Frenar la inmigración irregular, ¿política ficción?

Ya en los 80 nos decía Lee Atwater, estratega político, que la percepción es igual de importante que la realidad. Hace meses, poco después de la aclamada gestión de la llegada del ‘Aquarius’, el Gobierno cambió el rumbo de su política migratoria. A finales de enero, el diario El País publicaba el plan del Gobierno para reducir un 50% la inmigración irregular. ¿Es ésta un problema? ¿Estamos sobredimensionando la realidad? ¿Hay nuevos actores en el tablero? ¿Cuáles han sido los cambios y qué podemos esperar de este nuevo plan?

1.- Limitar las acciones de Salvamento Marítimo

Uno de los ejes de ese plan es replantear la participación de Salvamento Marítimo: se pretende que continúe atendiendo naufragios cuando reciba llamadas de auxilio, pero que limite su papel en la búsqueda y rescate de pateras. Si bien esta propuesta está pendiente de una resolución definitiva, algunas medidas ya están convirtiendo a Salvamento Marítimo en una pieza clave en el tablero de la política migratoria.

De un lado, sindicatos y activistas consideran que el cuerpo se está militarizando, dejando de lado su cometido civil, público y social. El Gobierno ha retomado un convenio entre la Guardia Civil y Salvamento Marítimo que permite que los agentes embarquen en el buque Clara Campoamor como refuerzo de seguridad. Su presencia como cuerpo policial puede llegar a suponer un riesgo añadido, ya que los migrantes podrían dejar de alertar en caso de naufragio. Además, se pone en marcha el mando único operativo para la cooperación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la frontera y en el Estrecho.

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Por otro lado, el sindicato mayoritario en Salvamento Marítimo, CGT, pone el foco en la falta de medios materiales y en la eliminación de las tripulaciones de refuerzo. Los radares de búsqueda de las tres aeronaves que permiten localizar las pateras en riesgo de naufragio no funcionan.

Por último, la revisión en el protocolo de comunicación se ha traducido en la desaparición de los rescates de pateras en las redes sociales. Este apagón informativo es una práctica que ya se implementa en Italia y Malta: lo que no se cuenta, no sucede.

2.- Bloqueo y criminalización de la ayuda humanitaria

Fomento, a través de las capitanías marítimas de Barcelona y Pasaia, ha denegado el despacho –cambiando de criterio– a dos barcos españoles de búsqueda y rescate en sus respectivos puertos: el Open Arms (8 de enero) y el Aita Mari (18 de enero). Los argumentos del Ejecutivo para la retención en puerto de ambos buques de ONGs de salvamento son los mismos: debido al cierre de los puertos italianos y malteses, los buques humanitarios «se ven forzados» a recorrer largas distancias con los rescatados a bordo, con lo que se acaba «incumpliendo» la normativa marítima.

Según el propio Óscar Camps, fundador y director de la ONG Open Arms, esta normativa no se incumple pues ambos barcos son de salvamento, y de acuerdo con el derecho sobre la materia los náufragos no ocupan plaza. Asimismo, como señalan tanto la Asociación de Jueces y Juezas para la Democracia y la Unión de Fiscales por la Democracia, la resolución se sostiene en un incumplimiento del deber de auxilio de otros países, atribuyéndolo a quien precisamente presta ese auxilio. Esto es, son los rescatadores y los propios solicitantes de protección internacional y migrantes los que pagan el precio de estas violaciones del Derecho Internacional (marítimo y humano). Por último, el bloqueo impone una medida preventiva, anticipando algo que no ha sucedido.

3.- La Fortaleza sur y la externalización de fronteras

Con la ruta del Mediterráneo central cerrada, la estrategia inmediata pasa por frenar las llegadas por Marruecos. ¿Cómo? Por un lado, el Consejo de Ministros aprobó el pasado mes de enero un plan para destina casi 33 millones de euros (cofinanciados por fondos europeos) a “reforzar y modernizar el sistema de protección fronteriza en Ceuta y Melilla”.

Intentará, por otro lado, que Marruecos amplíe su ámbito de actuación en la zona del Estrecho y del Mediterráneo. España está siendo la voz de Rabat en Europa, y trata de convencer a la Comisión Europea de que la ayuda financiera destinada al país vecino se consolide en el Presupuesto europeo y llegue a tiempo.

Además, el 21 de febrero despertamos con un nuevo acuerdo con Rabat, mediante el cual Salvamento Marítimo podrá desembarcar en puertos marroquíes, y no necesariamente españoles, a las personas rescatadas; personas entre las cuales se podrían encontrar solicitantes de asilo.

El Ejecutivo va más allá: el ministro Grande-Marlaska estuvo en Gambia y Guinea-Conakry a principios de año con el imperativo de reforzar la cooperación en materia de lucha contra la inmigración irregular y por el control de los flujos migratorios. España tiene, desde 2006, acuerdos de cooperación en materia de inmigración con ambos países. A ellos se ha añadido la firma de un convenio de seguridad, además de la promesa de recursos para reforzar las capacidades operativas de las Fuerzas de Seguridad en materia de gestión de flujos migratorios.

4.- Presión a los socios mediterráneos   

El Gobierno ha rechazado la iniciativa dirigida por Francia y Alemania de participar en esquemas de reparto de personas rescatadas en el Mediterráneo central y cuyos desembarcos corresponderían a Italia y Malta. Es una (otra) política miope, sí, pero que se rechaza porque no tiene en cuenta el Mediterráneo occidental y, por lo tanto, no beneficia a España; es más, podría provocar efecto llamada.

Además, el Ejecutivo seguirá ejerciendo presión a Italia para que cumpla con sus obligaciones europeas e internacionales y abra los puertos a los buques cercanos a su territorio. Esta presión (ideada de nuevo por Francia y Alemania) tomaría la forma de penalización económica en los próximos Presupuestos para aquellos países que no cumplan sus compromisos.

Estas medidas responden a decisiones políticas; incluso en el caso del bloqueo de buques de salvamento, donde se ha intentado argumentar que se debía a una cuestión técnico-administrativa. Las consecuencias de esta ‘necropolítica son claras: muertes. Demasiadas. Miles. 18.026 personas desde 2014, según fuentes de Acnur.

Giandomenico Majone, en su libro Evidencias, Argumentos, Persuasión, pone de relieve la relación entre tres elementos que forman parte del debate en las políticas públicas. Por un lado, los que aportan hechos y evidencias al debate. Por otro, el tipo de argumentos que los distintos actores construyen sobre estas evidencias. Y el tercer sería la capacidad de persuasión que tienen estos actores.

Los hechos: en el conjunto de la Unión Europea, en 2018 llegaron 144.166 migrantes (y potenciales refugiados), la cifra más baja desde 2013 y que supone un 0,03 % del total de la población. Este descenso se debe parcialmente al cierre de las rutas del Mediterráneo oriental y central, que comporta otra consecuencia: el incremento de llegadas por la ruta occidental. En 2018 llegaron a España 65.325 personas (el 0,13% de la población total), y algo más de 100.000 desde 2016. Podemos comparar esta cifra con las personas que caben en un estadio de fútbol y relativizar, pero también podemos acompañarla de titulares alarmistas. Mismas cifras, distintos resultados.

Fuente: ‘Spain Sea and Land Arrivals’ (UNHCR).

Argumentos y persuasión:  me gustaría relacionar estos elementos con la agenda, ese conjunto de demandas o problemas sobre el cual los poderes públicos escogen actuar (o se sienten persuadidos a hacerlo) y que carece, como ya sabemos, de objetividad. ¿Qué es un problema y qué no lo es? Aquí entran en juego los distintos actores que manejan, manipulan, y condicionan las percepciones con el fin de poner determinados asuntos sobre la mesa.

Hay estudios que demuestran que la ciudadanía considera que hay más inmigración de la existente. Y son precisamente algunos actores los que contribuyen a esta creencia. Estamos presenciando cómo la derecha y la extrema derecha en Europa (y en España) se alzan como agenda-setters: políticas de disuasión total con el bloqueo de la ruta italiana por el cierre de puertos, acuerdos con terceros países como Libia, el rechazo a sumarse al Pacto Global sobre Migración, el anunciado fin de la ‘operación Sophia’ o, a nivel estatal, la proposición no de ley de Vox para desacreditar a Salvamento Marítimo.

Tras la irrupción en España de la extrema derecha como resultado de las elecciones andaluzas (donde la migración fue terreno de contienda electoral, traducida principalmente en términos de amenaza a la identidad), el Ejecutivo ha endurecido su política migratoria. Con las elecciones nacionales, autonómicas y al Parlamento Europeo a la vuelta de la esquina, este nuevo plan gubernamental no es más que un ejemplo de una política diseñada con el telón de fondo del miedo y los prejuicios.

¿Lo que nos preocupa realmente es la inmigración irregular? En el actual contexto de campaña electoral presenciamos un debate tóxico, carente de argumentos objetivos y racionales, susceptible de manipulación. Estamos, también, permitiendo que se construya un relato de la migración como sinónimo de amenaza. Es más, estamos permitiendo que se debata sobre asuntos que no están en la agenda, y que deberían seguir así. Esta obsesión por la inmigración irregular y la falta de vías de entrada regulares y seguras está teniendo un impacto negativo sobre el derecho de asilo, sobre las personas. Pero también sobre la convivencia y la cohesión social.

La movilidad humana y la diversidad son ya realidades inherentes, si bien complejas, a nuestra sociedad: ofrezcamos narrativas alternativas, hagamos pedagogía, razonemos.

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