¿Ha llegado la hora de la renta básica universal?

Los estudios científicos sugieren que la frecuencia de las pandemias ha aumentado y va a seguir haciéndolo por el incremento de la integración y el turismo globales, la urbanización y la explotación de los recursos naturales. La pregunta es: ¿constituyen las pandemias un nuevo riesgo que requiere reformar nuestro sistema de protección social para introducir una renta básica universal (RBU)? La medida está siendo discutida por el Gobierno de España.

La RBU es una prestación económica en efectivo que el Gobierno paga a todos los residentes legales de un territorio (semanal, mensual o anualmente), con independencia de si somos ricos o pobres (universalidad) y de si estamos dispuestos a trabajar o no de forma remunerada (incondicionalidad).

La principal crítica que ha recibido la RBU, y seguramente el motivo por el que ha sido una propuesta muy discutida en los seminarios de gente con pedigrí académico y muy poco en las reuniones de gente con responsabilidades políticas, tiene que ver con su incondicionalidad. ¿Por qué deberíamos pagar a la gente por quedarse en casa? ¿En qué momento los filósofos políticos se volvieron todos locos y empezaron a elaborar teorías por las que la justicia social consistiría en pagar 1.000 euros mensuales a los individuos por quedarse 50 horas a la semana agotando el catálogo de Netflix en el sofá de su casa?

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Sin embargo, vivimos tiempos radicales. Queremos que nuestro sistema de protección social garantice la cobertura de las necesidades más fundamentales y, al mismo tiempo, que la gente se quede en su casa; incluso si todo lo que hace no es mucho más que agotar el catálogo de Netflix. Será una medida más o menos adecuada, pero ha llegado el momento de debatir acerca de sus méritos sin que ello parezca una excentricidad.

La política social como disuasión, contribución, necesidad… ¿y supervivencia?

La política social tal y como la concebimos hoy tiene sus orígenes más reconocibles en tres coyunturas de crisis: la hambruna provocada por las malas cosechas durante el periodo 1595-1598, las consecuencias sociales (y políticas) de la Revolución Industrial y la destrucción provocada por la II Guerra Mundial. La primera dio como resultado las leyes de pobres isabelinas (Old Poor Law); la segunda, los primeros sistemas de Seguridad Social; y la tercera, el Estado del Bienestar moderno (EdB).

Las leyes isabelinas murieron de éxito. En efecto, uno de los principales problemas con que se enfrentaron fue que, para que las condiciones de vida de los internos en los hospicios fuera peor que en las calles, hubiese sido necesario reducir las comidas más allá del nivel de suficiencia calórica. La reforma que introdujo la nueva legislación (New Poor Law), aprobada en 1834, perseguía expresamente provocar que las condiciones de vida en los asilos fueran peores que las de los trabajadores más pobres fuera del asilo. Esto les desincentivaría a la hora de solicitar la asistencia (less eligibility principle). La política social estaba informada por un principio de disuasión.

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El Estado del Bienestar moderno implica abandonar el principio de disuasión y sustituirlo por otros dos: el de contribución y el de necesidad. El primero (Seguridad Social) significa que la protección que ofrece el Estado frente a determinados riesgos sociales, como cumplir la edad de jubilación o irnos al paro, es una función de nuestras cotizaciones previas. El segundo (Servicios Sociales o welfare) no tiene una lógica de seguro, sino que busca proveer de un mínimo de bienestar a todo aquel que lo necesite, con independencia de su historial de cotizaciones.

Muchos de los programas de esta segunda pata asistencial son temporales y se agotan pasado un tiempo porque, se dice, pueden generar dependencia (son fábricas de gorrones del bienestar). Dicho de otra forma: porque el empleo es la herramienta más eficaz de protección social.

Pero en una pandemia no queremos que el Estado nos aliente a volver al trabajo. Es más, confinamos a la gente en casa porque sabemos que una de las medidas más eficaces para reducir su impacto es aumentar la distancia social. En una pandemia lo que le pedimos a nuestro sistema de protección social es que nos permita seguir funcionando en ‘modo de supervivencia’. ¿Es la RBU la herramienta de política social más adecuada para tiempos de pandemia?

La RBU como escudo de protección social temporal

Aunque surge como una propuesta para reformar estructuralmente el Estado del Bienestar como respuesta al aumento del desempleo a partir de la década de 1980, la crisis del Covid-19 ha transformado la RBU en una política de carácter temporal. Incluso para quienes, como Karl Widerquist, llevan dos décadas promoviendo la idea desde el activismo y la academia, ya no es que la RBU no se plantee como una «autovía al cielo del comunismo», sino que ahora se trata de una medida cautelarísima, destinada a paliar los efectos de la crisis sanitaria más grave de los últimos 100 años.

Así entendida, la RBU presenta una ventaja y tres inconvenientes.

Comenzando por las ventajas, en una pandemia la RBU funciona como una herramienta muy eficaz de protección de la salud. El artículo 43 de la Constitución Española establece que compete a los poderes públicos la tutela de la salud pública y que éstos dispondrán las prestaciones y servicios necesarios para ello. Cuando se aplican medidas drásticas de aislamiento, hay gente que nos podemos dedicar a escribir artículos sobre la RBU desde el sofá de casa.

Pero también está Nekane, que necesita seguir yendo al trabajo porque su situación económica no es tan desahogada (y su trabajo es socialmente más útil/necesario… al menos en una pandemia). Y ha de seguir acudiendo a su puesto de trabajo incluso si ello le supone un estrés enorme porque es madre soltera y no tiene con quién dejar a su niña y es consciente de que la capacidad de los hospitales está al máximo y, de contagiarse, ella lo sabe, las cosas se van a poner feas. Una RBU de 1.000 euros es un escudo de protección social muy eficaz para Nekane.

Por su parte, los inconvenientes son tres:

  1. Primero, el ‘helicóptero monetario’ que supone la implantación de una RBU no es la manera más eficaz de atender las necesidades más urgentes. Ahora mismo, hay mucha gente que no vamos a gastar más por mucho que nos ingresen 1.000 euros adicionales en la cuenta. Básicamente porque no puedo ir al cine ni a los bares, y hay un límite al número de televisiones y microondas y cervezas que uno necesita para pasar el confinamiento. Hay una parte considerable de ese dinero que lanzaría el helicóptero sobre todos los hogares que estaría mejor empleado en planes destinados a (i) proteger a quienes están sufriendo pérdidas de ingresos debidas a despidos o ERTEs (pero no a quienes tenemos el mismo salario público y menos posibilidad de gastarlo); (ii) reforzar los recursos sanitarios en momentos en que las UCIs está al límite de su capacidad; y (iii) reducir en lo posible la mortalidad empresarial.
  2. Supongamos que Nekane decide quedarse en casa. En este caso, afrontamos un trade-off, ya que emplear el escudo de la RBU para eliminar el riesgo de contagio perjudica nuestras habilidades productivas y, con ello, la posibilidad de permanecer en el mercado de trabajo en el medio plazo.
  3. Por último, supongamos ahora que Nekane decide no quedarse en casa. Esta posibilidad es una consecuencia de que la renta básica es una base a la que sus perceptores pueden añadir ingresos provenientes del empleo. En estos casos, la RBU funcionaría como un escudo permeable frente al contagio.

Conclusión. Qué hacer

Entonces, ¿qué deberían hacer nuestros responsables políticos? ¿Adoptar una RBU o no?

Una forma razonable de plantear esta cuestión es especular acerca de qué decidirían (qué votaría la mayoría) 350 personas que no supieran si van a tener la suerte de contar con unos ingresos estables y suficientes durante el confinamiento a cambio de escribir filosofía política desde el sofá de su casa o, por el contrario, la angustia de exponerse diariamente al contagio para mantener su empleo. A priori, podríamos pensar que si los intereses de la parte más desfavorecida de la población nos merecen una especial protección (les atribuimos un peso mayor), la RBU es un escudo de protección social eficaz, aunque sólo sea para situaciones de emergencia sanitaria como la actual. Pero como decíamos, los intereses de nuestro yo de hoy (protección de la salud) a veces pueden entrar en colisión con los intereses de nuestro yo de mañana (permanecer en el mercado de trabajo).

Éstos son los argumentos involucrados en el debate sobre la RBU; los líderes políticos tomarán las decisiones.

[Como todo lo que he escrito en los últimos años, el texto se ha beneficiado enormemente de la conversación-río que mantenemos Gonzalo López y yo desde que nos conocimos. Los errores y confusiones que persistan son sólo míos].

Autoría

1 Comentario

  1. Deborah
    Deborah 03-26-2020

    Yo creo que una tranquilidad economica ayudaria a que no uviera tanto caos ya que la gente que tiene niños sufre mas por el tema de la alimentacion de sus hijos que de otra cosa . Ya que una reduccion de sueldo ya sea por estar en el paro o por que la empresa lo aya reducido por no cumplir con la produccion necesaria o directamente no covrar , incremetan mas preucupaciones en casa y mas povreza alimentaria

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