Golpe a lo indígena en Bolivia

Con la caída de Evo Morales han aflorado expresiones racistas que parecían felizmente superadas en Bolivia. En Cochabamba, tiraron piedras a mujeres con pollera (falda típica andina). En Vinto, localidad del mismo departamento, humillaron a su alcaldesa, Patricia Arce, a la que arrastraron por el suelo, cortaron el pelo, escupieron y pintaron de rojo, con el objetivo de hacerla renunciar. En La Paz se recuperó el insulto indios de mierda, común en otros tiempos, y en Santa Cruz se formaron brigadas de vigilancia para comprobar quién era originario de la ciudad. Aunque, sin duda, la acción más significativa fue la quema de whipalas, bandera co-oficial en Bolivia y asociada al universo indígena. La pregunta es inevitable: ¿a qué se debe este repunte racista?

La respuesta pasa por la importancia que tuvo lo indígena para el Gobierno de Morales. Aunque forjado políticamente como dirigente sindical cocalero, el mandatario pronto se convirtió en su máximo representante. Su Presidencia se entendió como la primera en la que un indígena accedía a tal cargo en la historia del país y, desde el principio, escenificó este liderazgo. Su primera toma de posesión se celebró en el Tiahuanaco, considerado lugar sagrado aymara, en un acto en el que los indígenas le otorgaron el bastón de mando. Las referencias indígenas poblaron su discurso y las menciones a luchas y figuras históricas se hicieron frecuentes. Por puro pragmatismo, por conveniencia o por un compromiso real, Morales se convirtió en un símbolo indígena y visibilizó un imaginario hasta ese momento oculto en el país.

El punto álgido llegó con la aprobación de la Constitución de 2009, cuando se produjo el salto de lo simbólico a lo institucional. El nuevo texto declaró a Bolivia Estado Plurinacional, se oficializaron 36 lenguas indígenas, se obligó a las administraciones públicas a utilizar al menos una de ellas, se reconoció la capacidad de autogobierno indígena en sus territorios y se incluyeron símbolos como la mencionada whipala. Bolivia se convertía así oficialmente en un país con fuerte raigambre indígena. Este marco permitió impulsar políticas públicas en ese sentido, se diseñó un modelo de educación intercultural, se inauguraron universidades indígenas y, en el ámbito de lo político, se buscaron nuevas formas de representación y de democracia comunitaria.

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Por otro lado, la implementación de políticas sociales focalizadas en los sectores más vulnerables (coincidentes en su gran mayoría con población indígena) permitió un crecimiento sin precedentes de las clases medias en el país. El ascenso supuso un auge de las culturas indígenas y de lo que se ha denominado cultura chola, en referencia a las mujeres mestizas. Esta participación y representatividad indígena en las instituciones, junto a la mejora de sus condiciones de vida, provocó una mayor presencia pública. En un país donde los indígenas se avergonzaban de serlo, comenzaban a sentir orgullo de sus tradiciones y a reconocerse como tales.

Estos cambios políticos y sociales desencadenaron una virulenta reacción de una parte de la oposición y de ciertos estratos, generalmente aquéllos más privilegiados en uno de los países más desiguales de América Latina, que veían cómo quienes hasta hace no tanto tenían prohibido caminar por las aceras de los alrededores de la céntrica plaza Murillo de La Paz eran ahora quienes dirigían el país.

Ha sido este resentimiento el que afloró con fuerza en las últimas semanas. Desde ciertos sectores de oposición y grupos sociales se alimentó la idea de que el país era ingobernable y de que esto se debía al protagonismo excesivo de los indígenas, siendo Morales su máximo exponente. Como dice el refrán, se extendió la sensación de que muerto el perro, se acabó la rabia, y que sin Morales concluiría también el periodo más indígena de la historia del país.

En ese sentido han de entenderse algunas de las declaraciones recientes. El líder opositor de las revueltas callejeras, Luis Fernando Camacho, aseguró que su objetivo era “devolver a Dios al Palacio de Gobierno”, palabras que acompañó con la sustitución de la whipala por una biblia en las dependencias del Palacio Quemado, sede gubernamental. También con biblia en mano juró su cargo la presidenta interina, Jeanine Áñez, quien en una entrevista la semana pasada afirmó que el Estado laico era una “impostura” y una “imposición” a los bolivianos. Nada nuevo a juzgar por su timelime en Twitter, donde en 2013 escribió que soñaba con un país “libre de ritos satánicos indígenas”.

Estos gestos han ido acompañados de otras expresiones quizá más anecdóticas, pero no por ello menos racistas, como la apertura a los medios de la Casa Grande del Pueblo, residencia de Morales en La Paz durante el último año. La nueva ministra de Comunicación, Roxana Lizárraga, denominó la habitación de “suite presidencial”, similar a la de “un jeque árabe”. En contraste con la descripción, la prensa difundía las imágenes de un espacio relativamente sobrio para un jefe de Estado; aunque a juzgar por el tono (tanto de la ministra como de algunos medios locales), no para un indígena.

Sin embargo, el punto de inflexión llegó a finales de la semana pasada, cuando el racismo discursivo comenzó a concretarse en acciones de Gobierno. La medida que más inquietud ha despertado es el decreto ejecutivo que exime de responsabilidad penal a policías y militares con el fin de “pacificar el país”. La norma ha provocado la reacción inmediata, entre otros, de organismos internacionales referentes en la región. De entre las voces que alertan sobre los peligros de la nueva normativa, la Comisión Interamericana de derechos Humanos (CIDH) y la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU coinciden en advertir de los riesgos de posibles violaciones, ya que en los hechos se otorga carta blanca a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para reprimir a la ciudadanía.

La aprobación del decreto se produce, además, en un contexto crítico, cuando los enfrentamientos tras de las elecciones superan ya los 20 muertos, la mayoría de ellos indígenas; y justo después de la jornada más tensa, vivida el pasado viernes en Sacaba, el Chapare. Indígenas y cocaleros se preparaban para marchar en una protesta que tenía por objetivo recorrer parte del país, con parada en Cochabamba y destino final La Paz. El resultado ya se sabe. Las imágenes de una mujer indígena llorando desconsolada sobre el cadáver de un familiar no auguran nada bueno.

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