¿Funcionan las políticas activas de empleo en España?

Que España tiene un problema con el desempleo es una obviedad. Justo antes de la Gran Recesión, cuando todos los partidos políticos nos proponían medidas para alcanzar el pleno empleo y nos aproximamos por primera vez en décadas a la media de la Unión Europea, conseguimos el logro de reducir la tasa de paro al 8%, un nivel elevado en otras partes de Europa. La crisis solo acentuó el problema, llevándolo a niveles insoportables. A pesar de las mejoras experimentadas con la recuperación, seguimos siendo el segundo país con más desempleo, con más paro juvenil y con más desempleo de larga duración de toda la Unión.

De ahí la especial importancia que para España tienen las políticas activas de empleo como instrumentos llamados a facilitar el acceso al trabajo de aquellos que carecen de él. En estos días la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha hecho público un informe en el que describe cuál es la situación de este tipo de política social en nuestro país. El trabajo es fruto del encargo del anterior Gobierno consistente en evaluar la eficacia y eficiencia de determinadas parcelas del gasto público, cuestión bastante habitual en otros países y que suele denominarse como spending review.

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En apretada síntesis, el informe nos confirma algunas cosas que ya sabíamos, nos descubre otras que intuíamos y nos plantea algunos retos que resulta imprescindible y urgente abordar, máxime cuando nos encontramos al principio de una nueva legislatura.

Por lo que hace a lo primero, en esta misma web tuvimos ocasión de subrayar que España gasta en términos del PIB a un nivel similar al de otros países de nuestro entorno; que el fuerte ascenso del desempleo había trastocado esta relativa buena posición, pues el gasto por desempleado es hoy muy inferior a la media europea; y que invertimos la mayor parte del dinero público en un tipo particular de políticas de empleo, que son los incentivos a la contratación (política de empleo a la que la AIReF también dedicará un estudio y cuyo análisis también se ha abordado en Agenda Pública -por ejemplo, aquí o aquí-, subrayando su incapacidad para generar empleo, entre otras cuestiones). Pues bien, el informe confirma esta descripción general, actualizando y afinando los datos y, lo que es más importante, confirmando que sigue muy vigente la afirmación «lo urgente no es tanto invertir más, como invertir mejor».

En segundo lugar, nos advierte que parte del problema anterior viene dado como consecuencia de que no contamos con fuentes estadísticas suficientes como para saber cuánto gastamos y en qué, lo que a su vez obedece a la descoordinación existente entre las distintas Administraciones implicadas y a que la evaluación permanente de las políticas de empleo (y de las políticas públicas en general) no se encuentra incardinada en el hacer diario de las Administraciones Públicas, a pesar de los avances experimentados en los últimos años. Esto lo sospechábamos, pero desconocíamos la magnitud del problema.

Resulta asombroso que en pleno proceso de digitalización, el estudio tenga que afirmar lacónicamente (y casi diría dramáticamente) que no podemos saber con exactitud cuánto gastamos en políticas activas, cifrándolo en una horquilla que iría entre los 6.100 y 6.500 millones de euros en 2017. Esto significa simple y llanamente que no podemos saber qué programas, servicios e itinerarios funcionan mejor para poder hacer una asignación eficiente de los recursos públicos. También resulta desalentador que, a pesar de los esfuerzos realizados en épocas relativamente recientes, la descoordinación entre Administraciones llegue a niveles que impidan, no solamente evaluar las medidas y programas, sino el correcto funcionamiento del Sistema Nacional de Empleo (SNE). «Existe -afirma el informe- una demanda general de mecanismos colaborativos y de coordinación entre los agentes del SNE»

Por último, para superar esta situación, se proponen toda una batería de medidas que se centran fundamentalmente en la reorganización de las Administraciones implicadas, pues sólo a través de su mejor coordinación y colaboración podrá disponerse de datos sobre los que valorar la eficacia y eficiencia de los planes y programas, podrá articularse un procedimiento de evaluación transversal, permanente y válido para todas ellas y podrán desplegarse las medidas que integran las políticas activas de empleo de forma coherente, vertebrando los niveles europeo, estatal, autonómico y local. Precisamente, en relación con este último ámbito, el estudio hace un llamamiento para que se le otorgue un papel mucho más significativo,  tal y como ocurre en otros países próximos. Lo mismo ocurre con los agentes sociales, cuya participación en la gestión de las políticas de empleo también debería reforzarse, como hacen otros modelos más exitosos.

En suma, el reto es tan mayúsculo como el problema del desempleo y su resolución implica, probablemente, que asumamos de una vez por todas que las políticas de empleo son una parte más, un servicio más, del Estado del Bienestar. Un Estado Social avanzado no puede entenderse sin una políticas sociales modernas, entre las que han de ocupar un papel destacado las políticas de empleo. Tenemos un buen diagnóstico sobre el que empezar a trabajar, pero un camino difícil que recorrer. Veremos…

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