La agenda del buen gobierno en tiempos disruptivos

Aliada con la globalización, la revolución tecnológica está cambiando el mundo que conocíamos. “No sé a dónde voy, pero si me paro a pensarlo me adelantan”, decía hace poco el personaje de una viñeta de El Roto. Nunca, en la historia de la humanidad, se produjeron avances científicos y transformaciones económicas y sociales de tal profundidad y a un ritmo tan acelerado. Las mutaciones se extienden a todas las esferas de la actividad humana y a todos los sectores económicos; afectan al comportamiento de los individuos, las organizaciones y los grupos sociales y, como no podía ser de otro modo, van a impactar sobre el rol del Estado, sus instituciones y sus modos de hacer.

Al hablar de nuestro tiempo, una primera constatación se hace obligada: el mundo no había sido nunca tan próspero y pacífico, tan capaz de crear increíbles avances y hacerlos disponibles para las personas. Dos libros recientes, de Steven Pinker y Hans Rosling, muestran evidencias de mejora en una abrumadora mayoría de los indicadores de desarrollo humano, desde la esperanza de vida a la seguridad, pasando por la reducción de la pobreza, la paz o la democracia. Y sobre esas bases de progreso, la aceleración exponencial del cambio tecnológico abre, además, avenidas de prosperidad y bienestar inimaginables hasta hace bien poco. Para los sistemas públicos de este tiempo, liderar la innovación necesaria para recorrerlas es una tarea irrenunciable.

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Pero la disrupción tecnológica tiene también un lado oscuro. Crea esas inmensas oportunidades, pero al precio de una gran incertidumbre, se produce en un contexto de emergencia medioambiental grave, heredada del deterioro acumulado durante siglos de industrialización, y hace aflorar nuevos riesgos, costes, problemas y colectivos de perdedores que reclaman la atención de los poderes públicos. Las áreas de esa vulnerabilidad sobrevenida ocupan amplio espacio en el debate público más reciente. Resumimos, sin pretender ser exhaustivos, algunas de las que son más imputables a los cambios tecnológicos de los últimos años.

  • Apoyado en la instantaneidad de las interacciones digitales a escala global y los avances del fintech, los flujos de capital financiero sortean las regulaciones y se hacen opacos a las instituciones supervisoras. Según el Consejo Europeo de Riesgo Sistémico, la llamada ‘banca en la sombra’ representaba ya en 2018 un 40% del sistema financiero en la Unión Europea. La Gran Recesión mostró los peligros de este déficit de supervisión pública de las transacciones financieras.
  • La revolución tecnológica, apoyada en la globalización, ha creado fuertes tendencias a la concentración empresarial. Los nuevos conglomerados tecnológicos aprovechan las externalidades de red para crear monopolios, investidos de un gigantesco poder de mercado. Las amenazas a la libre competencia son mayores que las de cualquier período histórico anterior y se benefician de la debilidad de las instituciones de gobernanza global y los poderes regulatorios supraestatales.
  • El desarrollo exponencial de la inteligencia artificial y la robótica amenazan con dejar sin empleo a grandes contingentes de trabajadores en todo el mundo. La OCDE calcula que un 9% de los empleos de los países miembros corren un alto riesgo de ser automatizados, y que un 25% verán radicalmente transformadas sus tareas.
  • El manejo de la ingente cantidad de datos que la tecnología ha vuelto disponibles abre paso a lo que, en su último informe sobre riesgos globales, el World Economic Forum llama “vulnerabilidades tecnológicas”: riesgos de pérdidas de privacidad, brechas de seguridad, ciberataques, robos de identidades digitales y filtraciones masivas de datos.
  • La “revolución de la plataforma” (en expresión de Geoffrey Parker) ha venido a desregular procesos de mercado y dinamitar la organización productiva de sectores de actividad completos (piénsese, por ejemplo, en el de la movilidad urbana), creando la necesidad de rediseñar las bases regulatorias y ordenar los costosos procesos de transición a la competencia que serán necesarios para minimizar los conflictos sociales.
  • La desigualdad corre el riesgo de agravarse a consecuencia de la disrupción tecnológica. Nunca hubo un tiempo mejor –escriben Brynjolfsson y McAffee en ‘La segunda era de las máquinas’– para los trabajadores más cualificados y nunca lo hubo peor para los demás. Autores como Branko Milanovic han destacado los riesgos de que esta brecha cognitiva se vuelva resistente a los mecanismos de redistribución a través del sistema fiscal, utilizados tradicionalmente por los gobiernos para corregirla.
  • La enorme prolongación de la esperanza de vida, alimentada por el progreso científico-técnico, se une al descenso de la natalidad que acompaña al desarrollo, para crear tendencias demográficas que amenazan la sostenibilidad de los sistemas de previsión social. El envejecimiento de la población dispara, junto a otros factores, el gasto sanitario y reduce la capacidad de los sistemas de salud para mantener las prestaciones.
  • El primer Nobel de Economía, Jan Tinbergen, explicaba la desigualdad como el resultado de la carrera entre tecnología y educación. El tsunami tecnológico agrava los desajustes en este combustible básico del ascensor social. Aumenta el riesgo de discordancia entre los perfiles profesionales demandados en cada momento por la economía y las empresas, y las capacidades para producirlos de instituciones educativas con tradiciones propias de entornos más estables. Estos desajustes se añaden a la crisis de los sistemas educativos, extendida a muchos países y constatable en los indicadores comparados.
  • Las grandes ciudades, cuya expansión y crecimiento serán, en este siglo, un fenómeno planetario, son viveros de innovación y nodos centrales en las redes de la economía global. Pero, a la vez, son víctimas de fenómenos negativos asociados a los cambios, como la carestía del acceso a la vivienda para los jóvenes, la expulsión de residentes de los centros urbanos, la congestión de la movilidad, la aparición de zonas degradadas, inmigración ilegal, economía informal, deterioro del espacio urbano y la convivencia por la presión del turismo masivo, etcétera.

Esta lista incompleta de amenazas y retos colectivos tiene un denominador común: son problemas complejos que aparecen como secuelas del progreso económico, social y tecnológico, para los que el conocimiento científico-técnico no ha producido respuestas protocolizadas y disponibles. No pueden abordarse implementando políticas públicas, planes de contingencia, regulaciones y procedimientos previamente conocidos. Las soluciones están por construir, y el proceso de hacerlo está afectado por numerosas áreas de incertidumbre, dilemas, conflictos de interés, choques de tradiciones y controversias de valores. Sólo la experimentación y la búsqueda de evidencias puede permitir esa ruta de transformación. Construir modelos de gobernanza que hagan viable ese rumbo constituye un desafío de gran envergadura; difícil, pero insoslayable.

La Agenda 2030 de Naciones Unidas ilustra esta realidad social paradójica que obliga a las sociedades a afrontar simultáneamente los retos de progresar y de proteger, y que les exige articular para ello complejos procesos de innovación social. El objetivo es doble: por una parte, aprovechar las enormes oportunidades disponibles de crecimiento y prosperidad; y, por otra, preservar a la ciudadanía de las amenazas derivadas de esos mismos escenarios de cambio e intentar convertir el futuro en algo más previsible y gobernable. Entrar decididamente en la cancha de la innovación y jugar al mismo tiempo a la defensa y al ataque, tal es el reto que tendrá que afrontar, partido a partido, la gobernanza pública de la era exponencial.

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