¿Fraude electoral en Estados Unidos?

Antes de las emblemáticas elecciones presidenciales del año 2000, donde George W. Bush derrotó a Al Gore, pocos se cuestionaban la calidad de los procesos electorales en la democracia más vieja y, para muchos, más consolidada del mundo. Entonces, los resultados oficiales finales tardaron más de un mes en conocerse, luego de un intenso recuento parcial de votos en el estado de Florida y la importante decisión de la Corte Suprema (‘Bush v. Gore, 2000’). 

En el sistema electoral de Estados Unidos –de tipo indirecto– son los votos del colegio electoral los que deciden al ganador. Para obtenerlos, es preciso conseguir la mayoría del sufragio popular en cada uno de los 50 estados. En Florida, George W. Bush registró 2.912.790 papeletas frente a las 2.912.253 de Gore. Gracias a esta diferencia de apenas 537 votos, Bush consiguió los 25 escaños del colegio electoral correspondientes al Estado, y con ellos la Presidencia, lo que explica la importancia y la atención que atrajo Florida.

La noche electoral, la diferencia entre ambos candidatos en Florida era de 1.784 votos, lo que disparó un recuento automático. Éste, y otros recuentos manuales, eventualmente suspendidos por la Corte Suprema, arrojaron luz sobre algunos problemas en la calidad de la Administración electoral. Quizás el más conocido es el uso de las papeletas mariposa que, por su diseño imperfecto, confundieron a los votantes a la hora de marcar su opción predilecta, lo que explicó el inusual número de papeletas obtenido en Palm Beach por el tercer candidato, Pat Buchanan. A esto se sumaron acusaciones de problemas con el registro electoral, las máquinas de votación mecánica y el conteo de votos, entre otros.

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Esto, junto con el retraso de los resultados y, con ello, las dudas de muchos sectores de la población sobre la legitimidad del proceso, llevó al país a una amplia reflexión sobre la integridad de sus elecciones. Y ésta tuvo efectos positivos. En universidades, centros de pensamiento y el propio Congreso se propusieron soluciones técnicas para mejorar la Administración electoral.  Así, en 2002 se aprobó la Ley Hava (‘Help America Vote Act’), que estableció estándares administrativos uniformes, reemplazó las máquinas de votación anticuadas y mejoró la accesibilidad para los electores. De Hava también salió la Comisión de Asistencia Electoral, que ayuda y financia a los 50 estados para que cumplan estos estándares. 

Este esfuerzo reformador no se ha detenido. En 2004, tras problemas en el Estado de Ohio durante la elección presidencial, el ex presidente Jimmy Carter y el ex secretario de Estado James A. Baker crearon la Comisión para la Reforma Federal Electoral. Esta Comisión hizo 87 recomendaciones, desde crear un registro electoral nacional uniforme hasta permitir el acceso completo a observadores electorales domésticos e internacionales. Más adelante, y después de las largas colas registradas en la elección presidencial de 2012, el entonces presidente Barack Obama creó la Comisión Presidencial para la Administración Electoral. Entre otras cosas, se hicieron recomendaciones para reducirlas, actualizar la tecnología electoral y mejorar el registro de votantes.

Hoy, a pocos días de la elección presidencial del 3 de noviembre, ¿cuál es el estado de la Administración electoral estadounidense? ¿Han sido suficientes las recomendaciones y cambios aplicados a lo largo de los últimos 20 años? Tras las elecciones intermedias de 2018, el Proyecto de Integridad Electoral de las universidades de Sidney y Harvard publicó un estudio completo sobre la integridad de las elecciones en Estados Unidos (PEI-US-2018). El estudio se basa en encuestas de percepción a 574 expertas y expertos electorales. Mediante 49 preguntas se cubrieron los 11 componentes del ciclo electoral, desde el registro de votantes hasta los medios en campaña y el desempeño de las autoridades electorales.

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El estudio se realizó a nivel nacional, lo que nos permite ver las diferencias entre los 50 estados. Así, mientras Vermont, Washington y Maine tienen niveles muy altos de integridad electoral, estados como Indiana, Florida y Georgia los tienen moderados o bajos. Esto revela la pluralidad de sistemas y procedimientos electorales en este país federal y, quizás, la necesidad de su homologación. Las principales diferencias a nivel estatal pueden verse en el siguiente mapa:

Otro de los principales hallazgos es que la integridad electoral respecto a la última elección celebrada (la presidencial de 2016) ha mejorado. En comparación con 2016, en 2018 siete estados pasaron a niveles de integridad alta y muy alta, mientras que los de integridad moderada se redujeron a la mitad (pasando de 16 a ocho). Una excepción es que, por primera vez, un Estado (Georgia) pasó de nivel moderado a bajo, único en esta categoría). La siguiente tabla muestra este avance general:  

Estos avances también se reflejan en los hallazgos del Centro Pew después de los comicios de 2018. Tras ellas, se reportó una percepción positiva del proceso y de la experiencia del votante y, lo que es más importante, un aumento en la confianza en las elecciones y en su seguridad. Los programas y la implementación de recomendaciones realizadas desde la Ley Hava en 2002 hasta la Comisión Presidencial de Administración Electoral en 2013, han contribuido de manera decidida a este avance en integridad electoral.

Sin embargo, se han sembrado dudas en torno a las elecciones del 3 de noviembre. Desde su candidatura en 2016, el presidente Trump ha insistido en que existe fraude electoral en el país. Y para 2020, ha denunciado envíos dobles de boletas a votantes demócratas y de fraude postal masivo. ¿Hay razones para preocuparse? ¿Es posible un fraude electoral masivo en la democracia más vieja del mundo? Un fraude así, entendido como una serie de acciones coordinadas y sistemáticas de manipulación del proceso o el resultado para beneficiar a una opción política, simplemente no es posible. Sin embargo, esto no quiere decir que no haya problemas en ciertos aspectos de la Administración electoral. El mismo Centro Pew ha señalado que un reto importante es el desigual desempeño entre estados. En esta línea, el PEI-US-2018 ha señalado la composición de los distritos electorales y la financiación política como las áreas con más margen de mejora. Al tiempo.

(Acceda aquí a la cobertura de Agenda Pública sobre las elecciones estadounidenses, con análisis y datos exclusivos)

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