Garantizar la conciliación ante los rebrotes del coronavirus

Los sucesivos rebrotes de Covid-19 que se vienen produciendo durante las últimas semanas, unidos a la proximidad del inicio previsto del curso escolar, han vuelto a poner sobre la mesa las dificultades que muchas familias tienen para conciliar, sobre todo para aquéllas que deban cuidar de sus hijos si se vuelve a decretar el cierre del colegio en caso de contagio.

Ante esta preocupación, cabe pensar si nuestro ordenamiento dispone de los instrumentos adecuados para cubrir las necesidades de conciliación durante esta crisis sanitaria sin exigir sacrificios que lo hagan inviable. En ese sentido, además de los ya previstos en la legislación laboral ordinaria, al inicio de la crisis sanitaria se aprobó una serie de medidas para facilitar la conciliación de los trabajadores con familiares afectados por la Covid-19, recogidas en el artículo 5 de Real Decreto-ley 6/2020, de 10 de marzo, y en los artículos 5 y 6 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo.

En primer lugar, se estableció el reconocimiento como situación asimilada a accidente de trabajo, a los solos efectos del derecho a percibir la prestación económica por incapacidad temporal, la del trabajador que hubiera de guardar cuarentena preventiva por convivir o tener contacto estrecho con una persona contagiada.

Seguidamente, se dispuso el carácter preferente del trabajo a distancia mientras persista la situación de emergencia sanitaria, debiendo la empresa adoptar las medidas necesarias para permitir esta modalidad de empleo siempre que sea técnica y razonablemente posible y si el esfuerzo de adaptación resulta proporcionado.

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Asimismo, se lanzó el Plan Mecuida, consistente en el derecho a la adaptación y/o reducción de la jornada de trabajo, que puede alcanzar el 100% en supuestos excepcionales justificados, de las personas trabajadoras que acrediten deberes de cuidado del cónyuge o pareja de hecho, los hijos u otros familiares dentro del segundo grado por consanguinidad ante circunstancias excepcionales relacionadas con la Covid-19. Entre ellas se incluye la prescripción de cuarentena para cualquiera de estos familiares, el cierre de colegios, centros sociales u otros análogos que les afecten, o haberse quedado éstos privados del cuidado de una tercera persona que no pueda seguir encargándose de ellos por causas relacionadas, a su vez, con la pandemia.

Estas dos medidas, con una duración originalmente limitada al mes siguiente al fin del estado de alarma, fueron posteriormente ampliadas dos meses más mediante el Real Decreto 15/2020, de 21 de abril, extendiendo su vigencia hasta el 21 de septiembre. Por tanto, la primera iniciativa que se debería adoptar es asegurar la continuidad de ambas, algo que recientemente ha sido confirmado por la titular del Ministerio de Trabajo. En todo caso, como apunté hace poco en este mismo medio, lo ideal sería que esta vez su vigencia se prorrogase ‘indefinidamente’ mientras persista la emergencia sanitaria.

No obstante, como se ha señalado, estas medidas no son suficientes para garantizar la conciliación. El teletrabajo no es posible ni en todos los sectores de actividad ni para la realización de todas las tareas, ni su implantación es viable para todas las empresas; como tampoco resulta factible para muchas personas trabajadoras acogerse a una reducción de jornada que lleva aparejada una disminución proporcional del salario que, directamente, no se pueden permitir, menos aún en este contexto. Igualmente, pensando especialmente en eventuales suspensiones de las clases en caso de contagio, los padres que queden en cuarentena si su hijo es el contagiado tienen derecho a una protección por incapacidad temporal, pero, ¿qué pasa con los padres de alumnos que deban quedarse en casa por el contagio de un compañero de clase?

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Esta situación, agravada por las preocupaciones que suscita la vuelta a las aulas, pareció motivar al Gobierno a considerar diferentes opciones para complementar las medidas anteriores. Esta pretensión incluiría la creación de nuevos permisos laborales, según se desprendía de declaraciones de la titular de Educación.

No obstante, después de que esta idea fuese atemperada por las responsables de Economía y de Trabajo del Ejecutivo, las palabras de la portavoz del Gobierno, aclarando que en ningún caso se contemplaba que los padres de niños que se quedasen en casa sin PCR, pendientes de resultados o con una prueba negativa tuviesen derecho a algún tipo de cobertura adicional a la ya existente, han terminado por apartar, al menos de momento, cualquier esperanza al respecto.

En todo caso, ¿qué medidas son las que podrían adoptarse en este momento para garantizar la conciliación en un escenario marcado por los rebrotes del coronavirus, sobre todo teniendo en cuenta el reinicio de la actividad escolar? A continuación se señalan algunas posibles opciones, que no son excluyentes entre sí:

Permiso laboral retribuido (recuperable)

Una primera opción sería la creación de un nuevo permiso laboral retribuido para ausentarse del trabajo para los trabajadores que, no siéndoles posible teletrabajar, tengan que atender necesidades de cuidado relacionadas con la Covid-19.

A su favor estaría su aplicación inmediata, así como ser la menos costosa para las arcas públicas al recaer exclusivamente sobre las empresas. Esta misma razón puede alegarse en su contra con el fin de no perjudicar la recuperación de la actividad de las empresas, por lo que, para compensar en parte este coste, como ya se hiciera con el permiso aprobado por el Real Decreto-ley 10/2020, de 29 de marzo, se podría plantear su carácter recuperable, en la forma y en los plazos que se establezcan por negociación colectiva.

En todo caso, si bien este permiso permitiría cubrir necesidades de conciliación temporales de corta duración –por ejemplo, se podría establecer un permiso de 15 días, recuperable o no, para el cuidado de hijos o familiares dependientes a cargo que hubiesen de estar en cuarentena, como han aprobado en Italia– no serviría para cubrir necesidades de duración superior o cuando ésta fuese incierta –por ejemplo, en caso de cierre del centro educativo por rebrote–.

Prestación extraordinaria para compensar la disminución de salario por reducción de jornada dentro del Plan Mecuida

Otra opción pasaría por recuperar la idea de una prestación extraordinaria para las personas trabajadoras con jornada reducida. No sería una propuesta novedosa. De hecho, fue de las primeras lanzadas por el Gobierno al inicio de la crisis sanitaria, aunque finalmente se acabó descartando sin ninguna explicación.

Esta medida consistiría en una prestación económica a la que tendrían derecho las personas trabajadoras a las que, no siéndoles posible teletrabajar, se acogieran a una reducción de jornada en el marco del Plan Mecuida. El planteamiento de aplicación más directa sería reconocer la misma prestación por desempleo parcial a la que tienen derecho los trabajadores en un Erte de reducción de jornada forzosa –esto es, 70% de la base reguladora, ajustada a la disminución de salario proporcional a la de la jornada–. El supuesto excepcional en el que la reducción alcance el 100% de la jornada de trabajo, la prestación por desempleo sería la misma que en el caso de un Erte de suspensión del contrato. En ambos casos, se aplicarían las reglas especiales en materia de protección por desempleo establecidas para los Ertes; en particular, acceso a la prestación aunque no se reúna el periodo mínimo de carencia y reposición de la misma en la solicitud de futuros derechos.

Esta opción, aun siendo complementaria con la anterior y a diferencia de aquélla, sí permitiría responder a las necesidades de conciliación de las personas trabajadoras ante un eventual cierre del colegio en el que estuviese escolarizado algún hijo en caso de rebrote de Covid-19. Lo mismo en el caso de que el cierre fuese de un centro de día o residencial y la afectada sea una persona mayor, con discapacidad o dependiente a cargo. Como contrapartida, estaría su coste, que lógicamente sería más elevado.

‘Bono conciliación’ para la contratación de cuidado profesional

Una última posibilidad, también importada desde Italia, sería la puesta en marcha de un bono conciliación’. Consistiría en una ayuda económica –en Italia es de 1.200 euros– que se podría destinar a la contratación de cuidadores profesionales, bien directa o indirectamente a través de empresas de servicios. Siguiendo el modelo italiano, esta medida se ofrecería como alternativa al uso del permiso retribuido antes señalado a las personas trabajadoras que tuviesen derecho al mismo, evitando que interrumpan su prestación laboral –y el coste que supondría para la empresa– y fomentando, a su vez, la creación de empleo en el sector de cuidados.

En la misma línea, este bono podría ponerse a disposición de las personas trabajadoras con derecho a la reducción de jornada del Plan Mecuida, actuando en este caso de forma complementaria a la reducción, con el fin de que la contratación de los cuidados profesionales permita cubrir sus necesidades de cuidado durante la parte de la jornada en que se mantenga la prestación laboral. Además de promover la creación de empleo, la medida mejoraría la situación de la persona trabajadora, que podría reducir su jornada en una menor proporción –reduciendo menos su salario, incluso aunque quede parcialmente compensado por una prestación– y aseguraría además la atención de sus hijos o familiares durante el resto de la jornada, por lo que el cuidador profesional sería contratado por un tiempo menor que con el permiso retribuido.

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