Integración constitucional e ilegalización de partidos

El profesor García Pelayo escribía que la primera de las funciones de la Constitución es la integración nacional; partiendo, eso sí, del reconocimiento y estimación del pluralismo de la sociedad. Y para lograr la integración de ese pluralismo en una unidad política destacaba que la Constitución declara unos principios y valores, así como unos derechos y libertades fundamentales; y establece unas normas y procedimientos, y unas instituciones, que canalizan el pluralismo hasta transformarlo en la voluntad unificada del Estado.

Así las cosas, la Carta Magna ha de ser esa norma fundamental que sirve de encuentro en una comunidad política, por encima de las tendencias políticas y sus litigios. En palabras del Tribunal Constitucional, «la Constitución es un marco de coincidencias suficientemente amplio como para que dentro de él quepan opciones políticas de muy diferente signo» (sentencia 11/1981, de 8 de abril, Fundamento Jurídico 7).

En este sentido, la norma fundamental de 1978 logró romper con las constituciones ‘de partido’, vinculadas a un signo político concreto, que habían caracterizado nuestra historia constitucional, para erigirse como una Constitución de consenso. Un consenso que tuvo costes y exigió importantes renuncias a las distintas fuerzas políticas que participaron en su elaboración, pero que gracias a ello tuvo la gran virtud de ser de todos y de nadie. Su apertura ha permitido que los distintos partidos que han accedido al Gobierno –o han aspirado a ello– se hayan sentido cómodos con la misma, al menos con sus pilares fundamentales y sin perjuicio de las reformas concretas por las que muchos postulamos. En definitiva, una Constitución que durante sus 40 años de vida ha garantizado un marco jurídico estable para la convivencia pacífica en democracia.

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Tuvo, es verdad, un abominable enemigo: el terrorismo de ETA. De hecho, para enfrentarse al mismo hubo que poner coto al pluralismo político que la propia Constitución proclama como un valor superior para evitar que éste fuera usado de coartada por ciertos partidos al servicio de la banda terrorista. Así, en el año 2002 se aprobó la Ley Orgánica de Partidos Políticos, que permitía su ilegalización en unos supuestos muy concretos: vulnerar «sistemáticamente las libertades y derechos fundamentales»; fomentar o legitimar la violencia como método para la consecución de objetivos políticos o para menoscabar la democracia; y apoyar políticamente la acción de organizaciones terroristas.

Esta ley fue usada para ilegalizar a Batasuna y sus secuelas, y su constitucionalidad fue confirmada tanto por el Tribunal Constitucional como por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. También por su vinculación al terrorismo, en 2006, al concluir que actuaba como brazo político de los Grapo, la Audiencia Nacional acordó en sede penal la disolución del Partido Comunista de España (reconstituido), aunque nunca estuvo registrado como tal ni concurrió a elecciones.

De esta manera quedaban trazados los perfiles de lo constitucionalmente tolerable: «Cualquier proyecto es compatible con la Constitución, siempre y cuando no se defienda a través de una actividad que vulnere los principios democráticos o los derechos fundamentales» (sentencia 48/2003, de 12 de marzo, Fundamento Jurídico 7).

Además, el Tribunal Constitucional ha enfatizado que nuestra democracia no es militante y la Constitución, «a diferencia de la francesa o la alemana, no excluye de la posibilidad de reforma ninguno de sus preceptos ni somete el poder de revisión constitucional a más límites expresos que los estrictamente formales y de procedimiento» (ibídem).

El Tribunal Europeo, por su parte, ha reconocido que pueden promoverse cambios radicales en las estructuras legales y constitucionales de un Estado siempre y cuando los medios utilizados sean legales y democráticos, y el cambio propuesto en sí mismo sea compatible con los principios democráticos fundamentales; habiendo admitido la ilegalización de partidos cuando éstos incitaran a la violencia o propugnaran proyectos políticos que no respetan las normas básicas de la democracia, creando un riesgo para la misma.

Pues bien, debe preocuparnos la ligereza con la que en los últimos tiempos algunos líderes políticos recurren a la idea de ilegalizar a sus adversarios. En particular, el Partido Popular y Vox han propuesto abiertamente la conveniencia de ilegalizar a los partidos separatistas. Pero también ha habido grupos que han promovido iniciativas para ilegalizar a Vox por defender «ideas antidemocráticas».

En relación con los primeros –los partidos que han sostenido la insurgencia en Cataluña–, es cierto que han quebrantado la Constitución y algunos de sus representantes están siendo enjuiciados por ello, pero como partidos en sí no parece que encajen en los supuestos previstos para su ilegalización –ni han violado sistemáticamente derechos fundamentales, ni han legitimado la violencia, ni han apoyado a grupo terrorista alguno–, y también dudo de que les sea aplicable la consideración como asociaciones ilícitas de acuerdo con el artículo 515 de nuestro Código Penal (sobre estas cuestiones, pueden verse los análisis de Miguel Presno Linera –ver aquí– y de Lucía Gomá Garcés –ver aquí–).

Asimismo, por mucho que algunas medidas propuestas por Vox puedan resultar hoy día inconstitucionales, y aun cuando se considerara que éstas contradicen los postulados mínimos de cualquier Estado democrático, su defensa en abstracto como puras ideas programáticas no puede ser proscrita en una democracia plural. Como se acaba de decir, sólo cuando esta defensa se acompañara de actos que violaran principios democráticos y concretos derechos –como podría ser instigar al odio o a la violencia contra determinados grupos– podría entonces instarse su ilegalización. Pretender ir más allá, adelantando la protección de nuestras democracias silenciando a quienes se consideran sus enemigos, termina por ser el suicidio del pluralismo democrático.

Aunque más sutil, también supone un menoscabo del ideal de integración de la pluralidad al que aspira nuestra Carta Magna ver cómo en el lenguaje político actual se ha extendido la dialéctica amigos-enemigos de la Constitución: en unos casos se habla de partidos «constitucionalistas» como algo positivo para referirse a aquéllos que postulan la unidad de España frente a los insurgentes catalanes, y en ocasiones para contraponerse ante partidos «populistas» de izquierdas o derechas. En otros casos, particularmente Podemos ha acuñado la expresión los partidos «del régimen del 78», ahora con sentido despectivo, con el objeto de distinguirse de los partidos «fieles» a la Constitución. Hay para quienes el ser constitucionalista es algo positivo, mientras que para otros esta fidelidad es motivo de crítica.

En cualquier caso, observamos cómo progresivamente la Constitución va siendo patrimonio sólo de ‘algunos’, dejando así de ser la casa común. Sin trazar equidistancias, es preocupante que haya quien pretenda patrimonializarla, y más aún que otros quieran derrocarla, incluso recurriendo a medios fuera de la legalidad. En una situación así, debemos defender la Constitución. Ahora bien, no todo vale en esa defensa y, en particular, pretender proteger la democracia sacrificando su pluralismo es un contrasentido, como ya se ha dicho.

De esta guisa, en la situación política actual no parece que sea constitucionalmente viable pretender la ilegalización de ninguno de los partidos con representación política. Y tampoco parece que una reforma legal o constitucional que tuviera este objeto fuera compatible con la doctrina de Estrasburgo. Aún más, este tipo de terapias sólo empeoraría el panorama actual. En mi opinión, lo que debieran hacer aquellas fuerzas que se sienten fieles a la Constitución es esforzarse para que ésta siga siendo ese lugar de encuentro en lo fundamental a través de la revitalización de sus vías de integración: alejando las instituciones de la colonización partidista y regenerando nuestra democracia, ocupándose de la mejor garantía de los derechos de todos los ciudadanos, y, en definitiva, dando vida a los principios y valores constitucionales.

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