española. Pretender implantar medidas de fuera sin atender a las especificidades de nuestro contexto puede tener consecuencias muy negativas.

En ese sentido, y como ejemplo de lo anterior, no observo prudencia y sí cierta obsesión con la enseñanza del inglés, hasta el punto de situarlo como uno de los seis objetivos básicos del sistema educativo. Con las características de la oferta de personal docente actual, exigir que todo el profesorado hable inglés puede tener como consecuencia que excelentes profesores se queden fuera de la profesión y que otros mucho menos competentes estén en ella. Por otro lado, si se generalizan los centros bilingües, existe un serio riesgo de que una parte no desdeñable de los alumnos se vea perjudicada en el resto de las materias y en su trayectoria académica. Pensemos un instante en las diferencias en el conocimiento del inglés de los progenitores españoles y de los finlandeses, y en la vivencia del idioma en la vida cotidiana en ambos países. Por otro lado, la obstinación de Ciudadanos con equipararnos internacionalmente se hace patente cuando afirma, en uno de los seis objetivos básicos de su nuevo modelo, que PISA debe ser el patrón único para medir el desempeño del sistema español. Resulta sintomático que una encuesta, en este caso organizada por la OCDE, marque los objetivos educativos de nuestro país.

En definitiva, algunas de las propuestas que plantea Ciudadanos son positivas y es buena noticia que se consoliden en la agenda política educativa. Sin embargo y salvo excepciones, aquellas medidas que considero mejores son también a las que el documento otorga menos espacio e importancia, y las que me ofrecen más dudas son su eje vertebrador. Tal y como está formulada, la propuesta de Ciudadanos es, en parte, una yuxtaposición e importación de iniciativas poco adaptadas a la realidad española, que no cuentan con una reflexión y debate suficientes entre la comunidad educativa y que, desde mi punto de vista, correrían el riesgo de alumbrar un sistema tipo Frankenstein, con apariencia equilibrada, pero con serias debilidades y problemas de funcionamiento.

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