Hablemos de política comercial europea

El debate electoral de los candidatos a presidir la Comisión Europea celebrado el pasado 15 de mayo entró de lleno en el tema de política comercial, que a día de hoy está íntimamente conectada con la de defensa de la competencia, la industrial, la internacionalización del euro, o la regulación de la globalización financiera y sus efectos sobre la gobernanza global o la desigualdad. Se trata de asuntos en los que los estados miembros son demasiado pequeños para que su voz se escuche en un mundo de grandes potencias, pero en los que la Unión sí es un actor relevante. Ejemplos recientes son cómo el acceso de las empresas chinas como proveedores de tecnología 5G en países europeos afecta nuestra seguridad nacional, cómo el papel hegemónico del dólar nos vuelve vulnerables ante las sanciones de Estados Unidos a quienes hagan negocios con Irán o Cuba, en qué medida son necesarios campeones europeos (que no franco-alemanes) en materia de inteligencia artificial y big data, o cómo asegurar que las grandes multinacionales tecnológicas paguen los impuestos que les corresponden en Europa.

Todos los candidatos coincidieron en que el comercio forma parte del ADN de la Unión Europea (UE). La propia construcción europea empezó por el comercio; la UE, con sólo el 7% de la población mundial, es la primera exportadora e importadora y representa un tercio del comercio global (por delante de Estados Unidos y de China); y más de 30 millones de empleos en la Unión –uno de cada siete– dependen directa o indirectamente de las exportaciones al resto del mundo, cifra que ha aumentado casi un 50% desde 1995.

Sin embargo, hubo grandes diferencias entre la visión del Partido Popular Europeo (y, hasta cierto punto, los liberales), que siguieron defendiendo los acuerdos comerciales y la relación transatlántica prácticamente sin matices, y los socialdemócratas, algo más críticos aunque todavía partidarios de un sistema comercial abierto y bien regulado, ahora en jaque por las guerras comerciales de Trump y las prácticas anti-competitivas de las empresas chinas. Otros grupos más críticos, como la izquierda y los verdes, subrayaron que, hasta ahora, la firma de acuerdos de liberalización comercial han sido más un objetivo en sí mismos que un medio para aumentar la prosperidad, y que esto debe cambiar.

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Lo cierto es que la UE tiene que enfrentarse a una realidad incómoda: el sistema comercial internacional se irá alejando paulatinamente de lo que fue en la segunda mitad del siglo XX, cuando el entramado de reglas multilaterales, el poder tecnológico de muchas empresas europeas y la solidez de la relación transatlántica permitían a los países de la Unión desenvolverse con comodidad. El retorno del nacionalismo y de la rivalidad geoestratégica entre grandes potencias condena a las relaciones internacionales a ser menos cordiales y cooperativas de lo que le gustaría a una potencia hasta ahora herbívora como la UE. En este contexto, la Unión debe cohesionarse internamente para actuar como un bloque homogéneo y trabajar para refundar el orden multilateral basado en reglas, al tiempo que sigue tejiendo su red de acuerdos comerciales preferenciales para estar preparada ante un eventual (y a día de hoy posible) colapso del sistema multilateral.

La UE es el único actor capaz de liderar una coalición de países afines para poner sobre la mesa una reforma de mínimos de la Organización Mundial del Comercio (OMC) que pudiera ser aceptada por China y Estados Unidos. Ambos están enfrascados en una peligrosa guerra comercial a la que no se ve un final, pero los dos han reconocido la necesidad de una reforma del marco multilateral. El problema es que parten de posiciones tan distantes que, sin otros actores que los puedan aproximar, el acuerdo se antoja imposible (y tal vez haya que esperar a que Trump deje la Casa Blanca). Dicha reforma debiera centrarse en las normativas de subsidios, propiedad intelectual y transferencia de tecnología, tratamiento de empresas públicas, tasas a la exportación, defensa de la competencia en materia comercial internacional, facilitación de la inversión. También es necesario reformar el mecanismo de resolución de disputas, que es la joya de la corona de la institución y que hoy está bloqueado por Estados Unidos.

En el campo los acuerdos preferenciales o bilaterales, la UE ha alcanzado compromisos recientemente con Canadá, Japón, Singapur o México, entre otros. Pero urge completar el tratado con Mercosur, avanzar más rápidamente con los países emergentes más importantes de Asia y África y concluir acuerdos bilaterales con Estados Unidos (siempre que se hable de todos los temas, y no sólo de los que interesan a Trump) y con la India, con quien es actualmente se está negociando. China, con quien se está hablando desde hace años sobre inversiones, será un candidato para un acuerdo de libre comercio más profundo sólo cuando acepte jugar con las mismas reglas que los demás; es decir, cuando no subsidie a sus empresas con prácticas poco transparentes, deje de discriminar a las empresas europeas o abandone sus prácticas de piratería de la propiedad intelectual.

A la hora de abordar este tipo de acuerdos, la Unión no debe establecer vetos ni pre-condiciones y defender sus valores e intereses en la mesa de negociación sin amenazas y con flexibilidad. Así, por ejemplo, la propuesta impulsada por Francia de no negociar acuerdos preferenciales con países que no hayan ratificado el acuerdo de París sobre cambio climático es efectista, pero poco práctica. Dados los equilibrios de poder actuales, esa reivindicación puede llevar a que algunas potencias importantes no estén dispuestas a sentarse a negociar y mantengan sus nocivos estándares medioambientales. Resulta más útil negociar la reducción de emisiones dentro de paquetes comerciales más amplios y, sobre todo, sin plantear ultimátums a lo Trump que tanto contribuyen a mermar la confianza.

Al mismo tiempo que mantiene esta posición más asertiva en el escenario internacional, la UE tiene que trabajar para aumentar la legitimidad de los acuerdos comerciales a ojos de su opinión pública. Ya ha avanzado bastante en materia de trasparencia, pero falta la pieza clave: proteger mejor a los perdedores de la globalización.

La Comisión negocia la política comercial en nombre de todos los países de la Unión, pero el impacto de la apertura suele ser desigual entre países o incluso regiones porque tanto las estructuras económicas como las coberturas del Estado de Bienestar son diferentes entre países. En la medida en que no existe un amplio presupuesto federal a nivel europeo que pueda realizar una compensación ex post entre países, y que el relativamente más pobre tendrá unas políticas de apoyo a los desempleados y de formación peores, la liberalización comercial podría ahondar en el aumento de la desigualdad en la UE. Esto exige aumentar los recursos a nivel europeo mediante una reforma (que incluya una mayor dotación) del hasta ahora limitado, poco utilizado y poco efectivo fondo de ajuste para la globalización.

Pero este debate sobre los instrumentos fiscales de la UE para poder redistribuir rentas internamente y mitigar la creciente desigualdad económica que, en parte, ha venido alimentada por la apertura comercial y financiera tiene que incorporar también (y sobre todo) el papel de la globalización financiera y las dificultades para recaudar impuestos a los sectores más internacionalizados en los últimos años.

En definitiva, la política comercial está íntimamente conectada otras política económicas europeas. El único camino en un mundo geopolíticamente cada vez más inestable es aumentar la integración europea y que los ciudadanos vean con más claridad la utilidad de sus políticas, incluyendo la comercial.

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