Guerra, posguerra e incautación de obras de arte

Estos días (del 9 al 11 de octubre) se está celebrando en el Museo Nacional del Prado un congreso internacional sobre Museo, Guerra y Posguerra bajo la dirección del profesor Arturo Colorado Castellary, catedrático de la Universidad Complutense de Madrid. En el congreso, creo que por primera vez y entre otros asuntos, se va a tratar desde el punto de vista jurídico la reivindicación de bienes culturales que fueron incautados de forma ilegal en la guerra y la posguerra españolas y que jamás han regresado a manos de sus legítimos propietarios.

En el caso del Holocausto nazi, los países mas afectados por las reclamaciones –Alemania, Austria, Holanda, Dinamarca y otros– han creado, a iniciativa de las autoridades públicas, comités especiales para analizar y agilizar las reclamaciones de las víctimas del expolio artístico, con el objetivo de evitar los largos y costosos procedimientos judiciales a los que los interesados deberían someterse en otro caso. Cada semana siguen apareciendo noticias de nuevos descubrimientos y de nuevas reclamaciones. A partir de la restitución del famoso Retrato de Adele Bloch-Bauer I (1907) de Gustav Klimt a María Altmann en 2006 y de la firma de los Principios de Washington (1998) y de la Declaración Tarazin, diversos países han dictado leyes como la Holocaust Expropriated Art Recovery Act norteamericana, están proliferando las reclamaciones en todo el mundo y también los gestos de restitución voluntaria que afectan a bienes expoliados en la colonización del tercer mundo.

¿Son viables las acciones civiles, penales o administrativas dirigidas a la restitución de obras de arte confiscadas ilegalmente? Para muchos la respuesta es negativa y, ciertamente, las acciones se enfrentan a numerosos obstáculos que hay que analizar caso a caso. Hay que probar el acto de expolio o despojo, el título de propiedad originario de la parte actora y la legitimación pasiva de la parte demandada. Los mayores problemas son la prescripción de la acción (prescripción extintiva) y la adquisitiva (usucapión).

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La prescripción de la acción debe regirse por aplicación del principio de la actio nata: el cómputo de la prescripción no debe comenzar sino desde que la persona que ostenta la legitimación activa ha estado en condiciones de ejercer libremente la acción, lo que no sucede hasta que la obra se identifica y localiza. La usucapión extraordinaria significa que seis años de posesión en concepto de dueño, público, pacífico y no interrumpida son suficientes, como regla general, para adquirir la propiedad incluso en caso de mala fe del adquirente.

Pero el Código Civil establece una norma especial: cuando la posesión provenga directa o indirectamente de un acto de privación ilegal –sea o no constitutivo de un delito de robo, hurto o receptación–, el poseedor no puede usucapir en su favor en ningún caso; aunque en el supuesto de que los bienes hayan sido adquiridos de buena fe en venta pública, feria, mercado o comercio legal o, en general, a título oneroso y sin simulación (adquisiciones a non domino), quien pretenda recuperar el bien deberá reembolsar el precio al adquirente. Como es lógico, si la posesión no ha sido en concepto de dueño y el poseedor actual y no ha satisfecho precio alguno por la obra el titular legítimo, no tendrá nada que abonarle. En esa privación ilegal de la que habla el Código Civil encajaría el looting o saqueo de los nazis.

En España, diversas investigaciones desarrolladas en los últimos años (A. Colorado Castellary, Teresa Diaz Fraile, del Instituto de Patrimonio Cultural de España) han puesto de manifiesto que una parte significativa de las obras de arte de propiedad privada que, para su protección, habían sido consignadas en depósitos públicos durante la Guerra Civil española –y, en algunos casos, finalizada la misma– fueron entregados a personas distintas de sus legítimos propietarios a través de procedimientos carentes de garantías legales y aprovechando que los dueños de las mismas –la mayoría de ellos, en el exilio político de por vida– carecían de información y de posibilidad de defensa.

La ponencia del Congreso analizará las normas que, ya desde 1936, el Gobierno de Burgos fue aprobando para dar una apariencia de legalidad a las incautaciones discriminatorias y a las propias entregas irregulares de la posesión en concepto de depósito o de venta simulada a favor de otras personas o instituciones.

Durante la Transición, se impuso un «pacto de silencio» y un «pacto de olvido sobre la memoria histórica de la Guerra Civil». (Paloma Aguilar Fernández, P. y Leigh A. Payne en El resurgir del pasado en España, o Enrique Moradillos, en su reciente Franco. Anatomía de un dictador han estudiado la génesis y las consecuencias de esos pactos. Las circunstancias han cambiado. La opción a favor de dar preferencia a la reconciliación a toda costa por encima de la verdad histórica o de la justicia material está hoy cuestionada.

La Ley de Memoria Histórica de 2007 constituye un avance pero lo cierto –amén de haber quedado congelada durante los posteriores gobiernos de la derecha– es que no regula de modo expreso la devolución a las víctimas de las incautaciones singulares de obras de arte, como sí se hizo en cambio (Real Decreto 2134/2008) con la restitución a particulares de los documentos incautados con motivo de la Guerra Civil.

A esta laguna nos referimos: devueltos los bienes incautados a los partidos políticos y sindicatos y resuelta –en parte– la reparación personal y económica de las víctimas, queda pendiente la restitución a sus herederos de los bienes que en la posguerra se depositaron o entregaron a terceros, instituciones y particulares.

Esta restitución de los bienes incautados en la Guerra Civil es una reivindicación social y política de primera magnitud. Los actos singulares de despojo adoptados como sanción o represalia, así como las restituciones irregulares de bienes confiscados de iure o de facto, pueden ser calificados como supuestos de privación ilegal a efectos del Código Civil.

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