Ingreso Mínimo Vital: un avance histórico

Este viernes el Gobierno español de coalición del PSOE y Unidas Podemos ha aprobado el decreto de Ingreso Mínimo Vital (IMV), que crea por primera vez un suelo de renta a nivel estatal para hogares en situación de pobreza monetaria. Se trata de una decisión histórica por muchos motivos. En primer lugar, España constituía una anomalía en este sentido dentro de la Unión Europea, como el único Estado carente de un programa de estas características en todo su territorio. En segundo lugar, el IMV canalizará unos 3.000 millones de euros hacia los hogares más desfavorecidos en términos de renta, incidiendo directamente sobre los altos niveles de pobreza infantil y pobreza extrema de nuestro país. En pocas ocasiones hemos visto una medida de transferencia redistributiva tan intensa concentrada en un período de tiempo tan corto.

En tercer lugar, aunque el IMV formaba parte del acuerdo del Gobierno de coalición, la medida se toma en un momento endiabladamente complicado, en mitad de la lucha contra una virulenta pandemia mundial y de una grave crisis económica y social. Y lo que se ha aprobado va incluso más allá de lo que dicho acuerdo recogía literalmente.

Finalmente, el diseño de la medida incluye aspectos innovadores en nuestro sistema de protección social, como una condicionalidad laxa a medidas de inserción y la compatibilidad con ingresos laborales y rentas mínimas autonómicas. Es, por tanto, una excelente noticia para todos aquellos que llevan décadas luchando por el establecimiento de una garantía de ingresos mínimos en nuestro país, en línea con las recomendaciones de numerosos organismos internacionales y de la Unión Europea.

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Se ha discutido, y previsiblemente se discutirá, si el IMV constituye un avance suficiente y si no sería mejor aprobar una Renta Básica Universal (RBU). Es obvio que con el IMV no se va a erradicar al 100% la pobreza. Pero pensemos en el siguiente ejemplo: si el umbral de pobreza monetaria es X, una prestación que garantizase X menos un euro por persona equivalente reduciría la tasa de pobreza en cero puntos. Lo más importante, por tanto, es que el IMV constituirá un paso muy notable para reducir la pobreza extrema y, sobre todo, la brecha de la pobreza, esto es, la diferencia entre la renta media de los hogares pobres y el umbral de la pobreza; hoy día, esa brecha es en nuestro país la más amplia de la UE-15.

Muchos simpatizantes y estudiosos de la idea de la RBU hace tiempo que llegaron a la conclusión de que la gradualidad y los pasos intermedios serían necesarios para que algún país llegase algún día a aprobar dicha medida. Como sabía Marx, para articular un cambio social con una cierta probabilidad de éxito se debe partir de una determinada teoría del cambio. Hace unos cinco años, algunos estudiosos y activistas planteamos, a grandes rasgos, esta teoría para España: en un contexto de crisis económica y social, un programa de renta garantizada con condición de ingresos por hogar, alta protección a la infancia, requisitos laxos de activación y compatible con ingresos laborales bajos sería económicamente asumible y podría superar muchas barreras de viabilidad política, reunir el suficiente consenso político y social, y articularse de forma relativamente rápida en las estructuras institucionales y administrativas de nuestro Estado del Bienestar. Ése era, por tanto, el objetivo viable e inmediato que había que perseguir. Cinco años después, no parece aventurado afirmar que esa teoría se ha demostrado correcta en lo esencial.

Por el contrario, una teoría alternativa que lo fiase absolutamente todo a la presión social de una minoría movilizada para conseguir una RBU inmediata, sin contemplar gradualismos, está todavía por demostrar (y no sólo en nuestro país). Como recordaba Engels, “the proof of the pudding is in the eating”. Siempre podremos razonar como en el famoso chiste del economista y el abrelatas en una isla desierta (“supongamos que tenemos un abrelatas”, propone el economista a sus compañeros, un físico y un químico que están ideando trabajosos métodos para abrir la única lata de sardinas que tienen para comer en la isla), pero ello suele conducir a la inanidad política. Hoy por hoy, con el IMV, en España se ha conseguido empujar el espacio de lo posible un paso hacia adelante en cuanto a derechos sociales.

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Sin duda, el debate sobre la RBU y el espacio creciente que ha ocupado en la agenda pública durante los últimos años ha contribuido sobremanera a que los avances en garantía de rentas puedan tener más visibilidad y apoyo social y político. Los experimentos piloto con programas de renta incondicional (no universal), algunos de los cuales testan políticas de filosofía similar a la del IMV en algunos aspectos, han arrojado evidencias muy útiles. No así determinados discursos que, bajo el paraguas de la defensa de la RBU, parecen minimizar o incluso denigrar el avance que supone el IMV; a veces incluso, sorprendentemente, con más acidez de la que dispensan a otras propuestas que van en dirección contraria.

Calificar, por ejemplo, el IMV, de renta para pobres cosifica y estigmatiza lo que es un derecho ciudadano para personas que no ‘son’ pobres, sino que sufren una situación, que puede ser temporal, y que puede afectar a muchos hogares a lo largo del ciclo vital de sus miembros. Acusar a quienes han logrado poner en marcha la mayor transferencia de recursos a los hogares pobres de los últimos años de falta de voluntad política o de cobardía es simplemente risible. Pretender que si no se estampa con sello lacrado en un decreto-ley que la RBU es el objetivo final todo avance hacia la misma es vano sería aceptar que las palabras valen más que las políticas.

Reducir la enorme complejidad de políticas y opciones posibles en términos de garantía de rentas a una pura dicotomía entre la pura RBU y las malvadas rentas condicionadas y para pobres es un planteamiento que excluye la riqueza de información disponible, en lugar de ampliarla. Negar las mejoras objetivas y palpables que el IMV va a suponer para el bienestar de los más desfavorecidos, simplemente porque no supone el gran salto revolucionario que algunos pretenderían, es como hablar mal del desembarco de Normandía porque no supuso la toma de Berlín. Afirmar que cualquier programa de garantía de rentas que no sea la RBU no funciona es un razonamiento circular que ninguna metodología rigurosa de evaluación de políticas públicas validaría (cuando está por ver que una RBU de cuantía similar al IMV consiga funcionar en algún lugar). Ignorar que las cuantías del IMV podrán ser complementadas por ingresos laborales y otras prestaciones autonómicas es querer debatir con hombres de paja.

La historia del Estado del Bienestar y los derechos sociales es la historia del gradualismo y la mejora constante. De nuevo recordando a Marx, los seres humanos hacen su propia historia partiendo de las condiciones materiales que les han sido dadas, y a veces algunos rasgos de sociedades futuras pueden estar prefigurados en instituciones de la (siempre imperfecta) sociedad presente. Nos consta que muchos partidarios de la justicia social igualitarista, muchos de ellos defensores también de una RBU, son conscientes de que se ha dado un paso importante en la buena dirección con la aprobación del IMV. Muchos seguiremos intentando mejorar lo logrado.

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