La batalla por el relato en Panamá

El relato es uno de los recursos de poder con los que cuentan los actores políticos para mantener su autonomía, sobrevivir o crecer. En épocas de crisis, el uso de este recurso es vital para conservar intereses, toda vez que esas situaciones tienen un gran potencial de modificación en la correlación de fuerzas en la comunidad política. En medio de coyunturas confusas y repletas de incertidumbres, el actor que consiga que la sociedad comparta su explicación de la crisis, es decir, la definición de las causas –incluyendo a los culpables– y las posibles soluciones, estará mejor posicionado para conducir la salida y hegemonizar la nueva situación post-crisis.

Ningún país escapa a esta dinámica. En algunos, donde las instituciones políticas son fuertes y claramente identificables, los partidos políticos, por ejemplo, agregan diversos intereses y devuelven a la sociedad unos cuantos relatos dominantes y claramente reconocibles. No es el caso de Panamá, donde las instituciones de la democracia cada vez generan menos confianza en la ciudadanía y, por lo tanto, son otros actores sociales, devenidos en actores políticos, los que directamente salen a proponer y defender sus versiones de los hechos.

Contrario al relato interesadamente instalado, la sociedad panameña, aun sin polarización, es una de las más ideologizadas de América Latina, como lo demuestran los datos del Barómetro de las Américas. Las discusiones suelen ser altamente ideológicas, aunque en muchas ocasiones se sustenten con argumentos técnicos. En ese sentido, la pandemia de la Covid-19 ha sido un momento pletórico de situaciones en las que distintos actores han necesitado salir a explicar la coyuntura y proponer soluciones para posicionarse en el Panamá post-pandemia. Quizás las disputas más relevantes por la importancia de los actores y lo abarcador de sus narraciones han enfrentado, por un lado, a los relatos religiosos con los cientificistas y, por otro, a las narrativas librecambistas con las estatistas.

La ‘ira de dios’ vs la ‘ira de los científicos’

El 9 de marzo, el Ministerio de Salud comunicó formalmente que había detectado el primer caso de coronavirus en Panamá. Sin embargo, tres semanas antes el pastor evangélico Edwin Álvarez aseguró que el virus ya se encontraba en el país y clamó públicamente que los carnavales debían ser suspendidos “antes que el juicio de dios caiga” y que “la gente se contagie y se llenen los hospitales”.

Según Nevache, gracias a su capacidad de bloquear y promover políticas públicas, basada en masivas movilizaciones de calle y cohesión discursiva, desde julio del 2016 las iglesias evangélicas y su feligresía se han convertido en uno de los actores políticos más importantes de Panamá. El proyecto político evangélico ha generado desde su irrupción el rechazo de influyentes corrientes de opinión de capas medias cientificistas y laicistas. En esta ocasión, se publicó que no había justificación científica para cancelar los carnavales, “pese a las voces apocalípticas de amargados sociales y predicadores evangélicos que vaticinan estragos sanitarios”.

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La versión religiosa de la pandemia quedó neutralizada cuando la cara más reconocible del cientificismo laico panameño, Xavier Sáenz-Llorens, se convirtió en asesor protagónico y portavoz oficioso más confiable de la gestión gubernamental de la pandemia. El infectólogo fustigó desde su posición a los líderes religiosos, llamándoles “esquizofrénicos” en la televisión nacional por decir que sus recomendaciones surgían de diálogos con dios. El presidente de la República, Laurentino Cortizo, resumió bien la ambigüedad de la sociedad panameña y definió, al menos momentáneamente, el ganador de la disputa al declarar en televisión internacional que “en su bolsillo derecho llevaba un rosario y un escapulario, pero que las decisiones (sobre la pandemia) se habían tomado respetando la evidencia científica”.

Aunque luego el Ministerio de Salud reconoció que desde antes de los carnavales había personas infectadas en el país, no se fortaleció el relato religioso sobre la mejor manera de afrontar la pandemia. Puede haber dos razones, quizás excluyentes: los cultos han sido suspendidos y, por lo tanto, los líderes religiosos han perdido momentáneamente el contacto con su feligresía; esto es especialmente sensible para los pastores evangélicos, que mantienen una intensa labor social comunitaria. Por otro lado, algunos de los líderes religiosos más visibles han incumplido la recomendación del confinamiento, recorriendo la ciudad aéreamente o en automóvil durante la Semana Santa o saliendo a soplar un shofar para llevar su mensaje de fe en tiempos de pandemia. Este incumplimiento podría haber sido mal juzgado por la ciudadanía.

Según la encuesta Impacto del coronavirus sobre la conducta y la opinión pública del Centro de Internacional de Estudios Políticos y Sociales (Cieps), el segundo actor peor valorado durante la pandemia ha sido los líderes religiosos, con apenas un 37,3% de personas que calificaron su actuación como buena o muy buena. Por su parte, el relato científico parece haber ganado mucho terreno en la sociedad panameña. Así podría indicarlo que el principal instituto de Ciencias de la Salud del país sea el tercer actor mejor valorado, con un 76,4%, y que la investigación científica haya dado un enorme salto en las prioridades de inversión pública de la ciudadanía al ubicarse en el tercer lugar, con un 74%, detrás de la salud y la educación.

Estado vs mercado: la derrota de dos relatos

En general, las elites panameñas promueven activamente el mercado (y la consiguiente retirada del Estado) como herramienta para la asignación de recursos. De esta forma, la inevitable intervención estatal durante la pandemia para preservar la seguridad nacional y la vida de las personas removió, aunque fuera un poco, las justificaciones discursivas de la absoluta superioridad del mercado sobre el Estado. Distinta a la batalla entre religión y ciencia, esta disputa no giró en torno a los asuntos sanitarios, sino de las estrategias para el alivio de las consecuencias socioeconómicas inmediatas y la eventual reactivación.

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Los más conspicuos defensores de la intervención estatal sacaron pecho como nunca antes en redes sociales y en varios de los innumerables webinars celebrados durante el confinamiento, pero tuvieron muy poco espacio en los principales medios de comunicación. Sin embargo, la disputa central por el relato y las soluciones concretas a las dificultades sociales y económicas la protagonizaron la Asamblea Nacional, que promovió la intervención estatal en la relación entre los bancos y la ciudadanía, y los representantes de los gremios empresariales, apoyados por algunos de sus expertos acostumbrados, que fueron consultados repetidamente por los medios de comunicación más influyentes.

El 16 de marzo fue presentado en la Asamblea Nacional el anteproyecto “que establece medidas económicas y financieras para contrarrestar los efectos del coronavirus”. Las medidas propuestas coincidían con las planteadas días antes por el presidente de la República: suspender por 90 días prorrogables las obligaciones tributarias y financieras de los particulares con instituciones públicas y privadas, escuelas privadas y proveedores de energía eléctrica, telefonía y agua.

El anteproyecto de ley fue descalificado constantemente como populista. La versión dominante en los medios de comunicación, vertida por los expertos, fue que “el Estado no tiene la facultad de intervención entre dos partes para decirles que se tienen que poner de acuerdo o no en la condonación de deudas”; y que, al ser entes “racionales”, estaba en el mejor interés de los bancos resolver voluntariamente, caso por caso, los problemas de sus deudores. Ciertamente, aunque es incorrecto que una política social sea automáticamente populista, la sustentación política de la propuesta sí lo fue narrativamente, al argumentar que la avaricia de los bancos locales e internacionales era el origen de todas las penurias vividas por el pueblo panameño durante la pandemia.

Públicamente, un día después de la presentación del anteproyecto la Superintendencia de Bancos de Panamá, un organismo público, limitó su rol a “darle herramientas a los bancos para que, esperando que estén a la altura de las circunstancias, puedan apoyar a los panameños y a las panameñas y a las empresas”. En la primera semana de abril, el presidente de la patronal más importante del país polarizó aún más el debate al declarar, refiriéndose a la ley de moratoria, que “de nada serviría tener una población 100% sana si el país queda en bancarrota”.

Independientemente de las explicaciones técnicas, parece que la ciudadanía panameña esperaba más de los bancos. En encuesta de octubre del 2019 del Cieps, antes de la pandemia, los bancos panameños fueron el segundo actor con mejor imagen del país, con un 76,3% de opiniones positivas. Cuatro meses después, en medio de la pandemia, según la encuesta en línea del Cieps, los bancos han caído al octavo lugar, con un 46,1%. Sin embargo, la institución que promovía la intervención del Estado, la Asamblea Nacional, tampoco ha salido favorecida por los encuestados, ya que en marzo fue el actor peor valorado de todos, con un 14,9%.

Gracias a la intervención del presidente de la República, que es hasta el momento una de las instituciones estatales bien valoradas por la opinión pública, los bancos mantuvieron su autonomía, que es uno de los objetivos de los actores. No obstante, visto desde el relato, la victoria narrativa de los bancos ha sido más bien pírrica, toda vez que en la opinión pública han perdido ambas partes en disputa.

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