Hacia la impunidad de la tortura

Artículo en colaboración con el Institut de Drets Humans de Catalunya

El Reino de España tiene un problema, nunca asumido, con la tortura y los abusos en centros de privación de libertad. Reiteradas sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y del propio Tribunal Supremo así lo atestiguan. En la jurisdicción española los indultos (a veces reincidentes) a los escasos agentes de policía condenados en firme por estos gravísimos hechos cubren con un manto de impunidad de estas violaciones de derechos humanos (constitutivas de delito) y a sus autores. La tarea de prevención de la tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes deviene así titánica, casi imposible, pues sus futuros perpetradores saben de las dificultades de prueba que tienen las víctimas y que, en el peor de los casos, serán perdonados por el gobierno. Pues bien, por si fuera poco, el Defensor del Pueblo (DP) y el Tribunal Constitucional (TC) se han aliado para poner palos a las ruedas a uno de los pocos mecanismos institucionales creíbles que existen en nuestro país en este ámbito, la Autoridad Catalana de Prevención de la Tortura.

El Tribunal Constitucional, mediante sentencia de 5 de marzo de 2015, ha dado parcialmente la razón al Defensor del Pueblo en su recurso contra la Ley del Síndic de Greuges de Catalunya, de 2009 en la medida que ésta designaba al ombudsman catalán como Autoridad Catalana de Prevención de la Tortura en aplicación del Protocolo a la Convención de la ONU contra la Tortura (2002), ratificado por España en 2006. Este tratado obliga a los Estados parte a designar o crear “uno o varios mecanismos nacionales independientes para la prevención de la tortura”. Estos mecanismos pueden visitar sin previo aviso cualquier centro donde se encuentren personas privadas de libertad (prisiones, comisarias, centros de justicia juvenil, psiquiátricos, etc.) y entrevistarse con ellas confidencialmente. Deben ser independientes del poder político y pueden ser preexistentes (como los ombudsman) o de nueva creación. En cualquier caso, aun aprovechando instituciones independientes preexistentes, el mecanismo debe acoger diversas competencias (jurídicas, médicas, sociológicas) que son fundamentales para detectar y prevenir las causas e indicios de torturas y malos tratos. El Protocolo obliga a crearlos o designarlos a los “Estados parte”, no a una administración en particular. Así, las Cortes Generales designaron al Defensor del Pueblo en tal función mediante una triste disposición adicional a la Ley de la Oficina Judicial de 2009 (que nada tenía que ver ni con el Defensor, ni con la tortura), sin carácter exclusivo, al menos explícitamente. El Parlament de Catalunya había hecho lo propio unos meses antes mediante todo un título, el octavo, de la Ley del Síndic de Greuges. La Constitución, los Estatutos de Autonomía y la jurisprudencia del TC han reiterado la competencia de las comunidades autónomas para ejecutar los tratados internacionales de los que España es parte, en el marco de las competencias estatutarias. Cataluña tiene competencias exclusivas en materia carcelaria y en justicia juvenil, también en el ámbito sanitario; y además cuenta con una policía autonómica propia completamente desplegada, de manera que Policía Nacional y Guardia Civil apenas cumplen funciones marginales en su territorio (Centro de Internamiento de Extranjeros, fronteras, etc.). No parecía pues irrazonable que el parlamento autonómico se dotara de esta estructura institucional de prevención de la tortura en tanto que poder legislativo integrado en un Estado parte en el Protocolo de la ONU.

El TC reinterpreta su propia jurisprudencia al considerar que la creación de la Autoridad Catalana no aplica un tratado, sino que impone al Estado obligaciones jurídicas internacionales susceptibles de hacerle incurrir en responsabilidad internacional. Según el TC, Cataluña pretende imponer al Estado obligaciones internacionales, pues el Estado asumiría “la responsabilidad del funcionamiento de un mecanismo cuya designación no habría realizado”. ¿Pero acaso la Generalitat de Catalunya no es parte del Estado? ¿Por qué sus instituciones, en el marco de sus competencias, no pueden aplicar un tratado y, por el conducto reglamentario (Ministerio de Exteriores), hacerlo saber al órgano ginebrino competente? Más bien el Parlament de Catalunya, con la Ley del Síndic, contribuye a que el Reino de España respete un compromiso internacional cabalmente; en absoluto le hace incurrir en responsabilidad, ni de eso hay ningún riesgo pues el Protocolo no impone obligaciones específicas al Mecanismo como tal (más allá de enviar informes anuales a Ginebra), sino que le otorga facultades. Las obligaciones internacionales son para los poderes públicos del Estado (crear o designar el Mecanismo; permitirle actuar, etc.), no para el Mecanismo o Autoridad.

El MNP (en sus siglas, el DP deja caer la “T” de tortura) ha visitado Cataluña en 16 ocasiones en los últimos cuatro años. Jamás con su titular al frente. La Autoridad Catalana ha realizado en ese mismo período 188 visitas: a todas las cárceles sitas en Cataluña (la mayoría, en varias ocasiones), a casi todas las comisarías de policía de Mossos d’Esquadra y a decenas de comisarías de policía local; a todos los centros de justicia juvenil; a todos los Centros Residenciales de Educación Intensiva (CRAI) y casi todos los de Acción Educativa (CRAE); a centros residenciales y terapéuticos, hospitales psiquiátricos… En tanto que ombudsman, el Síndic podrá continuar desarrollando esta tarea, incluso con el apoyo de su Consejo Asesor y del equipo de trabajo que viene realizando estas visitas, informes y recomendaciones, pero perderá el amparo del Protocolo de la ONU y quién sabe si alguna autoridad pública catalana hallará en la sentencia la excusa para obstaculizar alguna de sus visitas sorpresivas. En suma, pírrica victoria del Defensor del Pueblo y flaco favor del TC a la causa de la prevención de la tortura.

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