La brecha de género en Nicaragua: entre los ‘rankings’ y la realidad

Por tercer año consecutivo, Nicaragua se ha ubicado en el quinto puesto mundial del Informe sobre la Brecha Global de Género del Foro Económico Mundial, justo debajo de Islandia, Noruega, Finlandia y Suecia, y por delante de Nueva Zelanda, Irlanda, España y Alemania. Ruanda, que ocupó el noveno puesto, fue el otro país en desarrollo que ha alcanzado las primeras 10 posiciones en el estudio de 2020. Se trata de una evolución impresionante para Nicaragua, que ocupó el puesto 90º en la evaluación de 2007. Pero, más allá del ranking, la situación de las mujeres y las relaciones de género en este país son de lejos mucho más complejas.

Desde 2006, el Índice de la Brecha Global de Género ha hecho un seguimiento de la reducción de las brechas en cuatro dimensiones: oportunidades y participación económica, acceso a la educación, salud y supervivencia y empoderamiento político. El índice está diseñado para medir las posiciones de las mujeres en relación con los hombres del mismo país, no para comparar la situación de las mujeres en diferentes países. En este sentido, pese a lo que se pueda deducir de los rankings, no es posible asegurar que la condición de las nicaragüenses es mejor o está a la par que las de otros países que se encuentran en las primeras 10 posiciones. Titulares como Nicaragua ocupa la quinta posición de igualdad de género en el mundo o Nicaragua, la increíble campeona del mundo en igualdad de género sugieren algo muy distinto.

Este país, el segundo más pobre en el hemisferio occidental, irrumpió en el top 10 del Índice en el año 2012, en parte gracias a los programas sociales y las políticas implementadas por la Administración de Daniel Ortega. La eliminación de los gastos de matrículas escolares y la implantación de programas alimentarios ayudaron a incrementar las inscripciones en la escuela primaria. Una campaña de alfabetización desarrollada en 2007 permitió el aumento de la tasa de alfabetización en aproximadamente seis puntos. En 2020, Nicaragua quedó empatada con varios países en el primer lugar del subíndice sobre el acceso a la educación, que mide la proporción de mujeres y hombres que se inscriben en la escuela y la tasa de alfabetización por sexo. Pese a que se matriculan más niñas que niños en la escuela primaria, muchas menos siguen en la secundaria. De hecho, las matriculaciones en esta última para ambos sexos (que, de acuerdo con el informe, es de 52% para los niños y 44% para las niñas) fueron más bajas que la media regional.

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Nicaragua también empató en el primer lugar con otros países en el subíndice de salud y supervivencia, que mide la esperanza de vida y la proporción de nacimientos por sexo. Estos datos pueden ofrecer alguna información sobre la igualdad de género en esos indicadores concretos, pero no muestran el panorama completo sobre los verdaderos retos de salud y supervivencia que afrontan las nicaragüenses. Este país, por ejemplo, tiene altos niveles de violencia de género: la mitad de las mujeres de Nicaragua han experimentado este tipo de violencia en algún momento de su vida.

De acuerdo con el Fondo de Población de las Naciones Unidas, Nicaragua tiene la segunda tasa más alta de embarazos adolescentes de América Latina. Casi 30% de las mujeres dan a luz antes de cumplir 18 años, y la mitad de ellas son niñas con edades que van de los 10 a los 14. Muchos de estos embarazos son el resultado de agresiones sexuales. De hecho, más de 80% de las víctimas de violencia sexual en Nicaragua tienen 16 años o menos. Las mujeres y las niñas carecen de libertad para tomar decisiones sobre su salud reproductiva. El aborto, que anteriormente era legal para determinados casos en que estaba en riesgo la vida de la gestante, se declaró ilegal en noviembre de 2006. Si bien la tasa de mortalidad materna se redujo en los últimos años, aún es elevada. De acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud (OPS), el 20% de las muertes por maternidad corresponden a madres adolescentes.

Este país, además, se ubicó en el tercer puesto en el subíndice de empoderamiento político, que mide la cantidad de mujeres en el Parlamento y en posiciones ministeriales, y el número de años con jefas de Estado en las últimas cinco décadas. La Vicepresidencia de Nicaragua y más de la mitad del Gabinete, incluyendo posiciones ocupadas tradicionalmente por hombres (como el Ministerio de la Defensa), son dirigidas por mujeres. Gracias a una ley electoral sobre cuotas de género que se aprobó en 2012, el 45% de los puestos en la legislatura y el 42,5% de las alcaldías están a cargo de mujeres. En 2008, el porcentaje de alcaldesas era sólo del 8,6%.

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Sin duda, éstos son avances importantes en el incremento de la representación de las mujeres en la política. ¿Pero eso se ha traducido en políticas públicas para mejorar la vida de las mujeres? Es cierto que en los últimos años se han implementado programas sociales dirigidos a esta parte de la población, como Usura Cero (microfinanzas) o Hambre Cero, pero hay problemas estructurales más profundos que obstaculizan la igualdad de género.

A medida que la representación política de las mujeres se ha ido expandiendo, parece que existe poca voluntad política para corregir las normas que se basan en las diferencias de género y que están profundamente arraigadas. En 2012, se promocionó la Ley contra la Violencia hacia las Mujeres, conocida como Ley 779, como un instrumento que permitiría un cambio radical contra este problema. La ley no sólo reconoció el feminicidio como un crimen, sino que también consideró las relaciones desiguales de poder entre mujeres y hombres, e incluyó la violencia económica y psicológica en su definición de violencia de género. Debido a la presión de los líderes religiosos, los tribunales anularon algunas disposiciones de la ley.

Otras disposiciones claves no contaron con el presupuesto para su ejecución. Dos años después, un decreto presidencial debilitó lo establecido en la ley: se dio prioridad a la unidad familiar antes que a los derechos de las mujeres. En 2016, se ordenó el cierre de las comisarías sólo para mujeres, que estaban a cargo de investigar la violencia contra ellas.

Las diferencias de género también persisten en el sector económico. Pese a que en 2010 se aprobó una ley para financiar la compra de tierras para mujeres del sector rural, la propiedad de la tierra se concentra aún especialmente en manos de los hombres. Tal como ocurrió con la Ley 779 y las comisarías, el fondo de tierras no recibió la financiación suficiente.

Por otro lado, la brecha económica entre hombres y mujeres nicaragüenses es la más alta de América Central. No sólo ganan mucho menos que ellos, sino que siguen segregadas en el mercado laboral. Por estas razones, Nicaragua ocupa el puesto 81º en el subíndice de oportunidades y participación económica.

Los datos pueden ser realmente útiles para entender el progreso y los retos para alcanzar la igualdad de género, pero es muy difícil contar la historia completa si sólo se consideran algunos indicadores. Los índices de la Brecha Global de Género del Foro Económico Mundial ofrecen una falsa imagen de progreso en muchos países, entre ellos Nicaragua. Estas diferencias entre el ranking y la realidad ocultan las verdaderas dificultades que afrontan las mujeres en países como Nicaragua, donde persisten la discriminación estructural y la violencia de género.

(Lea aquí la versión original en inglés)

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