Impacto, riesgos y oportunidades del éxodo venezolano

La crisis económica, humanitaria y política que vive Venezuela ha llevado a cerca de un millón de venezolanos a abandonar el país sólo en el último año. De acuerdo con los datos más recientes ofrecidos por la ONU, cerca de tres millones de venezolanos han emigrado desde 2015, aunque el Gobierno de Nicolás Maduro reduce la cifra a 600.000 y asegura que el 90% se arrepiente. Sea como fuere, la magnitud del éxodo es hoy de tales proporciones que se ha convertido ya en un reto logístico, político y financiero sin precedentes para la región latinoamericana.

A pesar de la falta de marco legal y de mecanismos de respuesta rápida en la mayoría de los países receptores, la región ha demostrado compromiso político para con la llegada de venezolanos. Esta responsabilidad quedó plasmada en la cumbre latinoamericana de Quito de septiembre, que vivió una nueva ronda de contactos el 22 y 23 de noviembre. En la Declaración de Quito, los países acordaron no cerrar sus fronteras, facilitar el acceso a servicios públicos y no pedir documentos difíciles de obtener en estos momentos, como pasaportes en vigor,  puesto que el Gobierno de Maduro ha limitado su expedición, alegando una falta de recursos como tinta o papel. Se trata de un compromiso de alto valor para el futuro, habida cuenta de que la poca probabilidad de una solución negociada en Venezuela puede generar una mayor desesperación de la población, aumentando o manteniendo el ritmo migratorio, y prolongando la estadía de los ya desplazados.

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Sin embargo, aun con esta voluntad política, si el éxodo sigue tiene el potencial de alterar las comunidades receptoras desde muchas variables. Puede avivar el desempleo (la región registró en 2017 su mayor tasa de paro en 12 años) y la xenofobia; causar agitación política y económica, provocando inestabilidad gubernamental y dificultades financieras; y dañar la seguridad en los cruces de fronteras y la hospitalidad en las regiones fronterizas, intensificando la actividad de grupos violentos que operan en estos territorios, especialmente porosos en América Latina y en la vasta frontera venezolano-colombiana.

Roraima y Cúcuta, punta de lanza del colapso

De éste y de otros impactos negativos han sido particularmente testigos en las zonas fronterizas con Venezuela de Brasil y Colombia. Desde junio de 2016, las autoridades brasileñas calculan que cerca de 120.000 venezolanos han accedido al país por la frontera del empobrecido estado de Roraima. Según datos de la gobernación recogidos por The Economist, durante el mismo periodo, las colas en centros médicos han crecido un 6.500%, mientras el crimen se ha disparado un 132% desde 2015. Sin que deba establecerse una correlación criminalidad-venezolanos (hay decenas de estudios que demuestran que la tasa de crimen es menor entre los migrantes que entre los locales), el aumento de tensión en Roraima, con linchamientos y casos graves de violencia, está bien documentado.

El Gobierno federal ha fortalecido la presencia militar y, con Acnur, el acceso a refugio, comida, educación, sanidad y formación para miles de personas. Pero los recursos aparecen como insuficientes. Brasil reconoce los problemas de sobre-explotación de los servicios públicos de Roraima y ha probado, con escaso éxito, a reubicar a los migrantes en otras zonas del país. Al mismo tiempo, la gobernadora de Roraima ha intentado aumentar el control fronterizo, restringir el acceso a servicios públicos básicos a los venezolanos sin pasaporte e, incluso, cerrar la frontera. La Justicia brasileña ha parado estas iniciativas.

Colombia, por su parte, es el principal destino del flujo migratorio. Muchos llegan a pie a la localidad fronteriza de Cúcuta, que ha recibido a 30.000 migrantes desde 2016. Desde entonces, se ha consolidado como una de las ciudades colombianas con mayor desempleo e informalidad. Los efectos en los servicios públicos también se han hecho notar: el 70% de los niños que aplicó a plazas escolares en Cúcuta en 2018 eran venezolanos, así como el 59% de los nacimientos en el hospital de la ciudad.

En el plano económico, Colombia creció en 2017 al ritmo más bajo en ocho años, y sería la principal damnificada si Maduro cumpliera su mandato hasta 2024. De acuerdo con proyecciones de la agencia Moody’s, la economía sufriría anualmente una caída de dos décimas de PIB en el crecimiento y un aumento de la deuda pública de seis décimas, lo que supondría un dolor de cabeza añadido para las arcas colombianas, bajo presión por los costes de implementación del Acuerdo de Paz con las FARC. El Banco Interamericano de Desarrollo ha estimado que Colombia necesita 1.600 millones de dólares anuales, un 0,5% del PIB del país.

Riesgos regionales

Cúcuta y Roraima son dos casos en los que la presión migratoria es extrema, por el volumen y por la presencia arraigada del contrabando; pero marcan hacia dónde conduciría una degradación en la ya delicada situación actual. No sólo en estos países, sino también en otros como Perú (el segundo receptor tras Colombia), Chile o Ecuador. Todos ellos, ante el aumento del llegadas de este verano y la captura de bandas criminales venezolanas infiltradas entre los migrantes, anunciaron en agosto medidas de control y reforzaron la seguridad fronteriza. Aunque las medidas fueron revocadas por las justicias respectivas a los pocos días, rápidamente trascendieron casos de migrantes que, ante los nuevos controles, habían caído en manos de bandas mafiosas.

Casos como éste evidencian que una restricción potencial del flujo de llegadas representa un riesgo mayor: fomentaría la explotación laboral y el trabajo informal, crearía incentivos adicionales para las bandas criminales y expondría aún más a los migrantes al tráfico de personas; particularmente en la frontera venezolana, donde los diferenciales de los tipos de cambio han provocado una violenta competencia por las rutas de contrabando. Además, un escenario de grandes flujos ilegales dificultaría enormemente que los países receptores pudieran hacer una correcta asignación de recursos.

En la frontera con Brasil, este riesgo se antoja muy probable con la llegada de Jaïr Bolsonaro. El presidente electo es partidario del proteccionismo y del cierre de fronteras, y el nuevo gobernador de Roraima, de su mismo partido, ya ha anunciado que exigirá visado y certificado médico a los migrantes. Colombia puede estar ante una escalada mayor en la crisis si la puerta brasileña se cierra. Es probable que la victoria del nuevo ocupante del Palacio de Planalto, más allá de un cambio en la política pública, conlleve una mayor polarización del debate público, degradando la cohabitación y la situación en las rutas migratorias. La onda expansiva que puede suponer en la región el big bang Bolsonaro es toda una incógnita.

Políticas de respuesta: de crisis a oportunidad

La Declaración de Quito o el Grupo de Lima son iniciativas institucionales importantes para dar una respuesta satisfactoria a la crisis humanitaria desatada en la región. Suponen un marco de trabajo regional y avanzan en la dirección de compartir responsabilidades y preservar los derechos humanos de las poblaciones desplazadas. Sin embargo, parece difícil que este compromiso pueda sustentarse en el tiempo sin una mayor colaboración financiera de donantes exteriores, así como sin un plan de política pública a nivel nacional y regional que ayude a vehicular el potencial del éxodo venezolano (mayoritariamente joven y, de media, más formado que las sociedades receptoras, aunque esto último empieza a cambiar), y que promueva sus bondades entre la ciudadanía de los países receptores.

Lo primero debiera pasar por contabilizar el número de emigrados y regularizar su situación, en última instancia la mayor garantía para el bienestar de los migrantes. Antes de dejar la Presidencia de Colombia, Juan Manuel Santos regularizó por decreto a 442.000 venezolanos, garantizándoles así permiso de trabajo y de residencia, y facilitando su acceso a servicios públicos de salud, educación, o atención a la primera infancia; también su participación formal en la necesitada economía colombiana. Fue la consecuencia del censo de venezolanos lanzado por el Gobierno de Bogotá, medida pionera en la región y paso imprescindible para mejorar la asignación presupuestaria y la identificación de perfiles y necesidades asociadas. Perú, Brasil y Chile han establecido también permisos extraordinarios, aunque en la práctica se han documentado complicaciones burocráticas y logísticas que dificultan su obtención.

Un segundo eje debiera pasar por reforzar las estructuras de servicios públicos existentes, puesto que en países con sistemas de bienestar de por sí poco robustos, los colapsos ya se han empezado a producir. En este sentido, el apoyo de la comunidad internacional debería centrarse en mejorar la calidad y capacidad de las estructuras ya existentes, evitando la duplicación de servicios y asistiendo así a migrantes y a locales, mitigando de esta forma posibles sentimientos de agravio. El pragmatismo cabe también en esta fórmula, puesto que tales medidas fomentan la inclusión y aceleran la incorporación al mercado de trabajo. Colombia puede dar buena muestra de ello, tras medio siglo de desplazamientos internos forzados por la guerra con las FARC.

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