¿Hubo o no hubo violencia en el ‘procés?

Hay unas palabras del magistrado Llarena que constan en el auto de mantenimiento en prisión de Junqueras, Forn y los Jordis que no han dejado de impresionarme, y en parte obsesionarme, desde entonces: “Violenta explosión social”. Se habla de su riesgo, o incluso de su materialización, como algo real en el primer caso y puntual en el segundo.

Ese relato se corresponde en gran medida con el que se ha contado en la prensa nacional y contrasta tremendamente, aunque pueda sorprender a muchos, con el que creo que la gran mayoría de habitantes de Cataluña ha percibido durante este tiempo tras vivir los hechos en primera persona. Y no es que todos los residentes en Cataluña accedan a la información no ya personalmente, sino sólo a través de medios catalanes. Los datos de audiencia y de venta de diarios están ahí y revelan que la presencia del periodismo no catalán en Cataluña es realmente muy fuerte, a diferencia de lo que sucede al contrario, por cierto. Si acaso, lo que muchos percibieron en Cataluña fue un cuando menos cuestionable uso de la violencia por parte de las fuerzas policiales en las primeras horas del 1 de octubre. Y ese relato, por cierto, es absolutamente compartido por la prensa internacional incluso en términos mucho más duros, pero sólo minoritariamente por la nacional española. Toda una señal de que algo está fallando.

No digo que nadie engañe, pero es obvio que al menos alguien se engaña. Es obvio que los jueces se dejan influenciar por las tendencias sociales, como lo han demostrado desde hace bastante tiempo los estudiosos del judicial behavior en EEUU. Sin embargo, en un proceso judicial podemos discutir la calificación jurídica de un hecho, pero precisamente cuando la norma es penal el margen interpretativo es muy pequeño. Y, en todo caso, no puede ser desfavorable al reo. Si existen varias interpretaciones posibles, debe escogerse siempre la más favorable al acusado. El Derecho Penal no se puede utilizar en ningún caso como escarmiento, como querrían algunos ciudadanos. Y mucho menos como venganza, puesto que el proceso penal existe, precisamente, para reprimir los deseos de venganza que sí que provocaría, por cierto, una evidente y violenta explosión social. El proceso es un instrumento de paz, no de guerra.

También la averiguación de los hechos es muy interesante en el caso que nos ocupa. En un proceso judicial es difícil descubrir la precisa realidad de lo acaecido, pero debe tenderse siempre a la averiguación de la misma. No es nada fácil, pero el primer paso es partir de los pocos hechos objetivos que existan, sobre los que no haya ninguna duda, aunque sean escasos. A partir de los mismos se puede empezar a andar el camino de la prueba.

Si, en cambio, se parte no de esos hechos objetivos, sino de opiniones sociológicas o conjeturas sobre los mismos, la actividad probatoria no está epistémicamente bien asentada. Pues bien, la frase que he transcrito al principio de este artículo no es un hecho objetivo, sino una simple conjetura o, mejor dicho, una opinión sobre una conjetura. Inferir de la existencia de diversas manifestaciones, del destrozo de dos coches de policía y de los incidentes del 1-O (sea quien fuere quien los propiciara) una “violenta explosión social” es, en mi modesto juicio, excesivo, como también sería exagerado hablar de violencia en las pacíficas manifestaciones españolistas, aunque haya habido actos de evidente violencia, siempre aislada y puntual, y que conviene igualmente no sobredimensionar, ni hacer partícipes de la misma a la enorme mayoría de los manifestantes. Pero el caso es que no se ha inferido nada parecido de ninguna de las muchas manifestaciones antisistema que han existido en España, y en las mismas la violencia fue muchas veces espantosa. No hubo duda sobre la misma, ni sobre que los violentos intentaban subvertir el orden social, precisamente porque son “antisistema”. Pero en ningún caso esos actos de violencia fueron calificados con el mismo rigor, resquemor o al menos temor que ahora se observa en muchos medios de comunicación e incluso, a ratos, en algunas resoluciones judiciales, ni mucho menos en todas. Existe en la sociedad una fuerte tentación de juzgar desde la ideología los actos de tensión de unos y otros, y eso debe ser inadmisible.

Algún día habrá que recordar que la única patria del jurista es el Derecho, y que el mismo y sus medios -entre ellos, el proceso judicial- no están concebidos para dar respuesta a temores, intuiciones o sospechas, porque para eso está la Policía, que actúa como primer filtro de estos imprecisos y emocionales juicios preliminares que luego deben evaluar los jueces, pero ya con la debida serenidad y perfecto conocimiento del Derecho que debe caracterizarles.

Tampoco existe el Derecho para controlar movimientos sociales ni ideologías de manera preventiva o ejemplarizante. Hace mucho tiempo que el Derecho Penal superó científicamente la fase del escarmiento en cabeza propia o ajena, aunque la población lastimosamente suela ignorarlo. Actualmente ningún jurista concibe, al menos por escrito, una especie de función disuasoria del proceso penal, como si el mismo fuera –que no lo es– un arma de guerra. Ninguna disuasión cabe concebir tampoco en política, sino sólo la negociación, el diálogo y el entendimiento hasta donde sea posible y con quien esté dispuesto a escuchar y ceder, naturalmente, y no con quien practica el sostenella e non enmendalla planteando puntos innegociables en el inicio de la negociación, lo que supone un incomprensible contrasentido. Dos rocas, por muy juntas que estén, jamás dialogan. Lo más que hacen, si se juntan demasiado, es erosionarse mutuamente.

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