Inmunidad: el ‘partido’ continúa en Europa

El partido de la inmunidad aún no ha terminado. Queda una segunda parte, seguramente más emocionante que la primera. Además, uno de los equipos que ahora va a jugar no es el mismo. El lugar del Congreso de los Diputados lo va ocupar el Parlamento Europeo. Pasaremos así de un partido de la Liga Nacional a uno de la Champions League, diferencia nada irrelevante política y jurídicamente hablando.

El motivo de que esto suceda es, como todo el mundo sabe, la elección como eurodiputado de Oriol Junqueras y también, en buena medida, la de Carles Puigdemont. En ambos casos, puede entrar en juego su inmunidad parlamentaria como eurodiputados y es muy probable también que se produzca la negativa a aceptar este hecho por parte de la Junta Electoral Central (JEC) y el Tribunal Supremo.

Son básicamente dos las cuestiones que suscita la inmunidad de los eurodiputados: el momento en que la misma surte efecto y su ámbito de protección. En el primer caso, la posición de Carles Puigdemont es más compleja que la de Oriol Junqueras, por la diferencia procesal que existe entre ambos. Todo depende de si se considera que la inmunidad produce efectos desde el momento mismo de la proclamación del candidato como diputado electo, o queda pospuesta a un momento posterior. Existe el antecedente de Ruiz Mateos a favor de la primera interpretación, así como la del informe Donnez elaborado en el ámbito del Parlamento Europeo; aunque también es cierto que otro informe reciente encargado por el presidente del Parlamento Europeo sostiene que la inmunidad solo sería operativa, de acuerdo con la normativa europea, a partir del próximo día 2 de julio, que es cuando empieza el mandato del Parlamento electo. 

Ésta no es una cuestión menor porque, según el artículo 224 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (Loreg), se presupone que para el acceso a la condición de diputado europeo es necesario que el candidato realice presencialmente ante la Junta Electoral Central el acto de acatamiento de la Constitución. Si en este momento no hay inmunidad, Carles Puigdemont asumiría un riesgo importante, salvo que intentara utilizar un mecanismo no presencial cuya validez es probable que no considere la JEC.

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El caso de Oriol Junqueras es más sencillo. Su situación procesal le favorece y sería realmente extraño que el Tribunal Supremo no le permitiera cumplir con lo que establece la Loreg, de la misma forma que le permitió acceder al Congreso el pasado martes para adquirir la plena condición de diputado. Todo apunta, por lo tanto, a que Oriol Junqueras reunirá en teoría el día 2 de julio todos los requisitos para ser considerado como eurodiputado a todos los efectos.

Y aquí es donde entramos en el segundo escenario, que no es otro que el de determinar si podrá o no beneficiarse de la inmunidad parlamentaria europea, con las consecuencias que de ello derivarían. Al respecto, hay que precisar que no existe propiamente una inmunidad europea; el Reglamento y el Protocolo por el que se rige el Parlamento Europeo determinan que cuando un diputado se encuentra en el territorio de su Estado, se le aplica la inmunidad que corresponde a los miembros del Parlamento de su país. Si es así, se podría pensar que el tema ya ha quedado resuelto, teniendo en cuenta cómo se ha solucionado esta cuestión la semana pasada por el Tribunal Supremo y la Mesa del Congreso.

Pero el asunto no es tan simple, porque no está claro cómo debe entenderse la remisión que el Protocolo europeo hace al derecho nacional respecto de la inmunidad de los eurodiputados. Es posible especular en el sentido de si esta remisión obedece fundamentalmente al ámbito material de esa inmunidad (aplicable sólo a los procesos penales o también a los civiles; si afecta a todos o sólo a algunos delitos, por citar unos ejemplos) o también a las circunstancias procesales (aplicación a procesos nuevos o anteriores; límites por razón del desarrollo procesal de la causa, por citar también unos ejemplos).

En este sentido, puede ser oportuno recordar que en el ámbito europeo se ha construido una cierta ‘jurisprudencia’ sobre la inmunidad, que la entiende como una garantía esencialmente funcional, lo que relativiza las circunstancias del proceso judicial mientras éste no ha terminado. Por esta razón, no debería extrañar que en algunos de sus informes sobre la suspensión de la inmunidad parlamentaria, la Comisión del Parlamento Europeo que se encarga de ello haya mantenido un criterio flexible en el sentido de que ésta pueda actuar respecto de hechos anteriores a la elección del eurodiputado y durante todas las fases procesales, incluidos los recursos de apelación o casación (informe de 22 de abril de 1999 de la Comisión del Reglamento Verificación de Credenciales e Inmunidades, entre otros).

Sin embargo, no hay que olvidar que la inmunidad debe tener siempre como fin esencial proteger al Parlamento como institución para evitar que un eventual proceso penal no sea utilizado ni se convierta en una forma de alterar la composición o el funcionamiento de la Cámara por una intencionalidad política vinculada al origen de la causa penal. Por este motivo, el Reglamento del Parlamento permite que la inmunidad pueda quedar en suspenso mediante la tramitación de un suplicatorio que, en este caso, debieran solicitar las autoridades españolas. Aunque es difícil que esto llegue a ocurrir porque, como decíamos antes, todo hace pensar que ni el Tribunal Supremo ni la Junta Electoral aceptarán que exista inmunidad en este caso, de acuerdo con la doctrina establecida en el auto del Tribunal Supremo del pasado 14 de mayo y el precedente que supone la aplicación (muy discutible) por la Mesa del Congreso de la suspensión de los cargos públicos en virtud del artículo 384 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim).

Pero si este escenario se confirmara, el partido aún no habría terminado, porque el artículo 7 del Reglamento del Parlamento Europeo otorga a los diputados el derecho de amparo cuando consideren que se les ha vulnerado o se les está a punto de vulnerar su inmunidad. Y también porque el artículo 8 del mismo Reglamento permite incluso solicitar al presidente del Parlamento Europeo un amparo extraordinario cuando vean restringida su libertad de movimiento en vulneración manifiesta de sus privilegios e inmunidades. 

El partido está abierto y cada equipo va a utilizar sus estrategias. Pero como decíamos al principio, en este caso la segunda parte va a jugarse en campo neutral.

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