Guatemala: la ayuda que no llega a los más necesitados

Guatemala fue unos de los países con las medidas de respuesta más estrictas de América Latina y del mundo para prevenir el contagio de la Covid-19. El Gobierno actuó de forma temprana, cerrando escuelas y fronteras, decretando el estado de calamidad pública incluso antes de la detección del primer caso.

Al igual que muchos países, se aprobaron programas de asistencia económica dirigidos a las poblaciones más vulnerables para combatir los efectos derivados del estricto confinamiento y la detención de la actividad económica. Las transferencias monetarias no condicionadas y en especie alcanzaron sobre el papel a alrededor de 11,7 millones de habitantes (esto sin tener en cuenta los créditos otorgados a pequeñas y medianas empresas), lo que representa aproximadamente un 69% de la población guatemalteca, cifra sin precedente para el país.

Además del alto alcance de los programas de emergencia, uno de los mayores retos para la implementación de estas ayudas es la herencia de un sistema de protección social históricamente debilitado por su falta de inversión y capacidad de respuesta, con uno de los gastos en este ámbito más bajos en la región: del 1,2% en relación al PIB para 2018, por debajo del promedio regional del 4,1%. Además de la escasa asignación de recursos, existen pocos mecanismos de transparencia, lo que ha dado lugar al uso de prácticas clientelares.

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La ejecución de los programas de emergencia se llevó a cabo en un contexto institucional empobrecido y sin sistemas administrativos para el registro y selección de beneficiarios. Frente a este panorama, Diálogos lanzó la serie de reportes ‘¿A quién no llega la ayuda?’, con el objetivo de monitorizarlos y, de esta forma, contribuir a generar evidencia sobre el avance de la ejecución presupuestaria de los fondos aprobados para determinar si la ayuda efectivamente está beneficiando a la población guatemalteca más vulnerable.

Entre los hallazgos, se evidencia la falta de criterios claros para la focalización de beneficiarios de los diferentes programas. Esto, en gran medida, responde a un desfase entre el diseño y la implementación: los mecanismos para acceder a ellos (por ejemplo, el uso de teléfonos celulares y medios digitales para el registro de beneficiarios) desalientan la inclusión de la población más pobre.

En ese sentido, muchos de los programas de emergencia no están diseñados para atender a las poblaciones más vulnerables, como tampoco se previeron como instrumentos de protección social.

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Es el caso de las transferencias monetarias no condicionadas realizadas por el programa ‘Bono Familia’, a cargo del Ministerio de Desarrollo Social y que tenía previsto entregar alrededor de 129 dólares a dos millones de hogares o personas durante tres meses. En un principio, el 90% del padrón de beneficiarios lo componían viviendas con un consumo eléctrico inferior de los 200 kilovatios, mientras que el 10% restante estaba pensando para las personas y familias sin servicio de energía eléctrica. No obstante, sobre la marcha se hicieron modificaciones importantes, aumentando el padrón de beneficiarios, lo que afectará a la cantidad de dinero que recibirá cada persona y familia en la tercera y última entrega.

A pesar de ello, el grado de ejecución del Bono Familia ha sido superior al de otros programas y, como se puede observar en el gráfico adjunto, ha sido el único con cobertura en todo país, superando en julio el número de beneficiarios previstos de dos millones de hogares.

Sin embargo, la ayuda no está llegando a las personas que más lo necesitan. Tal y como muestra el siguiente gráfico, existe una relación inversa entre el porcentaje de pobreza y la proporción de población beneficiaria del ‘Bono Familia’, y los municipios con menor incidencia de pobreza tienden a ser los más beneficiados (en su mayoría, pertenecen a municipios urbanos).

Este hallazgo es relevante, si se considera que la pobreza previa a la crisis sanitaria había pasado de 1,3 hogares en el Censo 2002 a 1,6 millones en el de 2018. Asimismo, otros estudios han estimado 1,2 millones de personas más en condiciones de pobreza ante la pérdida de empleos ocasionados por la crisis sanitaria.

En ese sentido, el uso inadecuado de la focalización de los programas no sólo excluye a la población más necesitada, sino que también puede llegar a agrandar las brechas sociales que persisten en una sociedad como la guatemalteca, caracterizada por su alto grado de desigualdad social y económica.

Ante la situación agravada en que se encuentran muchas guatemaltecas y guatemaltecos, y la necesidad de contar con herramientas de auditoría social de los fondos de la emergencia, diversas organizaciones de la sociedad civil del país han unido esfuerzos en la iniciativa ‘Transparencia Covid-19’, para generar consensos y proponer recomendaciones para mejorarlos, reconociendo que la crisis pandémica ha puesto en evidencia las deficiencias de un Estado sin mecanismos de protección social. La crisis sanitaria exige repensarnos y reflexionar sobre cómo construir un país más justo y transparente.

En estos momentos, con la discusión sobre el proyecto de Presupuesto para el 2021, Guatemala tiene la oportunidad de apostar por el fortalecimiento institucional de entidades como el Ministerio de Desarrollo Social, con el objetivo de dar continuidad a los programas sociales, abandonando la visión cortoplacista y, ante este futuro incierto y apremiante, colocando los derechos de todas las personas en el centro de la toma de decisiones.

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