Ingreso mínimo vital y renta básica

Las sociedades más avanzadas han consolidado un sistema general de garantía de rentas: primero con las pensiones y el subsidio de desempleo; después, con prestaciones asistenciales para cubrir mínimos para personas que no habían cotizado, para prolongar periodos agotados, para colectivos concretos (viudedad, orfandad, discapacidad…); finalmente, como en el caso de España, las rentas mínimas autonómicas (de diversos nombres, cuantía y eficacia), como última garantía de ingresos.

El resultado es muy deficiente. Tenemos en España un sistema de prestaciones complejo, heterogéneo, burocrático y poco eficaz. El retraso medio en la percepción es de 12 meses y no llega al 10% el porcentaje de destinatarios que reciben ayudas.

Las prestaciones vigentes generan un efecto perverso: la trampa de la pobreza. Al ser condicionadas y, normalmente, incompatibles con ingresos, incentivan el rechazo de ofertas de empleo (más si son precarios y mal pagados) y la economía sumergida.

Las prestaciones nacieron ligadas al trabajo asalariado y al pleno empleo. Quedan fuera muchas mujeres (centradas en la economía de cuidados), menores y autónomos (reales o falsos). Y se tambalean cuando el modelo económico es incapaz de generar empleo suficiente.

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Resultan significativos los esfuerzos de cada Consejo de Ministros por extender prestaciones para diversos colectivos que se están quedando fuera del sistema de ayudas. Cada semana debe aprobarse una nueva extensión.

Existe un consenso claro en favor de garantizar una renta mínima para quienes la necesiten. La CE marca como objetivo fundamental “asegurar a todos una digna calidad de vida”; el Pilar Social Europeo recoge el principio de un ingreso mínimo, y en ello coinciden tanto la opinión pública como Davos o el papa Francisco.

La propuesta de que la Seguridad Social asegure un ingreso mínimo vital (IMV) a quien lo necesite no debiera, pues, generar debate sobre su pertinencia. Procede debatir el cómo. Aquí van algunas preguntas.

• ¿Urgente o reflexivo? La paralización económica está generando situaciones muy angustiosas de necesidad. Los subsidios aprobados dejan fuera supuestos no contemplados y, al ser condicionados, generan error de salto: la exclusión de quien supera por poco los límites marcados para tener derecho a las ayudas. Un IMV (mejor si progresivo) es urgente.

• ¿Temporal o permanente? Los defectos del actual sistema aconsejan que el IMV sea permanente. Pero la urgencia es un lastre para una buena regulación. Habrá que revisarlo y redefinirlo en función de la experiencia, absorbiendo y sustituyendo esa maraña de prestaciones (incluidas las que se están habilitando), simplificando el conjunto y ganando en claridad y equidad.

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• ¿Por hogares o por individuos? El cálculo por hogares aporta una mejor aproximación a las necesidades reales. La presencia de menores a cargo o personas dependientes incrementa las necesidades, pero también existen economías de escala. No obstante, es importante que la asignación se reparta de forma individual entre ‘cabezas de familia’; sin perjuicio de facilitar la vida independiente de las personas con discapacidad y la emancipación de los jóvenes. Se respeta de esta forma la igualdad, frente al tradicional monopolio del varón en la pareja convencional y otras concepciones paternalistas.

• ¿Cómo evitar los costes burocráticos excesivos? Un objetivo deseable en cualquier medida, pero más ahora: la burocracia actual es una de las causas de que muchas personas se retraigan, las ayudas no lleguen a quienes lo necesitan o/y lo hagan con enormes retrasos. Ante el aluvión de solicitudes, nada sería más negativo que la demanda inatendida por colapso administrativo. Lo más eficiente sería una renta (básica) incondicionada y automática. A falta de tal opción, debería arbitrarse un sistema de concesión exprés sujeta a posterior comprobación.

• ¿Condicionada o incondicionada? No debe ser incompatible con otros ingresos, para evitar la trampa de la pobreza que generan las prestaciones actuales. Lo fácil, como horizonte, sería entregar a priori una renta automática, incondicionada y universal, e ir recuperando progresivamente vía retenciones del IRPF. Igual, o mejor, resultado, pero gestión más eficiente.

• ¿Desincentivo al empleo? Resulta hiriente echar la culpa del paro a los parados con el 20% de desempleo. Con cifras de IMV como las previstas, es difícil creer que las familias se contentarán con ese ingreso y vivirán subsidiados. En todo caso, si se compatibiliza con ingresos por trabajo, el hipotético desincentivo será siempre inferior que en los subsidios que viene a sustituir.

• ¿Estatal o autonómica? El artículo 41 de la Constitución Española habilita un ingreso mínimo vital, a cargo de la Seguridad Social, que garantice un suelo igual para cualquier ciudadano/a español/a. Pero será imprescindible que se acuerde un sistema complementario con las comunidades autónomas para garantizar una igualdad efectiva en contextos con costes de la vida diferentes, así como la atención a colectivos y necesidades especiales. Ese acuerdo será especialmente relevante en el caso de las comunidades forales, donde más y mejor se han desarrollado los sistemas de rentas mínimas. Además. servicios de empleo, en autonomías y ayuntamientos, deberán complementar el acompañamiento hacia el empleo que corresponda.

• ¿Cómo se financia? Sólo con las figuras que han de absorberse se cubre buena parte del coste del proyecto. Si avanzáramos hacia fórmulas de renta básica, bastaría con revisar el mínimo exento del IRPF, suprimir buena parte de los beneficios fiscales y retocar levemente la tarifa para conseguir la financiación necesaria.

Sin perjuicio de otros muchos debates paralelos (justicia fiscal, pensiones, mercado de trabajo, …) que son igualmente necesarios.

El autor firma el artículo en nombre de La comunidad de efectos económicos y sociales de Díadespués.org 

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